Palestina
El dinero no compra la paz

En 2018, Estados Unidos cortó toda financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA). A finales de año, el organismo internacional y la Autoridad Palestina hacían un llamamiento para recaudar fondos y garantizar que la población palestina pudiera continuar recibiendo ayuda humanitaria este año. Apenas seis meses después la administración Trump ha presentado en Bahréin un plan de desarrollo económico para Gaza y Cisjordania, que sentará, según ellos, las bases para una futura paz. Eso sí, de momento EE UU no prevé ningún desembolso económico para apoyar su idea.

El llamado por Trump “Acuerdo del siglo”, fue presentado hace menos de un mes, con más platillo que bombo, en Bahréin, durante una conferencia a la que no fueron invitados ni palestinos, ni israelíes y que impulsó el yerno de Trump, Jared Kushner, convertido en asesor de la Casa Blanca. Desde entonces, la propuesta, centrada únicamente en un plan de desarrollo económico para la región que asciende a 50 billones de dólares, ha sido criticada tanto por organizaciones internacionales como Naciones Unidas o el FMI, como por la propia Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Hamas. Para todos ellos, este “acuerdo del siglo” adolece de una mínima visión política que garantice un cierto éxito: EE UU ha ignorado por completo la solución de consenso internacional que ampara dos estados, y que requiere del reconocimiento de una completa soberanía palestina.

Cuestiones fundamentales como la ocupación Israelí o el derecho de retorno para la población refugiada y sus descendientes simplemente han sido obviadas

Apenas unos días después, Riyad Mansour, observador permanente de Palestina ante Naciones Unidas, declaró en rueda de prensa en Ginebra que el proceso de paz corre el riesgo de una “ruptura masiva” debido a los “regalos” que Estados Unidos está concediendo a Israel, entre ellos “dejar la cuestión de los refugiados fuera de la mesa” y “aceptar la anexión de los altos del Golán”, que Trump firmó el pasado mes de marzo. Con estas condiciones, difícilmente se puede considerar a Estados Unidos como mediador, y Palestina reclama un proceso colectivo bajo el paraguas de la ONU que ofrezca la posibilidad de implementar un de verdad un proceso de paz entre palestinos e israelíes.

Así, cuestiones fundamentales como la ocupación Israelí o el derecho de retorno para la población refugiada y sus descendientes —se estima que hay cinco millones de personas viviendo en campos de refugiados en países vecinos— simplemente han sido obviadas. Tampoco deja de ser incongruente que el plan de Estados Unidos se base en el desarrollo económico, como prerrequisito para alcanzar la paz cuando, según el Banco Mundial, las restricciones militares israelíes a la agricultura y a los negocios reducen la economía palestina en un 35%; y unos 2,5 millones de palestinos y palestinas, aproximadamente la mitad de la población, necesitan asistencia humanitaria, tal como recoge el Resumen de necesidades humanitarias de 2019 (HNO).

El documento Paz para la prosperidad, incluye ambiciosos objetivos como duplicar el PBI, crear un millón de empleos o reforzar la regulación para favorecer los negocios. De nuevo, la formulación de todos esos objetivos olvida que la ayuda internacional, en todas sus variantes, representó en 2017 aproximadamente un 30% del PBI de Gaza y Cisjordania. De hecho, los fondos provenientes de países occidentales representan la mayor parte de los más de 36,2 billones de dólares invertidos en la asistencia para el desarrollo de Palestina entre 1993 y 2017 bajo el paraguas de Oslo. Una ayuda, que a ojos de muchos especialistas no ha tenido la efectividad necesaria.

Se estima que el 72% del dinero procedente de la ayuda internacional a Palestina termina en la economía israelí

De hecho, según Aid Watch el dominio de economía palestina por parte de Israel es evidente, hasta el punto de que se estima que el 72% del dinero procedente de la ayuda termina en la economía israelí; y un informe del Instituto para Estudios Palestinos muestra que la fuerza de trabajo de la población palestina contribuye más a la economía israelí que a la Palestina. ¿Cuál es el cambio de paradigma de este nuevo plan entonces?

Sin dar respuesta a la cuestión de porqué este plan económico podría funcionar, el proyecto establece también reducir drásticamente las cifras de desempleo y pobreza creando un entorno para el crecimiento y la inversión, abriendo Gaza y Cisjordania y construyendo infraestructuras como carreteras o una línea de ferrocarril. ¿Cómo se materializaría esto sin abordar las restricciones de movimientos de la población palestina? ¿De qué infraestructuras hablamos cuando los palestinos no pueden siquiera utilizar autopista número 1 que une Tel Aviv con Jerusalén?

Por supuesto, además de la economía, a lo largo de las 40 páginas también se hace referencia a cuestiones como mejorar la educación o la salud de las personas. En el ámbito educativo “este proyecto permitirá a las escuelas expandir sus infraestructuras y contratar nuevos profesores” ¿Cómo será posible cuando el acceso a una educación segura está continuamente en riesgo debido a enfrentamientos con las fuerzas armadas israelíes, demoliciones u amenazas de demolición, checkpoints, etc? Según un estudio de American Near East Refugee Aid (Anera), en 2013 había 2.784 escuelas en Palestina. De ellas, más del 40% estaban gestionadas por ONG u organizaciones como UNRWA, a la que Trump decidió retirarle los fondos en 2018.

La cuestión de género ni siquiera se menciona, salvo para hablar de cómo incorporar a las mujeres al mercado laboral

Respecto a la sanidad, ocurre algo parecido, el 18% del gasto en salud es cubierto por organizaciones sin ánimo de lucro y el 41% sale de los bolsillos de la propia población. La situación en Gaza es incluso peor debido a la inestabilidad, el empeoramiento de las condiciones de vida, las restricciones de movimientos, etc. La población afectada se ve obligada a esperar durante meses para acceder al tratamiento y la incidencia de cuestiones como la discapacidad, la atención psicológica o las enfermedades mentales se está incrementando. Mientras se habla de la necesidad de dar “soporte técnico por parte de personal experto del sector privado”, no aparece ni una palabra sobre cómo abordar los motivos por los que la sanidad palestina se encuentra en condiciones tan críticas.

La cuestión de género ni siquiera se menciona, salvo para hablar de cómo incorporar a las mujeres al mercado laboral. A pesar de no aparecer en el papel, las mujeres palestinas sufren violencia, discriminación y opresión que afecta a su participación en la vida pública, la toma de decisiones en el ámbito privado y limita enormemente la realización de sus derechos.

La violencia de género es un problema arraigado socioculturalmente que se ve exacerbado por la huella del conflicto. Actualmente, la participación de las mujeres en la economía formal es muy baja, un 19,1% comparado con el 25% en la región árabe, y el 51% en el resto del mundo, lo cual no encaja con las altas cifras de escolarización y menores tasas de abandono en comparación con los varones. Precisamente, apoyar el desarrollo económico y empresarial de las mujeres es uno de los objetivos de los proyectos de desarrollo en los que trabajamos desde Alianza por la Solidaridad, y también de muchas otras organizaciones en Palestina; pero abordar el problema de la participación de las mujeres únicamente desde una perspectiva económica, como pretenden desde la Casa Blanca, es un completo fracaso.

A pesar del enorme trabajo de marketing y maquillaje que le acompaña, este plan no ha convencido a nadie, empezando por los más interesados. El fin de la ocupación es el prerrequisito indispensable para la paz y todo lo demás, no al contrario. La promesa de 50 billones de dólares no es suficiente para renunciar a Palestina, además, como decía mi abuela, nadie vende duros a pesetas.