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Transexualidad
El Congreso admite una propuesta para que menores trans puedan registrar su nombre sentido
Los menores de 16 podrán acudir a un juez si sus progenitores se oponen. Para Chrysallis, el cambio registral es una cuestión de respeto a la intimidad y a los derechos de los menores.
El Pleno aprobó este jueves la toma en consideración de una propuesta del PSOE para que los mayores de 16 años puedan cambiar su nombre y sexo en el registro. Los menores de 16 podrán hacerlo a través de sus padres y, en caso de encontrar oposición, acudir al Ministerio Fiscal. Son dos de las principales consecuencias que tendría las modificaciones de la Ley 3/2007 que propone el grupo socialista en el Congreso.
La propuesta, que se debatió el martes, pero se votará dos días despúes, pasa por poner fin a la obligación de que las personas trans tengan que aportar un diagnóstico médico o psicológico que acredite que la persona que quiere hacer la modificación padece disforia de género y que ha sido tratada un mínimo de dos años “para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”.
La mención de sexo en el Registro Civil, explica el PSOE, no precisará de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podrá condicionar, en ningún caso, a la acreditación de haberse sometido a cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo. Para Lola Galovart, la diputada socialista que defendió esta propuesta el martes en el Pleno, “se trata de una reforma que erradica la patologización de las identidades transexuales, al eliminar las exigencias de informes o de tratamientos médicos”.
La reforma permitiría a las personas extranjeras residentes en España que los documentos que aquí se expidan para ellos respeten su identidad y expresión sexual
Asimismo, la reforma permitiría a las personas extranjeras residentes en España que los documentos que aquí se expidan para ellos respeten su identidad y expresión sexual. El texto propuesto especifica que se permite este en la tarjeta de residencia y permiso de trabajo “a las personas extranjeras que no hayan rectificado su nombre en sus países de origen y acrediten que es un riesgo hacerlo”.
Por último, el texto incluye una modificación que reconoce explícitamente a las personas intersexuales como beneficiarias de esta ley.
La propuesta socialista llega poco después de que el Pleno del Congreso admitiese para el debate una Ley Integral LGBTI, que llevó Unidos Podemos. Fuentes socialistas recuerdan que la propuesta que hoy se admite a trámite fue presentada el 20 de febrero y que su aprobación debe ser más ágil que el debate de esta ley. Según Galovart, estos cambios son “inaplazables y urgentes”.
Mirar atrás
Para Carla Antonelli, diputada de la Asamblea de Madrid y activista por los derechos de las personas transexuales, estos cambios suponen la completa despatologización del colectivo y vienen a “completar” la ley de 2007. Antonelli, que defendió en la Asamblea de Madrid la Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación aprobada en 2016 con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, cree que esta propuesta viene a complementar la Ley 3/2007. ¿Nació coja esa ley?“La ley de 2007 abrió un horizonte que ha permitido que hoy nos veamos abocados a llevar estas reformas, no se pueden interpretar las motivaciones de 2007 con las claves de 2017”, defiende la diputada socialista. “Hasta hace poco, parecía que la transexualidad llegaba de repente con la edad adulta”.
“¿Nos olvidamos en 2007 entonces de los niños y las niñas? No. Tenemos que ser conscientes de cómo era la España del 2007, esta reforma hay que entenderla mirando atrás en el tiempo”, dice Antonelli, que invita a recordar que en 1981 las personas que se sometían a cirugías eran condenadas a penas de prisión por “mutilación”.
Antonelli recuerda también que “hasta 2007, muchas personas se sometían a cirugías que no deseaban solo para tener un DNI adecuado”.
Las demandas que recoge la propuesta socialista no se entienden sin la movilización de padres y madres de menores transexuales. Natalia Aventín, presidenta de Chrysallys, explica que esta asociación ha pedido estas modificaciones “insistentemente” en los últimos años. “Llevamos tiempo diciendo que la ley excluía a los menores”, explica. De hecho, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Constitucional planteó en marzo de 2016 una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley que regula las modificaciones en el registro civil por motivo de cambio de sexo. Nueve de los diez magistrados consideraron que se podría vulnerar derechos fundamentales de los menores.
1987
El Tribunal Supremo falla a favor de la modificación en el registro de una mujer transexual y sienta jurisprudencia sobre un asunto hasta entonces completamente silenciado.
2007
2017
“Los menores antes de 2007 no existían y nadie los contemplaba, ni la administración ni los colectivos”, dice Aventín para explicar por qué este debate no ha llegado antes. Se trata, dice Aventín, de proteger la intimidad de lso menores. Viajar en autobús, practicar un deporte, entrar en una discoteca, o coger un libro en la biblioteca sin actividades cotidianas para las que se requiere mostrar una identificación, y que para un menor cuyo sexo sentido no corresponde con el registrado puede no solo una barrera, sino el quedar expuesto a situaciones de acoso y bullying. “La administración pone límites a nuestros hijos”, asegura la presidenta de Chrysallis.
Aventín cree tras la intención del PP de votar en contra, como ha anunciado, hay más desconocimiento que mala voluntad. Es una “hipocresía”, dice, que los populares digan defender los derechos de los menores impidiendo que salgan adelante estos cambios. Por eso, ha pedido a padres y madres de niños transexuales que plasmen sus argumentos en cartas que hará llegar al PP en el Congreso.
Sobre las modificaciones que propone el PSOE, solo echa en falta “que se reconozca identidades no binarias”. Algo, que, espera, pueda ser incorporado en el periodo de enmiendas.