El 2001 fue la época del ladrillo en toda España y los proyectos urbanísticos en zonas costeras como la Marina Alta (Alacant) estaban al orden del día. Ese año se adentraba en las tierras de Llíber, en el entorno de la Muntanya Llarga, un proyecto de la promotora Vapf por el que se pretendían y se pretende construir 488 chalés unifamiliares con sus respectivas piscinas, ocupando una superficie total de 406.213 metros cuadrados, alrededor de 100 campos de fútbol 11.

Aclarado esto, la empresa decide resucitar la construcción en plena pandemia, cuando se estaba trabajando en un alcantarillado que, según han denunciado desde Compromís, no tenía los permisos ambientales correspondientes. De esta forma, los diputados del partido valencianista, Gerard Fullana i Ximo Perles, pidieron una medida cautelar al juzgado de Alicante y ahora, en el mes de septiembre, han conseguido parar las obras para que se aclaren todas las incógnitas que rodean el PAI (programa de actuación integrada) “Medina”, sobrenombre que recibe el proyecto.

Aun así, parte de la esfera social y académica ya habían mostrado su rechazo a la urbanización. Es el caso de la plataforma ‘Salvem la Vall’, la cual arrancó para defender la cancelación del PAI de Lliber, pero cuya motivación general es el de luchar contra cualquier intento de corromper el patrimonio natural y paisajístico del territorio valenciano.

La repercusión que ha tenido la ejecución de estas obras ha movilizado a expertos de todos los ámbitos, creando un manifiesto con 16 argumentos en contra desde un punto de vista social, económico y medioambiental

Además, la repercusión que ha tenido la ejecución de estas obras en la actualidad también ha movilizado a expertos de todos los ámbitos, creando un manifiesto con 16 argumentos en contra desde un punto de vista social, económico y medioambiental apoyado por diversos geógrafos, economistas, turistólogos y expertos en medio ambiente de toda España.

Los motivos que han provocado la revuelta de parte de la sociedad y la esfera política son diversas. Una de ellas, según compila el manifiesto, es la crítica desde el punto de vista ecológico, donde no se cumplirían los parámetros mínimos de sostenibilidad marcados por la Ley Ambiental del 2013 sobre Evaluación de Impacto Ambiental y que no acata el marco general de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV-2011).

Jaume Vaello pertenece al grupo de ecologistas Xoriguer, ubicado en la Marina Baixa, y afirma que lo sostenible es construir del casco urbano hacia la sierra y no el término municipal por un lado, aparte de a que las urbanizaciones se les está dando un servicio caro y deslocalizado: “Siempre ha ido creciendo el centro urbano de forma natural y no haciendo urbanizaciones dispersas por la montaña”, sentencia.

“Siempre ha ido creciendo el centro urbano de forma natural y no haciendo urbanizaciones dispersas por la montaña”, sentencia Jaume Vaello

El manifiesto recoge otras objeciones como el impacto y deformación que generaría en la Vall del Pop junto al aislamiento de sus vecinos, los cuales estarían condenados a desplazarse en vehículo privado: “Somos una unidad geográfica y paisajística, no puedes tocar una parte sin que se deforme. El territorio no entiende de fronteras administrativas”, declaran fuentes de la plataforma ‘Salvem la Vall’.

Demasiada gente para poca agua: la batalla del suministro hídrico

Lo que ha generado más controversia en todo este tema es el suministro hídrico, es decir, de dónde recogerán el agua todos los chalés que se pretenden instalar. Partiendo de la premisa de que el agua es un bien público y hacía falta el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la empresa lo tenía muy difícil para establecer la fuente de dónde lo obtendría, sobre todo en una zona que ya se encuentra en una situación “crítica”, como indica el informe que el Ayuntamiento de Xaló trasladó a la Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática.

Una de las principales conclusiones que recoge el informe sería el “colapso” del sistema hídrico que dejaría sin agua potable varios meses en el año a Llíber, Alcalalí, Xaló, Parcent, Benissa y Benigembla. En cambio, la promotora Vapf contestó subiendo toda la documentación correspondiente de las obras en la nube de la web y asegura que cuenta con el visto bueno de la Generalitat. Respecto al agua, establece que las casas la alcanzarían del pozo que la empresa ha hecho en esa zona.

Una de las principales conclusiones que recoge el informe sería el “colapso” del sistema hídrico que dejaría sin agua potable varios meses en el año a Llíber, Alcalalí, Xaló, Parcent, Benissa y Benigembla

En este sentido, Gerard Fullana, que también ha sido concejal de agua en Xaló, insiste en que no hay ninguna fuente hídrica reconocida en los documentos y que este hecho ya fue advertido a la Generalitat de aquel momento —en manos del PP de Zaplana—: “Parece que ilegalmente han intentado excavar un pozo sin los permisos correspondientes y nosotros queremos ampliar la denuncia que hicimos al Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza)”, señala el diputado.

De hecho, según el mismo proyecto, que se puede encontrar en la página web del Ayuntamiento de Lliber, el macro PAI consumiría 568 m³ de agua diaria. Esto doblaría el consumo diario del municipio y superaría la capacidad de extracción de todo el sistema hídrico del Valle, consumiendo el 35% de la capacidad total que depende, eminentemente, de los pozos ubicados en Parcent, ya muy irregulares y explotados por la gran dependencia que se tiene de ellos.

El año 2022 Llíber consumió 216.660m3, y el nuevo PAI incrementaría el consumo de Llíber por encima del 100%. El consumo de agua de la urbanización implicaría superar de largo el consumo anual incluso del municipio de Xaló: “Yo he visto cómo los grandes suministros de agua nos pasan por bajo en Calpe y Benissa y los del interior no tenemos ni conexión. Es una salvajada hídrica”, confirma Fullana.

Un modelo de vivienda poco rentable y una indemnización amenaza: las previsiones futuras

Además del impacto visual y ecológico, el económico también se debe tener en cuenta. Por eso, ‘Salvem la Vall’ denuncia este modelo, conocido como de “baja densidad”; insiste en que estas zonas con poca gente y mal conectadas generan aislamiento, guetos y, sobre todo, dificultad para proveer de servicios públicos a las personas que viven en ellas: “Se ha demostrado que es un modelo que genera más pérdidas que beneficios por lo caro que es el mantenimiento a largo plazo, sobre todo cuando, por otro lado, tenemos casas que se están quedando vacías. En el caso de otros municipios que tienen este tipo de urbanizaciones, su implantación ha sido un desastre”, argumentan desde la asociación ciudadana. En el caso de Lliber, no llega a los 1.000 habitantes (concretamente 967), y esto supondría un incremento vertiginoso de la población en un breve espacio de tiempo.

Estas zonas con poca gente y mal conectadas generan aislamiento, guetos y, sobre todo, dificultad para proveer de servicios públicos a las personas que viven en ellas

Como ejemplo, Fullana cuenta que en Xaló hay dos PAI que han sido “una barbaridad”: “Tenemos dos en la montaña y es increíble todo lo que les suministramos y aspectos como el dinero que nos hemos gastado para la recogida de basura, por ejemplo. Además, es una vivienda que acaba siendo muy barata, contratada por personas fuera del pueblo... Dan muchísimos problemas para la administración y un impacto visual que baja la calidad del estándar turístico”.

Tanto es el conocimiento de este tipo de edificaciones que ya se han desarrollado publicaciones científicas como los Costos de l’Urban Sprawl per a l’Administració local, elaborado por la Universitat de València, donde verifican con datos la ineficiencia y la inviabilidad económica de estos asentamientos.

En conclusión, todo reside en la decisión de los tribunales y en la incógnita que se plantearía sobre la cancelación de las obras y la finalización de la concesión. Por un lado, lo que argumenta el Ayuntamiento de Lliber es que se tendría que pagar una indemnización de gran cuantía por toda la inversión que ha hecho la empresa, la cual tendría que recaer en el Ayuntamiento y en la gente de pueblo.

A pesar de que podría ser una de las opciones, desde la oposición tanto política como social perciben otras vías de acción. Desde ‘Salvem la Vall’ creen que el ayuntamiento “está jugando con el tema de la indemnización” porque, defienden, ha habido irregularidades y vacíos en la construcción por los cuales la empresa tendrá que hacer frente y sentencian que “nosotros miramos por el beneficio local y nunca impulsaríamos ninguna iniciativa que perjudicaría la gente de la Vall”.

En la localidad de Parcent, que también forma parte de la Vall del Pop, se ha parado un PAI y la empresa le está pidiendo 40 millones al Ayuntamiento, pero la empresa está perdiendo todas las denuncias

En la localidad de Parcent, que también forma parte de la Vall del Pop, se ha parado un PAI y la empresa le está pidiendo 40 millones al Ayuntamiento, pero asegura que la empresa está perdiendo todas las denuncias, además de que, según afirma Fullana, los tribunales no suelen concender la indemnización por el perjuicio que comportaría por los habitantes.

Sin embargo, es cierto que la batalla judicial por parte de estos grupos se puede ver truncada en cuanto a la tipología de la zona, que forma parte de las normas subsidiarias. Esto se traduce en que la montaña es zona urbana y el Plan General prevé ese PAI y, por lo tanto, es más difícil de parar: “Transformar un suelo rural a un suelo urbano es más fácil de parar que coger un plan urbano en desarrollo, porque en aquella época se quiso hacer todo urbano. Esto dificulta jurídicamente la batalla”, advierte Fullana.

Ahora, todo quedará parado hasta que el juez tenga la última palabra. Todo el proceso podría alargarse meses e incluso llegar al año. La empresa promulga que quiere hacer una urbanización sostenible con los últimos avances en eficiencia y sostenibilidad, disponiendo de paneles solares para alumbrado público, tratamiento de residuos y su reciclaje, incorporación de sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales, etc. Por otro lado, la afirmación de parte de la población es que la mejor urbanización sostenible es aquella que no está hecha.