Racismo
La Policía de Burjassot propone la expulsión de un migrante que acudió a denunciar

Un ciudadano colombiano acude a la comisaría a denunciar y la policía nacional propone su expulsión por estar en situación irregular. Sucedió en Burjassot (València) el pasado mes de diciembre y lo ha denunciado recientemente la organización València Acull, quien insiste en el hecho de que es una práctica totalmente desaconsejada por el Defensor del Pueblo porque “esta forma de proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” provoca “temor y desconfianza” hacia las instituciones supuestamente responsables de garantizar la seguridad individual y, además, “genera indefensión en las víctimas, impunidad de los victimarios y obstaculiza el acceso a derechos”, constituyendo “una vulneración del Estatuto de la víctima del delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica”.

El motivo de la denuncia del ciudadano en cuestión y otro compañero colombiano fue la destrucción de sus pasaportes, que “se habían quemado hacía unos días en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa en la que trabajaban”. La presentaron y les citaron dos días después. Acudieron y al primero de ellos le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular; al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turismo, explican desde València Acull. “Su abogada presentó alegaciones en contra, pero la misma policía de Burjassot las rechazó al considerarlas 'improcedentes' y ha propuesto a la Delegación del Gobierno que se proceda a la expulsión del territorio nacional de H. R.”.

La abogada del joven ha presentado nuevas alegaciones contra la propuesta de expulsión, que ahora está pendiente de la decisión de la Delegación del Gobierno, aludiendo a la argumentación que el Defensor del Pueblo expuso al Ministerio de Interior hace casi 24 años, cuando solicitó que “no se incoaran expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos”. Aunque la recomendación fue asumida parcialmente para proteger a las víctimas de violencia machista, expresan desde València Acull, “seguían corriendo riesgo de expulsión el resto de víctimas de delitos en situación irregular”.

Denunciar un delito sin miedo a la orden de expulsión

Mathias Rodríguez

Migración

Denunciar un delito sin miedo a la orden de expulsión

Mathias Rodríguez

El Defensor del Pueblo urge al Ministerio de Interior para que se garantice el derecho de las personas migrantes a denunciar un delito sin que ello conlleve la apertura de un expediente de expulsión por estar en situación administrativa irregular.

Según expresan desde el colectivo antirracista, la policía trató de justificar la expulsión del joven colombiano —que trabaja sin estar dado de alta en la Seguridad Social— haciendo alusión a que entró como turista “con la intención de quedarse a vivir en España” y que tiene pendiente “una propuesta de sanción grave” por consumo o tenencia de drogas, algo que el joven niega: “Nunca me habían sancionado por nada. Tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia, no le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegué”. De hecho, es parte de la defensa de su abogada: en el escrito redactado para Delegación de Gobierno se destacaque el joven carece de antecedentes penales y policiales y “se ponen de manifiesto los fuertes vínculos que mantiene con España ya que está formándose académicamente y en el país residen varios familiares que han iniciado en proceso de regularización”.

Expulsión por denuncia

Este no es el primer caso donde una denuncia lleva a una propuesta de expulsión. En 2019 una mujer hondureña acudió a denunciar una agresión machista en la comisaría de Xirivella (València) y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar. La presión social se tradujo en que finalmente se archivara la expulsión, pero “la razón del archivo no fue que prevaleciera su derecho como víctima de un delito frente a su condición de persona en situación administrativa irregular, sino que la policía no le permitió formular la denuncia”. Por este motivo, el Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de “asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional”, expresando que “auxiliar a la víctima del delito” debe estar por encima de la legislación que obliga a incoarles expediente sancionador por estancia irregular y evitar así el “efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, y constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica”.

Pero a principios de 2021 Interior rechazó esta recomendación, rememora València Acull, justificando que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “les corresponde, entre sus funciones, la aplicación de la normativa en vigor”, aunque el Ministerio “omitió que existe otra legislación con la misma fuerza jurídica que avala la reivindicación del Defensor: la Ley española 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa”, que establecen la protección jurídica de todas las víctimas más allá de su estatuto de residencia. “Tampoco mencionó la exención de sanciones por estancia irregular a las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos que contempla la Ley de Extranjería: una reforma legislativa similar a la que dio amparo a estas víctimas permitiría extender la protección a todas las víctimas de cualquier tipo de delito”, apuntan desde la entidad valenciana.

En los últimos años, distintos organismos han pedido un cambio en la Ley de Extranjería para evitar la impunidad que provoca la legislación actual en ámbitos como el laboral: “Hemos visto a personas migrantes trabajadoras que han fallecido abandonados a las puertas de un hospital. Eso sucede por decisiones como esta”, expresaron desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE). El Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes, Felipe González Morales, también hizo una solicitud en el mismo sentido. 

Desde València Acull lamentan que a partir de esta serie de solicitudes, ha cambiado la forma pero no el fondo en el que la policía procede: “Se suele atender con corrección a quien va a denunciar, pero una vez formulada la denuncia se ordena a la víctima comparecer en ese mismo momento o días después ante la correspondiente Brigada de Extranjería para iniciar el procedimiento por estancia irregular”. Se ha visto en Paterna, en Granada, y ahora en Burjassot, citan. La percepción de este modus operandi como injusto e inoperativo lleva a la organización antirracista a reiterar “la urgente necesidad de una reforma legislativa de la Ley de Extranjería para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo”.