Adicciones
El Ayuntamiento de Leganés deja morir su centro de atención a drogodependientes

Rosa Martínez lleva tres meses sin ser atendida por la psicóloga. Hace seis meses tampoco tiene médico al que acudir. El doctor, que además actuaba como director del centro, se jubiló y aún no se ha repuesto su figura. Hoy solo cuenta con una psicóloga —cuando el convenio prevé cuatro— un enfermero —cuando el convenio prevé dos— dos trabajadores sociales y un auxiliar de enfermería. Y se siente cada vez más desatendida.

Rosa es una de las 350 usuarias y usuarios del Centro de Atención Integral a la Drogodependencia (CAID) de Leganés que observa con preocupación cómo se está “dejando morir” este servicio. Un servicio gestionado por el Ayuntamiento de Leganés que recibe una subvención de 600.000 euros anuales de la Comunidad de Madrid. Y que hoy no puede acoger a nadie más porque, sin médico, no hay ninguna figura que paute el tratamiento necesario. “Yo llevaba 17 años en el CAD de Tetuán y por cercanía me derivaron aquí. Llevo prácticamente un año y medio y cuando llegué me quedé alucinada porque no había de nada. Y hoy está peor”, asegura Martínez.

El año comenzaba con un Gobierno de Leganés —PSOE y Más Madrid— cuestionado por muchos frentes. Asociaciones vecinales, plataformas sindicales, colectivos ciudadanos y oposición señalaban la “desidia” que reina en el consistorio y que está poniendo en peligro muchos de los servicios que suministra. Algunos ya se han dejado de suministrar, como el programa de apoyo a escolares en situación de vulnerabilidad “Escuela Abierta”. Y otros se desarrollan con muchas carencias, como la Escuela de Música, sin seis profesores y sin equipo directivo. Un consistorio que cuenta con superávit y que arrastra todavía los presupuestos generales de hace dos legislaturas, cuando gobernaba el PP. Entre las prestaciones que o bien ya se han extinguido o bien están en el alambre está el CAID.

El pasado 13 de enero el PP denunciaba que el ayuntamiento ha devuelto más de un millón de euros en ayudas destinadas a este servicio. Mientras, las bajas no se cubren. “Ahora mismo el CAID está hecho un caos y creo que lo están haciendo aposta. El alcalde quiere deshacerse de esto. Al no estar el médico, no hay ni tratamiento personalizado”, explica Martínez, portavoz de todas las personas que acuden al centro y que se han organizado para impedir lo que parece un cierre inminente.

La intermitencia en el servicio de analíticas, lo que genera problemas jurídicos para muchos de los usuarios, que no pueden justificar un requisito imprescindible para no cumplir penas

Por su parte, el alcalde socialista, Santiago Llorente, asegura que el servicio ofrecido “no es competencia del ayuntamiento”. “Los funcionarios que velan por el cumplimiento de la legalidad en nuestro ayuntamiento cada vez nos dificultan más esa gestión porque entienden que no es competencia nuestra”, señala Llorente en medios locales. El regidor pone además como pretexto la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Desde la sección sindical de UGT del Ayuntamiento de Leganés le recuerdan que según el artículo 27 de esa misma ley los municipios con más de 20.000 habitantes deben prestar “la atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social”. “Queremos decir que en ningún caso es ilegal, ni mucho menos, que el Ayuntamiento preste servicios como el CAID”, denuncian.

Así se hace en otros municipios limítrofes como Fuenlabrada o Getafe, centros a donde están derivando a los pacientes de Leganés, según explica Rosa Martínez. “Para acceder a este programa tienes que pasar por la trabajadora social y por el médico que es el primero que te da el tratamiento. Como aquí no tenemos médico y no hay nadie que te paute tratamiento ya están mandando a gente a Fuenlabrada o a Getafe pero allí te piden el padrón”, afirma mientras añade que ya hay una lista de espera “tremenda” y que ahora mismo solo se está dispensando metadona a los 80 usuarios que necesitan esta sustancia. “Quien esté consumiendo cannabis u otro tipo de sustancia no tiene tratamiento”.

Martínez añade otro problema más: la intermitencia en el servicio de analíticas, lo que genera problemas jurídicos para muchos de los usuarios. “Antes se hacían los jueves y los lunes, ahora no siempre. La gente que tiene pequeñas penas judiciales en suspenso a condición de mantenerse abstinentes no puede demostrarlo si no se suministra este servicio. Esta gente podría volver a la cárcel”, destaca esta usuaria.

Desmantelamiento de la red de atención a drogodependientes

La situación de este CAID se inserta en un contexto vulnerable. La atención a la drogodependencia en la Comunidad de Madrid fue gravemente apuñalada con la crisis y los recortes consiguientes, de más de un 30% en la época de Aguirre. El año 2012 arrancaba con el cierre de la primera y única narcosala existente en la comunidad, la de Las Barranquillas. Desde la Agencia Antidroga aseguraban que la zona ya estaba despoblada, pero este dispositivo seguía atendiendo a más de un centenar de drogodependientes al día.

Poco después cerraba la Comunidad Terapéutica de El Batán, donde usuarios y trabajadoras resistieron al envite de la comunidad, primero ocupando el espacio y después creando la asociación Garaldea. Finalizaba ya el año cuando la comunidad anunciaba el cierre de otros cuatro Centros de Tratamiento a Drogodependientes.

Hasta que en 2015 cerró la propia Agencia Antidroga, pasando sus competencias a la Dirección General de Salud Pública. Por el camino también se han ido perdiendo otros dispositivos como Pisos de Apoyo a la Desintoxicación o a la Reinserción. Hoy esta red de atención a la drogodependencia está protagonizada por los CAID que quedan, 24 en toda la comunidad, y los Centros de Atención a las Adicciones (CAD), que son 10 y están gestionados por Salud Madrid (Ayuntamiento de Madrid). Usuarias y vecinas de Leganés temen que el centro del municipio se cierre o se privatice “quedando en manos del trifachito que gobierna Madrid”.

Los usuarios y usuarias, unidas a más de 30 colectivos del municipio, ya han salido a la calle en dos ocasiones. La primera vez fue el 15 de diciembre, en una multitudinaria manifestación que recorrió el municipio en defensa de los servicios públicos. Después el 15 de enero, en una protesta frente al CAID. Y los colectivos ya avisan de unos meses calientes con un calendario de movilizaciones que comenzarán el próximo 16 de febrero en el barrio de Vereda de los Estudiantes, bajo el lema “Leganés, ciudad abandonada”.

“Somos el último escalón de la sociedad, yo cobro el RMI [renta mínima de inserción]. La mayoría no trabajan. Si les quitan este servicio que tienen que tomar diariamente no sé qué va a pasar. Si nos cambian de centro habrá gente que no podrá desplazarse por incapacidad económica”, alerta Rosa Martínez mientras añade que esto no es un problema sectorial sino de toda la comunidad. “Siempre salimos escaldados los que menos tenemos. Esto es un problema social, si esto falla vienen las recaídas, los pequeños hurtos… y todo porque esta gente lo quiere tirar por la borda”, concluye.