Catalunya
Premià de Mar apuesta por el diálogo frente a la escalada racista

En la tarde de ayer, debía celebrarse una manifestación en repulsa por el ataque a pedradas de un piso ocupado por jóvenes magrebíes en Premià de Mar (Barcelona). Pero el miércoles la plataforma de vecinos y movimientos sociales decidió posponerla para no avivar la fractura social que vive el municipio, constituirse en la Coordinadora Premià per la Convivència y dialogar con todas las partes de un conflicto que consideran que ni es solo racismo, ni es solo seguridad ciudadana. 

Premià de Mar es un municipio costero de poco más de 28.000 habitantes situado a 24 kilómetros al norte de Barcelona. Uno de cada cuatro vecinos (el 27%) nació en el extranjero, según los datos del censo de 2019. En la última oleada migratoria del Estado, a comienzos de los 2000, la diversidad cultural, principalmente la relativa a la comunidad islámica, que renunció a la construcción de una mezquita en aras de la paz, y posteriormente la llegada de menores no acompañados, han generado tensiones y han sido motivo de batallas campales, sobre todo cuando personas de extrema derecha han azuzado el árbol maduro. 

El 4 de julio de 2019, hubo un estallido violento —el tercero de ese año— contra el centro de menores tutelados por la Generalitat en El Masnou, el pueblo colindante al sur de Premià. Sectores de la extrema derecha hicieron un llamamiento para asaltar el centro, lo que terminó con tres menores y dos adultos heridos. El asalto se pertrechó en las redes sociales como venganza a un intento de agresión sexual de un menor tutelado a una mujer, que frenaron los propios amigos del agresor, según indicó el atestado policial. El menor fue detenido por intento de agresión sexual; otros seis hombres fueron arrestados por el asalto.

La ecuación menor tutelado —o extutelado—, chaval culpable, se activó en las últimas cinco semanas gracias a la eficacia de la rumorología y la velocidad de las redes sociales, a raíz de dos hechos delictivos sin relación alguna con el colectivo de jóvenes magrebís.

Agressió a joves migrats a #PremiàdeMar. Un grup organitzat llença pedres i increpa un habitatge. No tolerarem racistes als nostres pobles! #AlertaUltra pic.twitter.com/K22OpengQF

— UCFR Premià (Unitat Contra el feixisme i racisme) (@UCFR_Premia) June 14, 2020

Esta vez, todo explotó el pasado domingo 14 de junio, cuando decenas de vecinos apedrearon a cuatro jóvenes magrebíes que vivían en un piso ocupado en la plaza Doctor Ferran y a los que culpaban de la agresión sexual cometida días antes en el pasadizo subterráneo que comunica el pueblo con la playa. Los Mossos d’Esquadra afirman a El Salto que “no hay conexión, ni elementos, ni evidencias por las que se pueda atribuir esa agresión a estos jóvenes”. Pero dicha afirmación, o llegó tarde, o cayó en saco roto. Los movimientos sociales de Premià habían alertado al Ayuntamiento de que la tensión estaba creciendo, y mucho. Y no se sintieron escuchados por el Gobierno municipal.

Una paliza a un Mosso d'Esquadra y un intento de agresión sexual avivaron la sensación de inseguridad y muchos vecinos culparon a jóvenes extutelados que vivían en un piso ocupado

La mecha

La mecha prendió el 9 de mayo, cuando un Mosso que estaba fuera de servicio increpó a unos hombres para que se pusieran la mascarilla, aunque no era obligatoria. Los increpados no le hicieron caso, le arrebataron la porra extensible y le golpearon con ella hasta romperle varias costillas y herirle de gravedad en un ojo, del que fue operado. 

Una vez más, desde los Mossos sostienen claramente que no fueron los chavales apedreados, ni cualquier persona de origen magrebí: “La investigación sigue abierta, pero en ningún caso se relaciona a magrebíes como los autores de los hechos”.

La agresión sexual de tres hombres que acosaron y sobaron a una mujer en el pasadizo subterráneo y la paliza al mosso son hechos, así como el aumento de los robos con violencia a transeúntes y en los comercios. Delitos por los que gran parte de la población de Premià siente que su seguridad está comprometida. 

Pero esta vez, desde los movimientos sociales consideran que la ecuación ataque racista, extrema derecha, no funciona. Se creó un grupo en las redes que se autodenomina Derramamiento de sangre, se escucharon consignas propias de voxeros como moros de mierda y arriba España, hubo personas que se presentaron con bates de béisbol en el apedreamiento al piso ocupado, un asalto que tenía cierta organización previa, y que siguió más allá de la plaza y lejos de los teléfonos móviles.

Pero lo que no les encaja a los movimientos sociales es que “había personas que participaron que no puedes cuadrar en el racismo, ni en la extrema derecha”, expresa un miembro de la Coordinadora, Marc Montañés. “A lo largo del tiempo, nadie ha hecho nada por evitar la elevada tensión que se respiraba antes de esa manifestación que acabó a pedradas. Creemos, o al menos ese es el feedback que hemos recibido, que hay un problema que no está solucionado y que se reproducirá en otro lugar si no se aborda”, sostiene.

“Había personas que participaron en el ataque que no puedes cuadrar en el racismo ni tampoco en la extrema derecha”, expresa un miembro de la Coordinadora per la Convivència, Marc Montañés

Por el apedreamiento al piso de los jóvenes, dos personas fueron detenidas. Dos hombres de 32 años de nacionalidad española, aunque uno de ellos nació en el extranjero. No es magrebí, tampoco blanco. Lo que sí es es comerciante, como su compañero que también decidió tomarse la justicia por su mano. ¿Puede ser acusado de racismo una persona racializada que se siente insegura al abrir la persiana de su tienda? 

Esa pregunta compleja propia del racismo estructural probablemente tiene su respuesta en la pobreza de unos jóvenes que la administración tutela cuando son menores y desampara cuando cumplen la mayoría de edad y se quedan sin techo, sin comida y sin red social ni afectiva que les resguarde para no terminar abocados a la delincuencia. Los jóvenes del piso ocupado acumulan detenciones por robos, algunos de ellos con violencia, pero ni agredieron sexualmente a una mujer ni agredieron al policía. 

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Menores migrantes

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La categoría MENA se ha convertido en un lugar común para deshumanizar a niños extranjeros sin rostro. Lo que no se cuenta es la desprotección que padecen a partir de los 18 años, su vida en la calle y el tipo de gestión tutelar que se hace desde las instituciones.

De lo que probablemente sí se les puede responsabilizar —una vez más el racismo estructural— es de ser un foco de problemas de convivencia en la escalera del piso donde residían y en la plaza. El piso no tuvo agua hasta el confinamiento, que por ley decretó que todas las viviendas debían tenerla y un colectivo del municipio se encargó de realizar los trámites. Hasta entonces, se duchaban en las fuentes de la plaza. 

Se desconoce el número real de ocupantes del inmueble, solo cuatro han sido trasladados por los Mossos a un alojamiento cuya identidad no ha trascendido para evitar estigmatizarlos, pero por el piso han podido pasar hasta quince chavales distintos, unos cinco de ellos mucho más conflictivos que el resto, según fuentes cercanas a los vecinos.

El alcalde realizó unas declaraciones en las que achacó el ataque únicamente a los problemas de delincuencia, JuntsXCat tuvo que emitir un comunicado para reprobar sus palabras

Los niños sienten miedo

En la escuela de Premià, las niños y las niños de todas las nacionalidades del municipio volverán en septiembre a reencontrarse y compartir recreo con independencia de las filias, fobias y rencillas de sus familias, recuerda Marc Montañés, padre de dos hijos. “La comunidad islámica tiene miedo, sus hijos lo sienten al ir por la calle y esos hijos son compañeros de los nuestros en la escuela”, describe.

“Nuestro objetivo es que todas las personas de Premià puedan andar tranquilamente por la calle. Esta es nuestra línea de trabajo e intentamos implicar a todas las instituciones posibles, aunque el Ayuntamiento no ha sido muy receptivo hasta la fecha”. Para ello, han empezado a hablar con algunas personas que participaron en el ataque, con jóvenes tutelados o extutelados, con vecinos del piso ocupado, con comerciantes, con miembros de la comunidad islámica. Con el máximo número de personas posible con el objetivo de rebajar la tensión y que todas las partes se sientan escuchadas. Pero el papel institucional es fundamental para resolver esta situación.

Sin embargo, el alcalde, Miquel Àngel Méndez, realizó esta semana unas declaraciones en Ràdio Premià en las que achacó el ataque únicamente a los problemas de delincuencia y desechó el racismo como motivación de las pedradas dirigidas a un colectivo racial concreto al que gran parte de la población culpa de delitos que no ha cometido. Sus palabras abrieron una pequeña fisura en su partido, JuntsXCatalunya, que emitió un comunicado para “censurar” la postura del alcalde, la cual consideran “inaceptable”. 

Se da la casualidad de que el actual consejero de Interior, Miquel Buch, fue alcalde de Premià de Mar desde 2007 hasta 2017, cuando el proyecto de mezquita que la comunidad islámica había conseguido presentar —compra del solar incluida con sus propios medios económicos— quedó enterrado en el fondo de un cajón. 

La costa al norte de Barcelona es un nicho para destacar políticamente desde la derecha: el consejero de Interior, Miquel Buch (JuntsXCat), fue alcalde de Premià; la tesorera de Vox en Barcelona, Mónica Lora, fue regidora ocho años en Mataró y Badalona alumbró a Xavier Albiol (PP)

Destacar políticamente por la derecha

La costa al norte de Barcelona es un nicho para destacar políticamente, siempre desde la derecha. Buch lo hizo en Premià, sin resolver la convivencia, la inseguridad, ni la gestión de las creencias religiosas y ahora dirige el Departamento de Interior. Unos 18 kilómetros al sur, se encuentra Mataró, donde la actual tesorera de Vox en Barcelona, Mónica Lora, fue regidora durante ocho años y su nombre suena en las quinielas políticas como candidata a la presidencia de la Generalitat por el partido ultra. Actualmente, vecinos de Mataró se han organizado en patrullas vecinales. A 30 kilómetros al sur, pegada a Barcelona, se encuentra Badalona, ciudad que alumbró a uno de los líderes del Partido Popular públicamente más racista, Xavier Albiol.

Los Mossos d’Esquadra de Premià de Mar confirmaron ayer que en breve se celebrará una reunión de la mesa de Seguridad en la que participarán los Mossos, la Policía Local, miembros de todos los partidos políticos, los Servicios Sociales del Ayuntamiento y vecinos. 

Una mesa que podría haber llegado antes si el alcalde la hubiera convocado. A mediados de mayo, más de 40 colectivos firmaron un comunicado de repulsa al “alarmismo y la rumorología” ante los comentarios racistas y las amenazas que empezaron a levantarse contra jóvenes migrados y racializados. 

En el comunicado, consideraban legítimas “las organizaciones vecinales encaminadas a encontrar una manera de trabajar colectivamente y de forma comunitaria la seguridad para que todos y todas podamos caminar tranquilamente, también las personas migradas y/o racializadas”, pero alertaban de que imágenes de jóvenes, incluso menores de edad, “terminaban en grupos violentos de extrema derecha, poniendo directamente en peligro a estas personas”.

Los colectivos condenaron “la violencia en la calle, las agresiones y los robos” y aseguraron ser “conscientes de que somos un pueblo vecino de un centro de menores, y sabemos que los jóvenes son expulsados a vivir en la calle el día de su 18 aniversario”, pero recordaron que “también somos un pueblo de acogida y esperamos estar a la altura y recibir a estos jóvenes con el respeto que se merecen”. Para ello, reclamaron una gestión pública, porque “ninguna persona tiene que vivir en la calle”.