Residencias de mayores
Familiares y trabajadoras piden que Europa investigue lo que ocurrió en las residencias madrileñas

La esperanza nunca la pierden y han prometido no parar de luchar. Así se podría definir el ánimo que el grupo de trabajadoras y familiares ha llevado hoy al Parlamento Europeo. Después de solicitar en diciembre una audiencia pública en el Comité de Peticiones de la eurocámara, han acudido este miércoles a defenderla tras ser aprobada la idea de que sea Europa quien investigue qué paso esos dos primeros meses de la pandemia por covid en las residencias madrileñas. En concreto, Carmen López, representante de Marea de Residencias junto con otra compañera, María Jesús Valero, ha relatado cómo sucedieron los hechos hace ya más de tres años y ha pedido que acuda a Madrid “una misión de observación de europarlamentarios” para que puedan evaluar las medidas que se tomaron. 

De la mano del eurodiputado Miguel Urban, del Grupo de la Izquierda Europea/Anticapitalistas, familiares y trabajadoras han podido contar de primera mano cómo fueron esas semanas que califican de “tortuosas”. Entre otras cosas, han destacado que lo primero que hicieron las autoridades autonómicas al conocer el primer brote en una residencia fue cerrar estas a las visitas de familiares y amigos. “No cerraron ni las entradas de los centros de días, ni de proveedores, ni de nada más que las visitas”, ha indicado Carmen López, que ha explicado cómo confinaron en sus habitaciones a los mayores durante meses, muchos sin ningún tipo de distracción. Sin visitas, sin distracciones y, muchas veces, sin la asistencia correcta ya que las bajas de las trabajadoras no eran cubiertas. “También vimos que se tomó una decisión muy al inicio y en la Comunidad de Madrid se escribió para prohibir la derivación de residencias a los hospitales”, indica, en clara referencia a los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron trasladar a hospitales a los mayores en residencias sin tener en cuenta su situación médica. 

“Les pedimos a ustedes un compromiso y que envíen una misión de observación de europarlamentarios a España, concretamente a Madrid, y que evalúen las decisiones tomadas durante la covid”

“Y lo peor no es esto —ha explicado la familiar en el Parlamento Europeo—, lo peor es que todo sigue igual y nada ha cambiado”. “Esto puede volver a ocurrir en cualquier momento y sería incluso peor”, ha advertido Carmen López, que ha acusado a la sociedad de edadista y de querer pasar de puntillas por todo lo ocurrido. “Les pedimos a ustedes un compromiso y que envíen una misión de observación de europarlamentarios a España, concretamente a Madrid, y que evalúen las decisiones tomadas durante la covid”, ha relatado. “También queremos que el comité de peticiones emita una resolución sobre esta queja, sobre la situación de las residencias que no han mejorado y sobre los protocolos dados por escrito en las residencias y en los hospitales”, ha finalizado en su intervención. 

Después de estas declaraciones ha sido el turno de los políticos para hablar. Mientras unos se han solidarizado con la situación, el Partido Popular ha defendido la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y estaba a favor de cerrar la petición. De hecho, desde Marea de Residencias opinan que “se ha dilatado la decisión final debido a que la presidenta de la Comisión de Peticiones, la ’popular’ Dolors Montserrat, ha hecho lo posible por cerrarla utilizando su posición de poder”. Finalmente, sí que ha salido adelante la petición con el voto favorable de la mayoría de los coordinadores del Parlamento pertenecientes al grupo de la Izquierda Europea, los Verdes, los socialistas y los liberales. 

Por su parte, para Miguel Urbán “el Parlamento Europeo debe actuar por Derechos Humanos y por Salud Pública. Aunque las competencias son de la Comunidad de Madrid, son derechos humanos que han sido vulnerados por los protocolos de la vergüenza de Ayuso, pero también por la situación de las residencias”. Así el europarlamentario recuerda que la cámara ya emitió unas recomendaciones para evitar sufrir una situación de nuevo en caso de pandemia. Por eso espera que esta petición avance, considera que, en contra del criterio de Montserrat, hay tiempo para realizar la misión a Madrid y espera que puedan hacer un informe de recomendaciones para mejorar las residencias. De lo que tiene pocas esperanzas es que esta acción “cambie la posición negacionista y criminal del Gobierno de Díaz Ayuso” pero sí confía en que sirva para abrir un debate público sobre la precariedad de los cuidados, la privatización de los centros y fomente las acciones ciudadanas. 

En busca de la verdad y la no repetición

Acciones como movilizaciones (que habrá en el mes de octubre) y hechos como la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias madrileñas, que se celebró hace unos días. Una suerte de tribunal independiente compuesto por expertos que durante dos días escucharon los relatos de familiares, trabajadoras y profesionales relacionados como geriatras, periodistas y sanitarios. El presidente de dicho tribunal, José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, aseguraba a este medio que “es público y notorio que se produce porque no lo niegan, un número de fallecimientos en la residencia que supera, según los expertos, la media europea”. 

El informe, que podría resaltar la mala gestión y el dolo, llegará en las próximas semanas y podría servir para reactivar la investigación ya sea por vía judicial (en los pocos casos que aún no han sido archivados) o por la vía política (como la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid cerrada prematuramente por Ayuso). 

En ambos casos, ya sea por medio de la intervención del Parlamento Europeo o por las autoridades Españolas, la plataforma Verdad y Justicia junto con Marea de Residencias pide saber qué pasó con las más de 7.291 personas que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid y que murieron sin recibir la atención médica necesaria. Estas organizaciones señalan que la resolución de la Eurocámara que ha hecho posible esta audiencia pública respalda que el sistema de residencias necesita de un cambio profundo en los centros de mayores con las “enseñanzas extraídas y las recomendaciones para el futuro”. 

Asimismo, enfatizan los familiares y trabajadoras, la resolución europea reconoce que la pandemia repercutió en el ejercicio de los derechos fundamentales de grupos particulares como lo fueron los mayores. Un triaje discriminatorio por edad y no por razones médicas, que ahora el Parlamento Europeo pide a los Estados miembros acabar con esas prácticas.