Actualidad LGTBIQ+
Preservar o eliminar derechos: LGTBI en los programas electorales ante el aumento del odio

El pasado 3 de julio se cumplían dos años del asesinato LGTBIfóbico de Samuel en A Coruña. Un caso que conmocionó y movilizó a todo el colectivo LGTBIQ+ y que es la punta del iceberg de un aumento del odio a las disidencias sexuales en el estado Español que no para de tener ejemplos de forma continua en distintos ámbitos de la sociedad. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, las agresiones LGTBIfóbicas han crecido un 70% desde el año 2019. Delitos de odio que se reflejan de distinto modo: agresiones físicas, amenazas, burlas o acoso. El aumento de agresiones viene acompañado de una falta de denuncia por parte de las personas agredidas, según un estudio de FELGTBI+ publicado el pasado mayo, el 80% de las personas que sufren violencia no denuncian su situación.

El PP ha repetido en diversas ocasiones durante esta campaña electoral que derogará la Ley Trans aprobada por el Gobierno de coalición si llega al poder, ya que según su líder y candidato este 23J, Alberto Núñez Feijóo: “Banaliza el sexo y falta el respeto a los padres”

Unos actos violentos que vienen acompañados de un aumento del discurso de odio, según un estudio reciente de la consultora LLYC, los discursos LGTBIfóbicos en Twitter han aumentado en los últimos 4 años un 131% en España. Unos discursos que hace apenas unos años eran minoritarios y alejados del consenso social mayoritario que, sin embargo, en la actualidad están tomando el camino de una preocupante normalización, hasta tal punto que ya no sorprende que un partido que podría optar estás próximas elecciones a ser cuarta, o a unas malas, tercera fuerza política del país lleve en su programa electoral: “La Derogación de las leyes ideológicas que no protegen a las personas, sino que colectivizan al individuo y los someten a las exigencias de grupos de interés, ya sea LGTBIQ+ o Ley trans”.

Una amenaza que lleva en el centro de su discurso el partido de ultraderecha Vox y que ya está materializando en aquellos lugares donde gobiernan a nivel local con prohibiciones y censuras de discursos por los derechos LGTBIQ+ y obras en las que aparezcan referencias a las diversidades sexuales. La presencia de la ultraderecha en los gobiernos locales han supuesto no solo la puesta en marcha de distintas políticas municipales que recortan derechos a la disidencia, también avivan a las acciones LGTBIfóbicas en la población, como en el sonado caso de Náquera. En esta localidad valenciana, tras el anuncio del alcalde de Vox de descolgar la bandera LGTBIQ+ del Ayuntamiento, varios vecinos se dedicaron a arrancar banderas arcoíris de balcones privados.

En su programa, la ultraderecha también propone “Suprimir la fiscalía de Delitos de odio y marginación”. Por otra parte, Vox le da la vuelta a la tortilla y expone que detendrán “la persecución de opiniones, sentimientos o valores arraigados en nuestra sociedad camuflada bajo el ambiguo paraguas del “delito de odio”, que casi nunca se aplica a los verdaderos promotores del odio en España: los separatismos y la extrema izquierda”. Es decir, en un gobierno de ultraderecha los delitos contra el colectivo LGTBIQ no serían juzgados como delitos de odio.

Los coqueteos del PP con la ultraderecha se han vuelto relaciones formales en distintos territorios tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo. El acercamiento se ha reflejado en diversas oraciones en la actitud de Feijóo ante temáticas como la violencia machista, que ha llegado a denominar “divorcio duro” y los derechos LGTBIQ alegando que “es más fácil cambiar de sexo que sacarse el carnet de conducir”. Los populares necesitarán a la ultraderecha para poder gobernar a todas luces, pero, sin embargo, no quieren perder el voto de los electores más céntricos a su formación. Para ello están utilizando una estrategia que roza lo ilógico: en diversas poblaciones dejan a la ultraderecha a censurar obras con contenido LGTBIQ, pero en su programa electoral, siguiendo la bondad adulterada que se refleja en estos documentos con el objetivo de rascar votos, exponen que tienen como objetivo: “TRABAJAR POR LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGTBi” y añaden que: “El Partido Popular defiende el pluralismo y la diversidad como valores intrínsecos de la democracia” y prometen además seguir trabajando “por esa España diversa, por esa sociedad justa, a la vanguardia en la protección de los derechos y libertades”.

El PP ha repetido en diversas ocasiones durante esta campaña electoral que derogará La Ley Trans aprobada por el Gobierno de coalición si llega al poder, ya que según su líder y candidato este 23J, Alberto Núñez Feijóo: “Banaliza el sexo y falta el respeto a los padres”. Sin embargo, lo que refleja su programa en este sentido, suena mucho más constructivo: “Aprobaremos una nueva ley que garantice los derechos de las personas transexuales, una ley que nacerá del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales, buscando el consenso”. Ignacio Paredero, secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI, expone que esta propuesta esconde la vuelta a la estigmatización y medicalización de las personas trans: “Nos convertimos de nuevo en sujetos de derechos en función de lo que digan los médicos, el PP dice claramente que van a cambiar la ley y las van a pactar con los médicos”.

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El leitmotiv del 23J está siendo el fenómeno del ‘voto útil’ o ‘voto estratégico’. Una forma de decidir el voto en función del eventual resultado de las elecciones.

Paredero insiste en que la derogación de la ley trans no solo supone un recorte de derechos para el colectivo trans, sino que “eliminaría derechos de todo el colectivo LGTBI”. Derechos como la filiación de las parejas del mismo sexo no casadas, el derecho a la reproducción asistida de mujeres lesbianas y bisexuales y de personas trans con capacidad de gestar y la prohibición de las cirugías de asignación a los menores intersexuales que sean menores de 11 años, entre otras cuestiones.

Propuestas de los partidos progresistas

En contraposición a las derechas, los partidos progresistas coinciden en una preservación de los derechos LGTBIQ establecidos y una posible ampliación y avance en estos que se ve reflejado en cada programa con distintos niveles de implicación, especificidad y credibilidad.

Por su parte, el PSOE en su programa se autoproclama como “abanderado los derechos LGTBIQ en la esfera internacional” y hace un repaso de las políticas que han realizado en los últimos 20 años en sus diversos gobiernos. En este sentido, los socialistas argumentan en su programa: “Si durante el gobierno de Zapatero las personas del colectivo LGTBI dejaron de ser ciudadanía de segunda y vieron reconocidos sus derechos constitucionales y civiles, gracias al gobierno de Pedro Sánchez se ha construido un amplio aparato legislativo para impulsar el derecho al ejercicio de la plena ciudadanía, libre de discriminación y con independencia de la orientación, la identidad sexual y la expresión de género”. Un discurso que busca el voto de las personas del colectivo y que pretende borrar del imaginario social el recuerdo de los titubeos y los recelos a la hora de aprobar la Ley Trans, y la abstención de la socialista Carmen Calvo, rompiendo la disciplina de voto del PSOE.

Los socialistas cuentan entre sus propuestas la promoción de un pacto de estado contra la LGTBIFobia, la ampliación de derechos para las familias LGTBIQ y como medida a destacar la preservación de la memoria LGTBI: “Fomentaremos la conservación de la memoria del sufrimiento y la lucha del colectivo a través del centro documental de la memoria histórica.”, exponen en el documento programático.

Sumar, la formación encabezada por Yolanda Díaz que se muestra como la alternativa a la izquierda del PSOE y busca llegar a ser el tercer partido más votado en esta convocatoria, cuenta con un total de once medidas en torno a los derechos del colectivo LGTBIQ, que cuentan con un nivel de desarrollo mayor que el programa electoral de los socialistas. Entre las propuestas que versan sobre distintos ámbitos: sanitario, educativo, legislativo y cultural destacan dos proposiciones.

Paredero insiste en que la derogación de la ley trans no solo supone un recorte de derechos para el colectivo trans, sino que “eliminaría derechos de todo el colectivo LGTBI”

Por un lado, Sumar propone la creación de protocolos sanitarios específicos “dirigidos a cubrir las necesidades del colectivo LGTBI+ y garantizar su atención sociosanitaria, de forma que se evite cualquier forma de violencia y discriminación por razón de género”. Una medida que responde a una necesidad específica manifestada por el colectivo LGTBIQ. En 2013, la FELGTB realizaba una encuesta que revelaba que un 20% de las personas LGTBIQ+ se habían sentido discriminadas en el ámbito sanitario.

La coalición de izquierdas además hace una apertura hacia la interseccionalidad con un punto dedicado específicamente a las personas migradas y refugiadas LGTBIQ y pretenden: “Impulsar campañas de incidencia que permitan que las personas LGTBI+ refugiadas y migrantes conozcan sus derechos, así como revisar y mejorar las medidas relacionadas con el trámite, la atención, la acogida, la resolución de las solicitudes de protección internacional de aquellas personas que sufran persecución en sus países de origen o en países de tránsito por su orientación sexual o su identidad de género”.

El PNV no cuenta con ninguna mención a la realidad del colectivo LGTBIQ. La CUP no cuenta con medidas específicas, pero advierte sobre el avance de la derecha contrario a las personas LGTBIQ. Esquerra Republicana refuerza su apoyo al colectivo con la abrogación por “Una República catalana que garantice la diversidad afectiva y sexual y la identidad y expresión de género”.

Bildu cuenta como entre sus propuestas el desarrollo de políticas públicas transversales a través de “la creación de foros LGTBI+ en los distintos departamentos”. El partido andaluz Adelante Andalucía cuenta en todo su programa con la cuestión LGTBIQ transversal a distintas temáticas y hace hincapié en cuestiones sanitarias, de acceso al empleo y de recuperación de la memoria histórica. Es la única formación política que aborda con especificidad cuestiones como la violencia médica a las personas intersexuales y propone la “abolición de la cirugía mutiladora y todo lo que conlleva el proceso de reasignación de sexo normativo en personas intersexuales al nacer”.

Los derechos de las personas LGTBIQ son una de las cuestiones que más en juego están ante estas próximas elecciones generales. Desde la FELGTBI recuerdan: “Hay quien está proponiendo avances y quienes retrocesos que podrían suponer la involución de varias décadas”.