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Banca Armada finaliza su campaña de protestas en juntas de accionistas de los principales bancos españoles

Durante las últimas semanas, han estado presentes en las juntas de BBVA y el Banco Sabadell, y este viernes lo estarán en las del Santander y CaixaBank. En esta última realizarán también una acción de artivismo —la conexión que nace de la mezcla del arte y el activismo—. Lo hacen gracias a las participaciones cedidas por algunos accionistas que consideran de especial relevancia las denuncias de la campaña y les permiten hacer uso de su turno de palabra, algo que obliga a los principales responsables de las entidades tanto a escuchar sus intervenciones como de responder a ellas.

Todas estas intervenciones son respaldadas por un trabajo previo de investigación recogido en el informe Radiografía de la banca armada a la Comunitat Valenciana, publicado por Setem PV y elaborado en colaboración con el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. En él, se recoge toda la información sobre el dinero que se destina a la financiación de la industria armamentística, así como qué organizaciones e instituciones continúan trabajando con las entidades financieras que conforman la “banca armada”, haciendo hincapié también en la incoherencia que supone para muchas de ellas, al estar incumpliendo así los valores que pretenden defender ante la sociedad. 

El informe muestra cómo el propio sector público, y en especial la Generalitat Valenciana, sigue siendo incapaz de abandonar la dependencia de estas entidades financieras, a pesar de que “en los últimos años haya intentado dar pasos hacia la banca ética”

El informe muestra, entre muchas otras cosas, cómo el propio sector público, y en especial la Generalitat Valenciana, sigue siendo incapaz de abandonar la dependencia de estas entidades financieras, a pesar de que “en los últimos años haya intentado dar pasos hacia la banca ética”, según destaca María Fraile, coautora del informe y colaboradora del Centre Delàs.

Concretamente, en torno al 16% del endeudamiento valenciano se encuentra en manos de entidades financieras privadas, es decir, más de 8.000 millones de euros. Es más, de todo ello, cinco grandes bancos (CaixaBank, Santander, Sabadell, BBVA y Abanca) concentran casi un 10% del total del endeudamiento valenciano. La gravedad de los datos radica, según explica Fraile, en que “el sector privado tradicional es casi seguro que tiene, por defecto, conexiones con la industria armamentística. Los datos lo confirman, aunque Fraile pone el foco sobre lo que no sabemos: “Conocemos solo la punta del iceberg, a nivel internacional la trazabilidad del dinero es muy complicada”.

Otro de los grandes puntos es la presencia de estas entidades en las universidades públicas valencianas. El Banco Santander, concretamente, está presente en todas ellas

Otro de los grandes puntos es la presencia de estas entidades en las universidades públicas valencianas. El Banco Santander, concretamente, está presente en todas ellas. La connivencia entre ambas partes llega hasta tal punto que en algunos centros, como la Universitat de València, se ofrecen cuentas en este banco a los alumnos cuando estos acuden a crear el carné universitario. No es raro, tampoco, ver sucursales bancarias del Santander en los campus.

El problema de la intromisión de empresas privadas en la educación pública es sistémico, y no solo en el País Valencià. Todo tipo de grandes corporaciones están presentes en cátedras, estudios y un sinfín de aspectos de la vida académica, algo que han denunciado también movimientos como End Fossil: Occupy, con especial éxito en Barcelona. Con todo ello, Javier Toca, también coautor del informe y colaborador de Delàs, considera que “hay una total reticencia a excluir a este tipo de entidades”.

Estos informes han contribuido a que el tema gane cada vez más importancia en la opinión pública, y especialmente en la conciencia de los clientes. Así las cosas, la respuesta de las entidades financieras está siendo, como indica Fraile, el “peacewashing” una suerte de greenwashing pero en términos de paz, mediante el cual, los grandes bancos anunciarían el fin de la inversión en ciertos productos muy concretos para poder mantener el resto de inversiones en toda la maquinaria de trasfondo de la industria armamentística sin quejas. Hay veces, cuenta Fraile, que dichos productos “han sido previamente prohibidos por organismos internacionales”, por lo que estas entidades estarían anunciando acciones que les han venido por prohibiciones legales ajenas a ellos.

Por todo ello, tanto los investigadores como la propia campaña pide la creación de mecanismos de control, como unas cláusulas éticas de financiación que dificulten la colaboración con estas entidades, así como el impulso de la banca ética y las cooperativas de crédito, dos alternativas que permiten un mayor seguimiento del dinero y una importancia mayor, como su nombre indica, de los valores éticos y morales en las operaciones financieras.