ACS
Pintura roja para protestar ante las violaciones de derechos humanos y contra el medio ambiente de ACS

Esta mañana una decenas de activistas han acudido a la junta de accionistas del Grupo ACS para escenificar con una acción no violenta las violaciones de derechos humanos y medioambientales que la empresa matriz y sus filiales ejercen en países como Guatemala y Palestina. Con esta acción no violenta, los activistas demandan la retirada de Florentino Pérez de la presidencia de la empresa. El grupo de activistas ha señalado la necesidad de contar con mecanismos vinculantes que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos.

“La acción era básicamente protestar ante la junta de accionistas para denunciar que sus megaproyectos están impregnados de impactos medioambientales y de vulneraciones de derechos humanos”, explica a El Salto Miriam García-Torres, portavoz de Ecologistas en Acción y autora del informe El IBEX 35 en guerra contra la vida. García-Torres explica que varias compañeras de distintas organizaciones se han puesto frente a la entrada del pabellón 7 del Ifema, donde se celebraba la junta, cuando entraban los accionistas, portando una pancarta. En un momento dado, se han echado por encima botes de pintura simulando sangre y se han echado al suelo.

No ha habido detenciones como consecuencia de la acción, pero el personal de seguridad privada sí ha cargado contra algunos de los activistas, con forcejeos y retenciones durante algunos minutos.

“Una vez se ha realizado la acción, ha llegado la seguridad privada. No puedo decir que haya habido agresión, pero sí un forcejeo bastante violento para controlar a un mediador”, explica Federico Larcher, quien añade que la seguridad privada ha hecho uso de perros y que ha habido tirones a la gente a las que han intentado retener hasta que llegaba la policía, que no ha intervenido.

Cómo robar un río

Uno de los proyectos más polémicos de la empresa ACS es el complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala, el más grande del país, que consta de cinco fases proyectadas a lo largo del río Cahabón. ACS participa en este proyecto como contratista principal de las obras de construcción, a través de su filial Cobra. El complejo Renace afecta al cauce del río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros de su recorrido, sobre el que se asientan alrededor de 20 comunidades indígenas q’eqchi con una población que suma las 29.000 personas.

La construcción del megaproyecto ha desatado una gran conflictividad social debido a los impactos generados. El más importante es la absorción por parte de las plantas hidroeléctricas del caudal superficial del río en cada uno de los tramos donde operan, comprometiendo seriamente la biodiversidad acuática y la disponibilidad de agua para la población local. Además del acaparamiento de agua, la apertura de carreteras, túneles y caminos necesarios para la construcción de la infraestructura ha provocado la contaminación del río así como procesos de deforestación y de privatización de tierras a lo largo de la cuenca.

Durante la construcción del complejo hidroeléctrico Renace se han documentado sucesivas prácticas que vulneran los derechos humanos de las comunidades locales. A la ausencia de un debido proceso de consulta libre, previa e informada, se suman prácticas irregulares como el incumplimiento de los pagos prometidos por la venta de terrenos, intimidaciones y amenazas a quienes se niegan a vender sus tierras, estrategias de injerencia y división de organizaciones comunitarias o cooptación de dirigentes locales.

Desde Ecologistas en Acción denuncian que quienes se oponen a la construcción de los proyectos hidroeléctricos en el Cahabón son objeto recurrente de procesos de criminalización, acoso y persecución. También amenazas de muerte y agresiones, además de la desaparición de una persona en 2014.

Proyectos en Palestina

Los activistas denuncian que otra filial de ACS, el grupo SEMI, “también está envuelta en crímenes de guerra en la Palestina ocupada”. En 2015, el grupo SEMI obtuvo un contrato para la electrificación de la red ferroviaria israelí y de la línea A1, que conecta Tel Aviv con Jerusalem. El trazado de esta línea incluye más de 6 kilómetros de red ferroviaria en territorio palestino ocupado y se construye en tierras expropiadas a dos municipios palestinos, Beit Iksa y Beit Surik. “La participación en este proyecto por parte de la empresa SEMI constituye un crimen de guerra, ya que supone el pillaje de tierra y recursos de la población local por parte de una empresa privada”, afirman desde Ecologistas en Acción.