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Pesca
El coral rojo, una joya emblemática del Mediterráneo en estado crítico
El coral rojo es una especie endémica del Mediterráneo que se continúa extrayendo en numerosas zonas para alimentar principalmente a la industria de la joyería de los países asiáticos. Los permisos concedidos recientemente por el Gobierno español para extraer coral rojo en aguas de Cataluña han provocado una gran polémica y más de 80 entidades —tanto de la comunidad científica como de la sociedad civil—, han iniciado una campaña para exigir su protección.
Hace escasas semanas el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) adjudicó 12 autorizaciones para la extracción y venta de coral rojo (Corallium rubrum) en aguas exteriores de Cataluña a pesar de que la Generalitat de Catalunya había introducido la suspensión temporal de dicha actividad extractiva durante 10 años (concretamente hasta 2027).
Este hecho ha dado la voz de alarma y numerosos colectivos se han unido para proteger el coral rojo de la Costa Brava. El punto de partida de esta nueva campaña ha sido la redacción de una carta abierta dirigida a la exministra Tejerina y que ha recibido el apoyo de más de 80 centros de investigación, organizaciones ecologistas y ambientales, así como centros y clubs de buceo.
En dicha carta, los colectivos han expresado su gran preocupación puesto que, el último informe científico disponible sobre el estado de las poblaciones de coral rojo en aguas de Cataluña, indica que el 90% de sus poblaciones están en un estado de conservación crítico. El informe en cuestión, que ha sido realizado por 14 expertas y expertos de cinco centros de investigación, pone en relieve que la mayoría de las poblaciones de coral rojo se pueden considerar ecológicamente extintas, por lo que la comunidad científica recomienda con carácter de urgencia el cierre de su extracción.
Entre otros aspectos, el informe también indica que, además de la pesca legal, en los últimos años se ha constatado un aumento creciente de casos de furtivismo y que, debido a la falta de medios para luchar contra la pesca ilegal, las cantidades decomisadas representan solo una pequeña fracción de las cantidades reales extraídas de forma ilegal. Así pues, la falta de control y el furtivismo no hacen más que dificultar aún más la regeneración de esta especie.
Por estos motivos, y en base a las recomendaciones científicas, la Generalitat de Cataluña decidió el año pasado establecer una veda a la extracción de coral rojo en zonas de su competencia, en este caso, en las aguas interiores que abarcan desde la frontera con Francia hasta Cap de Begur. Zona que corresponde básicamente al norte de la Costa Brava. Esta moratoria debería haber sido respetada por el Ministerio, puesto que, tal y como prevé la normativa, está obligado a extender la moratoria establecida por las Comunidades Autónomas (en este caso la Generalitat) a las aguas contiguas o adyacentes de la zona vedada.
Pero en lugar de atender la protección del coral rojo —un patrimonio natural público, emblemático y endémico del Mar Mediterráneo—, la exministra Tejerina prefirió optar por conceder 12 licencias para extraer coral rojo en zonas donde la Generalitat no tiene competencias por tratarse de aguas exteriores. Se trata del área comprendida entre Cap de Begur y Arenys de Mar, donde las colonias de coral rojo son escasas. Un hecho que compromete aún más la recuperación de una especie de crecimiento extremadamente lento y cuyas poblaciones están diezmadas.
Ahora bien, el coral rojo no está solamente amenazado en Cataluña, en 2015 esta especie fue incluida en la Lista Roja del Mediterráneo elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la categoría de En peligro de extinción, debido a la fuerte evidencia del agotamiento de esta especie.
Cada uno de estos aspectos son los que han hecho reaccionar de forma casi instantánea a numerosos colectivos diversos, desde universidades hasta centros de buceo, y miles de personas individuales que se han unido para solicitar que se deroguen las autorizaciones concedidas en Cataluña, valorando así mismo la extensión de esta prohibición al resto de las aguas españolas.
Pero desde que la carta fue enviada a la exministra Tejerina el pasado 3 de mayo, ninguna de las entidades que la firmaron ha obtenido todavía una respuesta formal, un hecho que reafirma la falta de voluntad política de defender los recursos naturales en beneficio del conjunto de la sociedad. Es más, a día de hoy hay serias dudas de que el Gobierno español dirigido por el Partido Popular dispusiese de los controles y medidas de vigilancia pertinentes y, más aún, dispusiese de algún tipo de conocimiento científico sobre el coral rojo diferente al informe científico mencionado anteriormente, y que alerta del estado crítico del coral rojo. Actuando de esta forma, la Ministra cesada estaba claramente omitiendo las recomendaciones científicas y por consiguiente estaba infringiendo la Política Pesquera Común, de obligado cumplimiento.
Por otro lado, la exministra también estaba incumpliendo otros aspectos de la política comunitaria, tales como la obligación de aplicar el principio de precaución y la gestión ecosistémica, de asegurar una explotación sostenible de los recursos, así como de cumplir con las obligaciones de la Directiva Hábitats y las recomendaciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO para la explotación sostenible del coral rojo, que son vinculantes para España. Desde 2011, dichas recomendaciones incluyen de facto la prohibición de la explotación de poblaciones de coral rojo a una profundidad inferior a 50 metros, a no ser que haya estudios científicos validados por la GFCM que indiquen lo contrario (Recommendation GFCM/35/2011/2). Otra medida de obligado cumplimiento que el Mapama también estaba omitiendo.
Resulta incomprensible que el Ministerio dirigido por la exministra Tejerina, que supuestamente debería haber defendido el Medio Ambiente, en lugar de apoyar la recuperación de una especie emblemática y de gran importancia ecológica como el coral rojo, dificultase los esfuerzos realizados tanto a nivel regional como internacional, y antepusiera los intereses de unos pocos individuos frente a los intereses del conjunto de la sociedad. Es un reto, indudablemente, para el gobierno entrante. Y más teniendo en cuenta que el Partido de los Socialistas en Cataluña (PSC), a través del diputado Marc Lamuà, solicitó a la exministra el pasado mes de abril en el Congreso que revocara las licencias concedidas. Esperemos Teresa Ribera esté a la altura.