Contaminación
El Gobierno señala a la Xunta por el vertido de pellets, pero se enteró antes y tiene la competencia en el mar

El Real Decreto 1695/2012 de 21 de diciembre lo regula. El Sistema Nacional de Respuesta es cristalino: la mar es competencia por completo del Estado, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La costa, de las Comunidades Autónomas. La limpieza de las playas, hasta donde den sus fuerzas, de los ayuntamientos. Por mucho que se enzarcen unos y otros en la precampaña gallega empeñados en culparse por las irresponsabilidades a la hora de contener el vertido de millones de microplásticos en la costa gallega. Por más que diga Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta colocado a dedo por Alberto Núñez Feijóo cuando emigró a Madrid, por más que le responda Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible al que el presidente del Gobierno le reservó esa cartera tras perder la Alcaldía de Valladolid. Unos y otros mienten y lo reconocen en sus propias acusaciones. Funcionarios de ambos gobiernos se enteraron entre el 8 y el 13 de diciembre y ninguno movió un dedo hasta que la catástrofe se mediatizó el jueves 4 de enero. La responsabilidad es compartida y la irresponsabilidad, también.

Este miércoles se cumple un mes desde que el 8 de diciembre el buque mercante CSAV Toconao, con bandera del paraíso fiscal de Liberia y operado al menos hasta 2022 por la multinacional del transporte marítimo Maersk, perdiese media docena de contenedores frente a Viana do Castelo, en Portugal, llenos de materiales contaminantes. El día 13 del mismo mes, la prensa local gallega ya daba reporte en sus páginas de las primeras llegadas de pellets de plástico a las playas de Ribeira (A Coruña), pero tanto el Gobierno del Estado como el de la Xunta de Galicia hicieron caso omiso tanto a las alertas de Salvamento Marítimo, dependiente de la cartera de Transportes, como de los primeros ayuntamientos afectados. Ahora bien, con las portadas de toda la prensa estatal clamando ante la catástrofe medioambiental y con los comicios gallegos a poco más de un mes de distancia, las estrategias cambiaron.

El principal partido de la oposición en Galicia, el Bloque Nacionalista Galego, sin capacidad de acción más allá de los gobiernos que lidera en los ayuntamientos afectados, ha salido a reclamar responsabilidades al Gobierno del Partido Popular de la Xunta. Pero este, a pesar de los riesgos medioambientales, económicos y sanitarios a los que se está exponiendo al litoral gallego, se resiste a declarar el siguiente nivel de emergencia que facultaría a la Administración estatal para enviar más efectivos y recursos a limpiar las playas, como sí ha hecho Asturias.

También ha sacado su artillería dialéctica el PSdeG, los socialistas gallegos, pero con menor fortuna. Su líder y candidato para las elecciones del 18 de febrero, José Ramón Gómez Besteiro, ha centrado sus esfuerzos de precampaña en atizar a Alfonso Rueda: “Ha tenido que pasar casi un mes para que la Xunta activara su plan de emergencia para estas situaciones. 23 días se ha perdido por parte de la Xunta ante un suceso de tal magnitud que los ayuntamientos se vieron obligados a resolver el problema como pueden y con los medios que pueden”. Pero Besteiro era conocedor del vertido antes incluso que el presidente gallego, o por lo menos lo debería haber sido. La Delegación del Gobierno en Galicia dio cuenta de ello y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible también.

El Gobierno, siempre según Puente, ha estado a la altura y ha hecho “seguimiento vía satélite y con vigilancias aéreas” de pellets de plástico de cinco milímetros de diámetro

De hecho, Óscar Puente es la punta de lanza que el PSOE ha mandado a Galicia para tratar de levantar la carrera de Besteiro a la Xunta que, según todas las encuestas publicadas hasta el momento, se mantendrá en su suelo electoral en el que se ha colocado desde 2016, con alrededor de 15 escaños, solo por delante de Sumar, cuya entrada en el Parlamento gallego todavía no es segura. “Son contumaces en la mentira (...) Que el señor Rueda no se escude en terceros ni escurra el bulto como suele hacer el PP por sistema en las autonomías que gobierna. El Gobierno de España no puede actuar si no se le reclama a través de la activación del nivel 2 de emergencia”, ha denunciado Puente estos días. Cabría preguntarse qué es lo que ha hecho su Gobierno desde que el 8 de diciembre los contenedores cayeron al mar. El Gobierno, siempre según Puente y sin ninguna documentación oficial, ha estado a la altura y ha hecho “seguimiento vía satélite y con vigilancias aéreas” de pellets de plástico de cinco milímetros de diámetro y ha concluido que “no están en el mar”. Algo difícilmente acreditable en términos objetivos.

En cualquier caso, el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia de marina mercante y el artículo 9 de la Ley 27/2006, de 18 de julio también es claro en la comunicación de las Administraciones hacia la ciudadanía: “En caso de amenaza inminente para la salud humana o para el medio ambiente ocasionada por actividades humanas o por causas naturales, las Administraciones públicas difundirán inmediatamente y sin demora toda la información que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, de forma que permita al público que pueda resultar afectado adoptar las medidas necesarias para prevenir o limitar los daños que pudieran derivarse de dicha amenaza”. Tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno español, conocedores del vertido, decidieron ocultarlo y, con ello, saltarse la ley.

La dinámica del Gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda en la gestión de crisis ambientales no es innovadora. Al igual que aconteció con el hundimiento del petrolero Prestige en 2002, y a pesar de haber reconocido su conocimiento al poco tiempo de la pérdida de la carga, tal y como reveló este diario, siguieron los pasos de entonces. Tras la presión social y mediática, alegar desconocimiento oficial. Después, señalar la responsabilidad de los ayuntamientos a la hora de abordar la limpieza. Tras eso, culpar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al de Transición Ecológica. Con ello, escenificar una recogida oficial con un par de operarios de la empresa pública Tragsa y la ayuda inestimable de la Televisión de Galicia, cuya cúpula está hoy asfixiada por un juicio por acoso laboral y por una huelga que lleva cinco años denunciando su insólita manipulación informativa.

Y por último, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que las primeras conclusiones de un supuesto informe del centro especializado Cetim que nadie ha visto sobre la composición del producto “apuntan a que no es peligroso” al tratarse de polietileno. Algo que ya han comenzado a desmentir desde las cátedras de las universidades gallegas y de todo el Estado: “Estas esferas presentan un rango de tamaño que hace que puedan ser confundidas por alimento y consumidas por los organismos marinos; una vez ingeridos, los pellets pueden producir daños físicos, como el generado al alterar la ingesta de alimento o por abrasión y también a otros niveles, como alteraciones endocrinas o impactos derivados de sustancias tóxicas asociadas”, apuntaba estos días a Science Media Centre Carmen Morales, investigadora de excelencia del área de Ecología del Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz.