Universidad
Cuando se cargaron la universidad

10 de marzo de 2000. Al menos 6.000 personas se manifiestan en contra de la privatización de la universidad. ¿Razón? El Informe Universidad 2000, conocido como Informe Bricall. Un documento, firmado por Josep María Bricall —hasta dos años antes presidente de la Conferencia de Rectores Europeos—, encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas —y financiado por la CEOE y por empresas como Telefónica—, en el que se proclamaba, como reforma necesaria para el sistema universitario, el encarecimiento de las tasas.

La protesta organizada hace ya 18 años, convocada por unos 30 colectivos entre los que se contaba la asociación de estudiantes George Orwell —formada por estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, y a la que se filtró en primer lugar el documento—, acabó en la Puerta del Sol entre los golpes y los porrazos de la policía. Fue el primer paso de una serie de reformas que muchos relacionan con la falta de control y mercantilización que sirven de contexto a los casos de los másteres conseguidos, supuestamente, de forma irregular por cargos políticos como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado; la breve ministra de Sanidad Carmen Montón o el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Durante los doce años de lucha contra las reformas de Bolonia, la propaganda del Gobierno y del círculo de empresarios promulgaba poner la universidad al servicio de la sociedad, que era tanto como decir: ‘Vamos a poner el dinero que se dedica a la educación al servicio de las empresas, porque así se va a volver rentable, y, desde su punto de vista, está hasta bien”, explica Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor en la Universidad Complutense y una de las cabezas visibles del movimiento contra Bolonia. “En el movimiento anti-Bolonia dijimos que iba a pasar exactamente lo que estamos viendo: la universidad se ha convertido en un juguete de unas élites que pagan unos másteres para acrecentar su currículum y que, como han pagado una cantidad de dinero enorme, pueden no asistir a clase y sacar los contenidos de internet, que para eso está”, continúa.

“Fue cuando el ministro Solchaga decía que España era el país donde era más fácil hacerse rico”, recuerda Corominas

A partir del Plan Bolonia, las antiguas diplomaturas y licenciaturas —de tres y cinco años respectivamente— se unificaban en los grados, de cuatro años de duración —240 créditos—. Una primera categoría de formación universitaria que se podría completar después con un segundo grado en forma de máster de uno o dos años —60 o 120 créditos—, y, tras aprobar un máster específico, por un tercer grado —el doctorado, de una duración media de cuatro años—. En el curso 2006/2007, las universidades comenzaron a ofertar sus másteres oficiales y, en 2015, el Gobierno del Partido Popular dio un paso más con la aprobación del Decreto 3+2, que abría la posibilidad a grados de tres años de duración, aunque desde el Consejo de Universidades hasta ahora solo se ha dado vía libre a su aplicación para nuevas carreras universitarias.

Volviendo a 1983

“No sé hasta qué punto se está poniendo en cuestión la credibilidad de todo el sistema o la de alguna universidad en particular, pero sí hay algunas causas que pueden afectar a todo el sistema”, explica, por su parte, Albert Corominas, catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y miembro del Observatori del Sistema Universitari. Corominas sitúa el punto de inflexión en 1983, cuando fue aprobada la Ley de Reforma Universitaria. “Fue en el momento en el que se implanta una cultura del enriquecimiento fácil, cuando el ministro [Carlos] Solchaga decía que España es el país donde era más fácil hacerse rico, lo cual es como decir que si usted no es rico es porque es tonto y, por tanto, todo el mundo intenta espabilarse y enriquecerse como pueda”, continúa el catedrático.

Corominas explica que la legislación de 1983 fue la que asignó a las universidades españolas la educación de posgrado, pero con una financiación escasa, y a la vez les daba la posibilidad de crear entidades con forma jurídica propia. “Este es un hecho decisivo que desemboca en parte en la situación que tenemos ahora, la universidad comenzó a poder tener fundaciones, sociedades diversas en las que tenía una participación mayoritaria o total, pero que no eran directamente controladas por los órganos que la ley prevé para la universidad, y el hecho es que es en estas entidades donde se han detectado con cierta frecuencia irregularidades de tipo económico”. Además, esta ley también abría la posibilidad a que el personal docente de la universidad pueda tener, aparte de su actividad académica, contratos con empresas a partir de los cuales pueda cobrar dinero. “Aquí también se origina un giro a partir del cual muchas personas se han dedicado más a ganar dinero que propiamente a hacer actividad académica”, señala.

Sobre el caso de Pablo Casado, Corominas marca una diferencia: “Si en la Universidad Complutense se ha regalado algún título a un político, no veo que esto tenga relación con los cambios legislativos, tiene que haber personal docente e investigador, y personal de administración y servicios involucrado, y esto puede haber ocurrido a espaldas de los máximos responsables de la institución”.

Máster... ‘of puppets’

Otro tema en cuestión es la propia terminología. Corominas recuerda que, antes de 1983, los máster eran unos estudios a los que podían acceder unos pocos con dinero suficiente para estudiar en Estados Unidos o Reino Unido. Cuando llegó al Estado español en los años 80, muchas entidades privadas o creadas por universidades comenzaron a montar cursos a los que llamaron ‘máster’. “¿Eran equivalentes a los másteres británicos o estadounidenses?”, le preguntamos. “Qué va”, responde. “He llegado a ver un anuncio de una empresa, ubicada en un segundo piso en una calle de Barcelona, de ofimática, probablemente enseñaban el Office o algo parecido. Esta denominación no estaba regulada y, por tanto, bajo ella podía haber cualquier cosa”, continúa el catedrático de la UPC.

El safari de másteres continúa, o incluso se ha acrecentado más. En el curso 2006-2007 se crearon los másteres universitarios —también llamados másteres oficiales—, que actualmente son los únicos que dan derechos académicos —en cuanto a poder acceder a un doctorado— o profesionales. Además de ellos, hay másteres —no universitarios— que se cursan en centros privados, másteres —tampoco universitarios— que se cursan en centros que dependen de universidades. Incluso másteres —como los que aparecen en una noticia, que aparenta ser contenido patrocinado, de El Mundo— como los de una empresa llamada Euroinnova, que ofrece máster sin carrera universitaria previa de Astrofísica o Ingeniería Aeroespacial —ahí es ná—. “Habría que poner remedio, porque para el público en general y para todo el mundo es muy difícil de entender. Esto es una selva en la que la Administración debería poner coto”, sentencia Corominas.

De hecho, este catedrático señala que, con toda la información publicada sobre el caso Cifuentes, aún no ha podido descubrir si fue un máster universitario o no. “Por una parte, se decía que la señora Cifuentes había hecho gestiones para hacer el máster con el fin de hacer un doctorado y tener una salida profesional si dejaba la política, así que se daba a entender que era universitario; pero, por otra parte, se cursa en una entidad que se llama instituto, que no se sabe qué es porque la ley prevé que la universidad tenga centros docentes, departamentos e institutos universitarios de investigación, pero sin personalidad jurídica propia, y el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde sí la tenía. La justicia lo aclarará”, concluye.

Pero, universitarios o no —generalmente más en el caso de los no universitarios, al no estar los precios regulados—, los másteres en España están en los primeros puestos, en cuanto a coste económico, de la Unión Europea. Solo contando los másteres universitarios, la media, según el informe La universidad española en cifras 2015/2016, presentado por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española el pasado año, el precio medio en el Estado español se sitúa en 1.991 euros, mucho menos de los 6.000 euros de Irlanda o los 4.818 de Reino Unido, pero casi cuatro veces más que los 256 euros de Francia, más del doble de los 836 de Bélgica, y sin comparación con Alemania, donde los alumnos no pagan por acceder a este tipo de formación.

Fernández Liria recuerda el "famoso máster de El País" como uno de los primeros que marcó en España las diferencias entre alumnos con o sin posibles. "Era muy caro en esa época, en este momento sería incluso barato". En el 2002, los precios de los másteres de El País, que realizaba en colaboración con el Grupo Santillana y con las universidades de Alicante, Autónoma de Barcelona y la Carlos III de Madrid rondaban entre los 3.000 y los 4.500 euros. Ese mismo año, la SER ya lanzó el suyo —de gestión y dirección radiofónica—, también con Santillana y con la Universidad Autónoma de Barcelona, por 7.500 euros. "Esa lógica que ocurría puntualmente luego se generalizó con el Plan Bolonia", continúa Fernández Liria. En el último curso, el máster de El País y la Universidad Autónoma de Madrid ya costaba 13.300. Si miramos el catálogo de los "Mejores másteres" que cada año publica El Mundo, entre los primeros puestos aparecen, como colaboradoras, entidades privadas como El Corte Inglés, asociaciones empresariales madrileñas, Telefónica y, por supuesto, El Mundo. 

Las cifras de estudiantes de máster también han desmentido a José Ignacio Wert, ministro de Educación cuando se aprobó el Decreto 3+2, quien afirmó que la nueva normativa abarataría los costes para las familias, ya que el alumnos podría optar ahora por contentarse con conseguir un grado. Desde el curso 2006/2007 hasta el 2014/2015, último del que el Ministerio de Educación tiene datos, el número de estudiantes de máster se ha multiplicado por diez.

“Ahora mismo, en el mercado laboral, el grado en sí es algo básico y te piden el máster”, afirma Alba Agraz, miembro de la asamblea de estudiantes Res Pública, de la Universidad Rey Juan Carlos. “Básicamente, es una inversión económica grande que tienes que hacer sí o sí”. Agraz estudia el tercer curso de un doble grado de Economía y Política, y tiene claro que, cuando lo acabe, continuará sus estudios con un máster: “Para afrontar el pago del máster, tendré que trabajar en lo que me salga, porque, con lo que cuestan, no creo que mi familia pueda permitírselo”.