Sevilla
Diez Ayuntamientos, agricultores y colectivos sociales exigen el cese de los vertidos mineros al Guadalquivir

Ayuntamientos y colectivos han enviado una carta al presidente de la Junta exigiendo que haya una moratoria a las minas de Aznalcóllar y la Mina Las Cruces y a los vertidos que pretender realizar al Guadalquivir
Rio Guadalquivir
El río Guadalquivir

Los colectivos ecologistas llevan años denunciando que el idilio de la Junta de Andalucía con la minería puede poner en peligro uno de los emblemas naturales del territorio: El río Guadalquivir. Concretamente, dos de los proyectos que la Junta y el Gobierno central están impulsando en dos localidades de la provincia de Sevilla, la reapertura de la Mina de Aznalcóllar y la reactivación de la Mina de Cobre Las Cruces en Gerena; ambos proyectos tienen adherido el vertido de millones de litros de vertido contaminante.

Sevilla
Proyectos estratégicos Ilegalidades pasadas y peligros futuros de la mina que la Unión Europea quiere revivir en Sevilla
Las Cruces tiene un historial de más de 6,5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de agua. El espaldarazo de la UE y del Gobierno al proyecto podría empeorar los vertidos que ya realiza la mina en el Guadalquivir.

Por su parte, la Mina Las Cruces, uno de los proyectos que la UE le ha dado el valor de estratégicos, lleva realizando vertidos desde 2009 y, hasta el año 2023, había supuesto 12.150 millones de litros de metales al Guadalquivir. La Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo vertido de esta compañía de 39.780 millones de litros. Por su parte, la Mina de Aznalcóllar cuenta con la autorización ambiental unificada del gobierno andaluz y proyecta verter 450 litros por segundo en su fase preoperacional durante 18 meses, un vertido compuesto, entre otros materiales, por níquel, plomo y selenio. Además, una vez pasada esa fase, el proyecto pretende verter cuatro millones de metros cúbicos al año durante 17 años de los mismos materiales.

“Los nuevos vertidos multiplicarán por diez el problema de contaminación que ya hay; la Junta de Andalucía está teniendo una postura negacionista de la contaminación del Guadalquivir”, expone Jesús Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla

Los movimientos ecologistas consideran que esos vertidos tendrán consecuencias “irreversibles” para el Estuario del Guadalquivir. “Las minas y la Junta de Andalucía dicen que esos metales van dispuestos en el agua y que se diluyen cuando llegan al estuario y salen fácilmente por la desembocadura; desde la comunidad científica sabemos que esto no es así”, explica el catedrático de Ecología por la Universidad de Sevilla,  Jesús Castillo y continúa explicando que “estos metales acaban en el fondo del río y se sedimentan”.

Castillo y otros expertos de la Universidad de Sevilla han elaborado un informe que expone que los albures que se encuentran en el Guadalquivir en la zona cercana al vertido de aguas de la mina Las Cruces están contaminados con zinc, cromo, selenio y plomo, y que al menos el 31% tiene unos niveles de plomo superiores a lo establecido por la normativa de la UE. “Los nuevos vertidos multiplicarán por diez el problema de contaminación que ya hay; la Junta de Andalucía está teniendo una postura negacionista de la contaminación del Guadalquivir”.

Los vertidos también tendrían un impacto en la salud de las personas, según explica en el informe Efectos de los metales pesados en la salud humana, Antonia Herrero, doctora en Biología, que señala que los vertidos podrían provocar daño nefrológico, problemas vasculares, daños neurológicos y disrupción endocrina y concluye que “en vista de los grandes riesgos que para la salud humana entraña la acumulación de metales pesados en el medioambiente, las autoridades competentes deberían prohibir proyectos industriales que impliquen nuevos vertidos”.

Un impacto económico

El riesgo también podría suponer un impacto en la actividad económica de las localidades que se encuentran paralelas al Guadalquivir. “El sector agrario se va a ver afectado enormemente; las tierras se van a afectar a futuro y las vamos a contaminar para siglos”, expone desde la COAG Cádiz el secretario provincial Miguel Pérez.

Según esta organización agraria, en torno a 18.000-20.000 empleos se pueden ver afectados por los vertidos. Las cofradías de pescadores estiman un empleo directo en el golfo de Cádiz de 3.500 personas e indirectos de 32.000 personas que podrían sufrir un impacto, así como la industria del arroz que, según la federación de arroceros de Sevilla, da más de 5.000 empleos directos. 

Las diversas razones ecológicas, de salud y económicas han llevado a decenas de ayuntamientos, asociaciones económicas y colectivos sociales a firmar una carta conjunta para pedirle al presidente de la Junta de Andalucía una moratoria a los dos proyectos mineros y sus vertidos.

Entre los firmantes se encuentran los alcaldes de Chipiona, Sanlúcar, Rota, Trebujena, Lebrija, Los Palacios, Isla Mayor, Puebla del Río, Coria del Río y Camas y las organizaciones Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, COAG Andalucía, la asociación Jarife de mariscadores de Chipiona, FACUA Andalucía, Marea Blanca de Sevilla. “No se trata entonces de contraponer ecología y economía, sino de tener en cuenta que para que una economía pueda funcionar, hay que mantener la base material que la sostiene”, explica la carta dirigida a Moreno Bonilla.

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Paco Caro
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