Ceuta
La crisis en Ceuta necesita de una respuesta feminista y antirracista

Las referencias constantes al lenguaje bélico como escenario para mostrar el poder del gobierno sobre una determinada población en un determinado territorio, en el que existe una soberanía que no puede ser vulnerada, así como el monopolio del uso legítimo y coercitivo de la fuerza, han marcado las comunicaciones oficiales del presidente y de su equipo de ministros en relación con los hechos acaecidos en Ceuta.

Un rol protagonista del Ministerio del Interior en las relaciones con otro país muestra cómo la agenda migratoria española y europea viene marcada por la externalización de fronteras: España puede pagar, paga y pagará para que otros países se lleven a las personas que quieren entrar al territorio, lo más lejos posible de las pantallas y del imaginario de la ciudadanía española. No vaya a ser que no les vuelvan a votar.

España puede pagar, paga y pagará para que otros países se lleven a las personas que quieren entrar al territorio, lo más lejos posible de las pantallas y del imaginario de la ciudadanía española.

Control, rapidez, dinamismo, dinero y poder, han sido parte de los conceptos e instrumentos detrás de los discursos oficiales, de forma más o menos explícita. Escuchando dichos discursos, sin embargo, echamos en falta la referencia a otros elementos de mayor calado: una reflexión más amplia y un reconocimiento de la complejidad de las migraciones que lejos de ser una circunstancia excepcional, son un factor estructural de resiliencia, inherente a la humanidad. Reconocida jurídicamente para unos pocos, a través de pasaportes occidentales que abren las puertas de todo el mundo. Y negada para la mayoría que, a base de acuerdos políticos y económicos internacionales entre gobiernos, intenta ser fijada en los lugares por los que se desplaza y, sin embargo, no se consigue. El movimiento es imparable, no importa cuán grande, alta o desgarradora sea la valla. Porque la alternativa, muchas veces, es la muerte. Tal vez más lenta, pero muerte también.

No ha habido prácticamente ninguna referencia al respeto de los derechos humanos de estas personas, ninguna pregunta sobre el porqué de su desplazamiento, cero reflexiones sobre las posibles responsabilidades de actores públicos o privados españoles o europeos que toman decisiones sobre lo que ocurre en el continente africano. O que contribuyen al expolio de recursos preciosos, o al acaparamiento de tierras, o al cambio climático y la desertificación.

Las personas que atraviesan esas fronteras con sus cuerpos intentan equilibrar una balanza estructuralmente desequilibrada en su contra. Podrá desplegarse todo el poder del patriarcado occidental, pero el movimiento no cesará.

En marzo de 2021, el gobierno publicaba su documento sobre una política exterior feminista española. La falta de articulación de un proceso participativo al respecto, y un enfoque fuertemente securitario hace del mismo una oportunidad perdida tal vez para considerar cuáles deberían ser los fundamentos de dicha política. Pero en todo caso, los hechos de Ceuta son también una oportunidad perdida para despatriarcalizar la política exterior.

Es necesario una narrativa que se aleje del lenguaje bélico, y de la imagen de la persona migrante como enemiga

En este sentido, es necesaria una narrativa que se aleje del lenguaje bélico, y de la imagen de la persona migrante como enemiga. No hablemos si quiera del término invasión, con el que la ultraderecha ayer se refería a lo ocurrido. Menores de edad, familias con hijos e hijas muy pequeños, personas exhaustas que llegaban a la playa… son los ejércitos los que invaden.

Es fundamental un enfoque interseccional y antirracista, que incorpore el reconocimiento del propio poder y mecanismos de reparación de los daños colectivos e individuales realizados. Así mismo son imprescindibles mecanismos para la participación de las personas afectadas por la política exterior. Las personas tienen voz, pero muchas veces faltan los espacios de escucha; e instrumentos de rendición de cuentas en la violación de derechos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

La violencia policial, así como la falta de garantías jurídicas en las devoluciones en caliente exprés que se están produciendo en frontera no puede quedar impune. Necesitamos soluciones a largo plazo: vías seguras y legales. Esa es la única medida realmente efectiva, y tal vez incluso la más económica, para evitar que las personas recurran a medios irregulares, que pagan con sus cuerpos y sus vidas.