Salud mental
Denuncian impagos y falta de alimentos en un centro de salud mental en Pedrezuela

“A mí me han contado que hace años había salidas de día, excursiones, ocio, pero tenemos tanta falta de personal que no se puede. Ahora pasan el día en la residencia y, si tienen hueco en el autobús, bajan al pueblo a tomarse una coca cola o a sentarse en un banco”. Así resume el deterioro que sufre la residencia para personas con enfermedad mental AFAP (Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad) de Pedrezuela (Madrid) una de las trabajadoras que se ha atrevido a denunciar públicamente no solo sus condiciones laborales, si no también la de los residentes. Se trata de un centro con tres núcleos: el centro de inserción laboral, una mini residencia y apartamentos tutelados. En total, viven allí 40 personas que tienen entre 18 y 65 años con enfermedades crónicas graves, muchos con esquizofrenia y algunos con bipolaridad.

Con la condición de no decir sus nombres por miedo a represalias, cuatro trabajadoras explican a El Salto que además de estar en proceso de reclamar las nóminas que les deben, muchas otras compañeras están de baja médica y no hay suficiente personal para atender a las personas residentes y sus necesidades especiales. Denuncian que solo hay dos personas encargadas de los 20 apartamentos que hay y que, desde hace mes y medio, no hay limpieza en ninguno de los tres edificios porque están de baja todas las empleadas. “Desde entonces, se nos ha exigido hacer revisión de los apartamentos por la mañana y por la tarde. Con tan poco personal es imposible supervisar, además de que nuestro cometido no es ese, es promover la rehabilitación de las personas”, explica una de las empleadas, con un perfil de integración social.

“No sabemos cómo pero está encontrando gente para cubrir las plazas con las promesas de pagarles en el futuro”

Las empleadas denuncian que las bajas médicas o la marcha de muchas de sus compañeras al no tener previsto cobrar sus nóminas, está dando lugar a contratos precarios. “No sabemos cómo pero está encontrando gente para cubrir las plazas con las promesas de pagarles en el futuro. Sabemos que son contratos en los que se indica que pueden cambiarles los horarios en cualquier momento, con un fin de semana de guardia al mes e incluso con cambios al turno de noche”, comenta una de las consultadas, que resalta que eso incluso pasa ahora con las personas con contrato indefinido. 

Hasta siete nóminas sin cobrar

Una de las trabajadoras que habla con El Salto muestra que tiene siete nóminas sin cobrar en los dos años que lleva trabajando en AFAP. Otra lleva desde agosto sin recibir el pago de su nómina y desde noviembre está de baja por ansiedad. A otra más se le debe la nómina de abril, mayo y todas desde septiembre. A Algunas, que han buscado otro trabajo, a las nóminas atrasadas se les juntan vacaciones y el finiquito sin pagar. Otras que siguen en plantilla, han sido sacadas de la lista de reparto de horarios, están al límite al tener que asumir el gasto de gasolina para ir a trabajar sin cobrar y otras tantas denuncian que han recibido nóminas intermedias a nombre de la Fundación Morada.

“Cuando empezaron los impagos hubo una reunión con uno de los jefes y al preguntar qué era la fundación, nos dijeron que eso no nos interesaba”, indican. Por su propia investigación en los registros supieron que la fundación está a nombre de los padres de dos residentes en plaza privada, uno ya ha fallecido y dudan que el otro tenga conocimiento de lo que está pasando. “Es una persona muy implicada en el bienestar de su hijo y si lo supiera no hubiera respaldado esto”, explica una ex trabajadora. En su opinión, la dejadez de las instalaciones, los impagos y la falta de liquidez para los gastos diarios del centro se debe a un interés de acabar con AFAP y continuar sin deudas con otra entidad, como podría ser la Fundación Morada, especulan.

Respecto a las nóminas, algunas cuentan con abogados y otras con el sindicato CNT Sierra Norte para reclamar lo que les deben. Pero se sienten vulnerables, ya que AFAP no se ha presentado a algunas citas de conciliación, en otras pide más tiempo pero todas temen que no tengan el dinero que les deben. “Mi abogado me ha dicho muy claramente que somos ‘carne de Fogasa”, explica una de las consultadas en referencia al Fondo de Garantía Salarial, una herramienta pública para hacer frente a nóminas impagadas ante el cierre o quiebra de las empresas. Una sensación de “forzar el cierre” que tienen en parte a las declaraciones del propio presidente de AFAP, Paco Esquide, que anunció a principios de año que había registrado la asociación en Ciudad Real para operar allí, además de en Marbella.

Entre tanto, el día a día del centro es complicado, según estos testimonios. “No hay básicos como el papel higiénico”, explica una trabajadora, que aporta fotografías a El Salto sobre el deterioro de camas, goteras y demás mobiliario del centro. Otra de ellas explica que la situación de los residentes es diferente a la de una residencia de mayores, ya que muchos de ellos no reciben visitas familiares que puedan velar por la situación del centro o ellos mismos no son capaces de reclamar una mejor situación. “Ellos nunca se han quejado, pero ahora lo hacen por cosas como la comida. Por ejemplo, en diciembre me dijeron que el puré estaba en mal estado, que no había calefacción o que no funcionaba el agua caliente”, comenta. Otra explica que hacen una asamblea los martes para conocer su opinión y pese a que no suelen ser muy activos, en las últimas no han querido dejar de ir para quejarse.

“Tenemos que estar atentas a la limpieza, a dar la medicación y muchas veces tenemos que pedir que traigan comida porque están los frigoríficos vacíos”

Además, explican que están preocupadas por su alimentación, que reciben casi siempre “café y galletas para desayunar”, incluso las personas con diabetes. Un ejemplo, comentan, es el día que de primero tuvieron sopa de pan, de segundo migas y de postre pudding de pan. “No siguen ninguna pauta nutricional ni hay seguimiento de lo que comen con su dinero cuando van al pueblo”, se lamenta otra de las trabajadoras, que explica que cuando los ratios de personal estaban cubiertos se podían hacer talleres sobre deporte, alimentación o autonomía que actualmente no se hacen. “Tenemos que estar atentas a la limpieza, a dar la medicación y muchas veces tenemos que pedir que traigan comida porque están los frigoríficos vacíos. ¿Por qué no piden al Banco de Alimentos? Por no bajar la cabeza tienen a la gente sin comer bien”, relata visiblemente enfadada otra trabajadora.

Petición de ayuda a la Comunidad de Madrid

Ante esta situación, además de la vía laboral, las trabajadoras piden la intervención de la Comunidad de Madrid. En concreto, señalan a Abelardo Rodríguez, coordinador técnico de la Red Atención Social a personas con enfermedad mental de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. “Sabemos que ha tenido una reunión con la dirección del centro y que se preocupa por los residentes”, explica una trabajadora, que calcula que este centro de asistencia recibe hasta 200.000 euros de fondos públicos entre las plazas concertadas de la residencia, los pisos tutelados y las plazas del CRL (Centro de Rehabilitación Laboral). Por eso apelan a esta figura para hacer una reunión y que valoren la solvencia económica del proyecto.

Este centro de asistencia recibe hasta 200.000 euros de fondos públicos entre las plazas concertadas de la residencia, los pisos tutelados y las plazas del Centro de Rehabilitación Laboral, según una trabajadora

Una reunión que ya tuvieron a principios de diciembre entre la Comunidad y AFAP pero sin contar con la presencia de la plantilla. En esa reunión y según fuentes de la consejería consultadas por El Salto, el objetivo fue “exigirles que tomaran las medidas necesarias para solventar los problemas del recurso y garantizar el pago de las nóminas a los trabajadores”. “Estamos estudiando todas las medidas legales para asegurar que los usuarios de las plazas concertadas reciban la atención en las condiciones establecidas en el contrato de gestión de estas plazas, que la Comunidad de Madrid está cumpliendo escrupulosamente”, anuncian. Las trabajadoras dicen que la Comunidad de Madrid ya le ha hecho la oferta de que otras entidades como Grupo 5, Hermanas Hospitalarias y Manantial se hagan cargo de los residentes y asuman al personal. “Llevan años sabiendo lo que hay y no han hecho nada”, se lamenta otra que sitúa en 2012 el inicio de los problemas y que no descartan emprender otras acciones para reivindicar una mejora de sus condiciones como trabajadoras pero también por el bien de los residentes.