CIE de Aluche
Nuevas denuncias por vulneración de Derechos en el CIE de Aluche

Un grupo de 101 internas e internos han presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 19 con funciones de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, una carta común denunciando la “vulneración de Derechos fundamentales”. Intentos de suicidio derivados de los malos tratos, agresiones físicas a internas, arbitrariedad en la organización de las visitas, tratos humillantes en los cacheos, internamiento de personas con problemas psiquiátricos, y “lesiones, coacciones y amenazas” por parte del personal policial, son algunas de las situaciones detalladas.

La carta, firmada el pasado 28 de abril y difundida por las organizaciones sociales que hacen visitas a las personas encerradas en ese Centro, es un decálogo de “vulneración de derechos humanos” que, en cierta forma, viene a reiterar decenas de quejas y denuncias que se acumulan desde hace años contra las autoridades de este Centro y el personal policial que allí trabaja.En el primero de los puntos cuestionan el encierro por “un procedimiento administrativo y no penal”, y critican que en los sesenta días de internamiento previstos por la Ley no se contabilicen las 72 horas que en la mayoría de los casos pasan detenidas en comisaría, antes de llegar al CIE.Asimismo, denuncian que la vulneración de sus derechos afecta también a familiares y visitantes, “quienes, en algunos de los casos, deben desplazarse hasta 800 km para tan solo 25 o 30 minutos de visita, situaciones que no se presentan ni en una prisión”, advierten.

La queja por la arbitrariedad en el sistema de visitas es una constante en los diferentes informes que se conocen respecto al funcionamiento del CIE de Aluche

La queja por la arbitrariedad en el sistema de visitas es una constante que se repite con asiduidad en los diferentes informes anuales y publicaciones de denuncia que se conocen respecto al funcionamiento del CIE de Aluche. Ya en 2009, hace diez años, en el libro “Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros”, publicado por Médicos del Mundo Madrid, SOS Racismo Madrid y la Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, se dejaba constancia de estas irregularidades.“A los familiares nos dejan hablar con ellos cinco minutos, y con cinco minutos es que no puedes decir nada ¿me entiendes? No nos dejan meter a los niños y eso no puede ser así, ¡Vamos! Ellos son humanos y nosotros igual”, relataba en abril de 2008 la esposa de Roland, un inmigrante colombiano que finalmente fue expulsado. La carta, presentada ante la titular del Juzgado 19, María Inmaculada Iglesias Sánchez, denuncia también “malos tratos verbales y físicos. Gritos, insultos, empujones y golpes”, además del “desprecio y humillación” sufrida al momento de ser cacheadas. Incluso relatan la agresión sufrida por una interna en el momento de la comida.“El día miércoles 24 de abril del año en curso una compañera en el módulo de mujeres fue golpeada en el servicio de comida, poniendo de manifiesto la humillación creada y manifestada por parte del funcionario que la agredió”, describe el escrito difundido este jueves y agrega que es “indignante que nuestras compañeras, que las mujeres que se encuentran en este CIE tengan que ser sometidas a este sistema de humillación, desprecio y de vulneración de derechos humanos”.

Se suma la denuncia por agresión contra un interno con problemas psiquiátricos, y el encierro de diferentes personas con patologías de este tipo

A la misma se suma la denuncia por agresión contra un interno con problemas psiquiátricos, y el encierro de diferentes personas con patologías de este tipo. “Tenemos el caso del interno nº de NIE (aparece oculto) y nº de interno (oculto) que cuenta con informe de psiquiatría, que por cierto fue a quien en la madrugada del 27 de abril del año en curso le fue proporcionada una brutal paliza ocasionándole uno de los golpes un severo trauma craneoencefálico, derivándose del mismo una hemorragia en su ojo izquierdo”, aseguran.Otro de los reclamos expresados por estos 101 internos e internas, una queja recurrente en la triste historia de funcionamiento de este Centro, tiene que ver con la mala alimentación. En este caso, se centra en la espera en el patio para pasar al comedor “sin importar la lluvia o factores climatológicos extremos” y el escaso tiempo disponible para comer. “Contamos con un tiempo máximo de ingerir los alimentos de entre 10 a 13 minutos”, denuncian.En el punto séptimo acusan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de actitudes que incurren “en tipos penales como lesiones, coacciones y amenazas”, que habrían derivado en intentos de suicidio por parte de internos afectados.“Han llegado internos a intentarse quitar la vida por tanta vejación sufrida, inclusive algunos compañeros nuestros al llegar a su país de origen han llegado lesionados, y por temor a algunas represalias futuras hacia familiares que han quedado en España, no se han atrevido a denunciar”, explican, y aseguran que cuentan “con vídeos y fotografías de lo anteriormente escrito”.La denuncia incluye la vulneración del derecho a solicitar protección internacional, un punto de absoluta gravedad si se tiene en cuenta que son personas que están encerradas para ejecutar su expulsión y, por ende, la negación del mismo, puede significar expulsar a estas personas al país donde su vida puede correr peligro. “En ocasiones no se tramita el asilo una vez realizada la entrevista, así como también es casi imposible que se faciliten las instancias para realizar la petición de dicho trámite”, afirman.Respecto a las expulsiones, precisamente, se señala que “en la mayoría de las ocasiones” no son notificados los vuelos a tiempo. “Ya ni siquiera nos es notificado, es decir que directamente proceden a hacer efectiva la expulsión aislándonos de las habitaciones y llevándonos al aeropuerto en la mañana siguiente”, acusan.“Es un procedimiento humillante, vergonzoso y despreciativo. Una vez aislados en la habitación, procedimiento que se inicia la mayoría de las veces en horas nocturnas, se nos traslada al módulo 1 de la primera planta, dejando muchas veces nuestras pertenencias tiradas en el pasillo. El traslado al aeropuerto lo realizan llevándonos esposados en furgón o coche patrulla siendo llevados a los calabozos o en ocasiones al sótano del aeropuerto donde nos realizan otro control de cacheo. Posteriormente proceden a inmovilizarnos de miembros superiores e inferiores con un inmovilizador en los brazos, una malla en las manos y una cinta sujetándonos la parte inferior”, describen con detalle.

La expulsión “es un procedimiento humillante, vergonzoso y despreciativo. El traslado al aeropuerto lo realizan llevándonos esposados en furgón o coche patrulla”, denuncian 

Cabe recordar que, precisamente, fueron los Juzgados en función de Control del CIE de Aluche, en aquel entonces el nº 6, 19 y 20, a cargo de los jueces Ramiro García de Dios Ferreiro, María José García Galán San Miguel y Antonio Viejo Llorente respectivamente, quienes el 27 de febrero de 2012 dictaron un auto conjunto ordenando que “en el CIE se deberán adoptar los medios necesarios para garantizar el derecho de los internos a conocer, con una antelación de 12 horas, el momento en que se va a producir la expulsión, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino, y al mismo tiempo se les deberá facilitar en ese lapso de tiempo los medios necesarios para poder realizar llamadas telefónicas con la finalidad de avisar a sus parientes o conocidos de España o de su país de su llegada, a fin de posibilitar la organización del regreso”.“Ese derecho debe ser garantizado a todos los internos ya lo pidan o no, ya hagan uso del derecho a llamar a sus parientes o no. Se deberá traducir el presente Acuerdo Gubernativo y notificarlo a los internos, mediante inserto en el Tablón de Anuncios en todos los idiomas usados por los internos del CIE”, ordenadon los entonces magistrados.La denuncia de los 101 internos e internas se produce justo un mes antes de que se inicie el juicio por la muerte de la congoleña Samba Martine, que el 19 de diciembre de 2011 falleció tras 39 días de encierro en el CIE de Aluche sin recibir la correspondiente atención médica y tras varios días de agonía.