Violencia machista
La plantilla del 016 será contratada con el convenio de intervención social y no de call center

La plantilla que atiende las llamadas y consultas del 016, que están contratadas con las condiciones del convenio de call center, pasarán a tener contratos por medio del convenio de intervención social. Los nuevos pliegos, que ya están redactados, favorecerán a empresas que contemplen medidas de conciliación y contra el acoso para su plantilla. Los pliegos contemplan también puntuar favorablemente a las empresas que tengan su sede en España. “Hay que cuidar a quien cuida”, ha justificado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que cree que los servicios públicos no pueden sostenerse en la precarización de la fuerza de trabajo.

Es una de las novedades que ha anunciado esta mañana Rosell. Los pliegos contemplan ampliar el presupuesto para este servicio en un 1’9 millones, y llegan además con otros cambio significativo: el 016 atenderá llamadas de víctimas de todas las violencias machistas reconocidas en el Convenio de Estambul y no solo casos de violencia de género en pareja.

Además, el servicio incluirá perfiles de psicología además de jurídicos, y se adapta un servicio para personas con discapacidad visual, una adaptación que se suma a la que ya se presta para personas con capacidad auditiva.

Se trata, según ha explicado Rosell, se continuar el trabajo de mejora del 016 que ya empezó el anterior Gobierno en funciones. De hecho, la entonces vicepresidenta Carmen Calvo mantuvo una reunión con trabajadoras del servicio después de que estas denunciaran las condiciones de la empresa adjudicataria en junio de 2018.

Además, en noviembre de 2019, se anunció que el 016 ampliaría su marco de actuación parar tratar de adecuarse al nuevo marco que plantea el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una medida que plantea múltiples retos como el de la especialización del personal o la creación de protocolos estatales. 

Entre las violencias que ha citado Rosell están las violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el acoso laboral y el matrimonio forzoso. El 016 tendría la misión de atender, además, a las violencias sexuales que recoge el anteproyecto de Ley Integral de Libertad Sexual, si bien habrá que valorar cómo, ya que esta ley, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde este martes 4 de marzo, aun tiene por delante mucho camino que recorrer antes de su eventual aprobación.

El 016 atenderá llamadas de víctimas de todas las violencias machistas reconocidas en el Convenio de Estambul y no solo casos de violencia de género en pareja

Sobre si el 016 atenderá a víctimas de trata, Rosell ha explicado que sí, dado que está entre las violencias sexuales. Sin embargo, ha recordado que es la intención del Gobierno desarrollar una ley específica de trata que podría contener medidas y servicios específicos.

Sobre los plazos, la delegada para la Violencia de Género ha aclarado que el contrato actual vence en junio y es previsible que se prorrogue hasta que pueda activarse el proceso del nuevo concurso con estos pliegos.

LEY DE LIBERTAD SEXUAL

Por otra parte, Rosell ha negado que existan críticas significativas al anteproyecto de la Ley Integral de Libertades sexuales y ha reprochado que las críticas que existen de “persona individuales” se centren en “minucias” sobre el proceso de elaboración.

Además, ha respondido a quienes interpretan que la ley pretende penar el piropo. Lo que plantea el texto, ha explicado, es incluir como delito leve el “acoso ocasional”, que hasta ahora no se contempla como delito. Se trataría de un tipo de acoso “leve, no reiterado pero sexista o sexual”, con pena de localización permanente —arresto domiciliario en domicilio distinto y alejado de la víctima— trabajos comunitarios, hasta un mes, o multa, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

Lo que se castigan son “expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que generen una situación humillante o intimidatoria”, ha explicado Rosell. Para que esto ocurra, primero la agredida debe denunciar, la Policía debe admitirlo y un juzgado tiene que valorar si “objetivamente” se ha producido una situación intimidatoria. “Quienes piensan que lo que se castiga es un piropo, tendrán que plantearse que tienen un problema”. 

“A quien dice que penalizamos el piropo le explicará que estamos hablando de comportamientos que causan objetivamente humillación, hostilidad o intimidación, a quien cree que una conducta es un piropo le diría que si la mujer denuncia, la Policía lo admite y el juzgado pena, igual quien no sabe lo que es un piropo”, añadía.