Corrupción
Operación Flotador: 24 millones malgastados en Sagunto que se quedarán sin investigar

El 19 de octubre de 2016, sobre las nueve de la mañana, unas treinta personas entraron de golpe al Ayuntamiento de Sagunto (Valencia). Aquella repentina concurrencia de visitantes era inusual en el consistorio, más todavía cuando acababa de abrir. Sin embargo, tenían una misión: apoderarse rápidamente de cantidad de documentos y contratos comprendidos entre 2007 y 2015 de más de cinco departamentos municipales.

No se trataba de un acto vandálico, ni de un colectivo de vecinos del pueblo, sino de agentes de paisano de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional. Mientras muchas de las dependencias municipales de Sagunto eran registradas por este órgano, otro grupo de policías requería documentación otras tres empresas –Aguas de Valencia, Aigües de Sagunt y Pavasal–, a las cuales se sumarían más tarde otras cuatro de menor tamaño. Incluso en Madrid fueron registradas las sedes de Imesapi y Sice, vinculadas a Florentino Pérez. La operación, que rápidamente saltaría a los medios de todo el Estado, había sido bautizada como ‘Flotador’.

A 30 kilómetros de Sagunto, las primeras noticias sobre la Operación Flotador empezaban a llegar al pleno de les Corts Valencianes. En medio del debate, una de las asesoras del Partido Popular se acercó hasta el escaño del diputado y presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV, Alfredo Castelló, para transmitirle discretamente lo poco que se sabía hasta el momento. Al fin y al cabo, se trataba del Ayuntamiento del que había sido alcalde durante dos legislaturas.

Cuando finalizó el pleno, las televisiones ya se habían congregado en el Palau de les Corts, donde trataron de asaltar por sorpresa a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. No hacía mucho que la formación popular de la provincia de València había quedado en manos de una gestora —que continúa hoy en día— debido a la lluvia de imputaciones en su cúpula. A Bonig, consejera durante la presidencia de Camps, se le había encomendado la tarea de devolver el partido al camino de la virtud después de la funesta etapa de corrupción que les había retirado del gobierno. Ahora era uno de sus lugartenientes, el saguntino Alfredo Castelló, quien se encontraba bajo sospecha. Unos meses más tarde sería detenido junto con otras siete personas y puesto en libertad provisional.

“Es una risa”, comentaba hace unos meses Castelló sobre la causa, convencido de su inminente archivo. “Toda una risa. Una puta elucubración, sin más”. En efecto, el pasado 10 de febrero, después de más de tres años de investigación, la jueza decidió archivar el caso. El motivo es que no existe parte acusatoria: el ministerio fiscal había pedido el sobreseimiento provisional y no había acusación popular. “En ningún momento procesal del sumario ha solicitado ser parte procesal en este ninguna entidad, corporación, partido político, etc.”, afirma la magistrada. A pesar de todo, reconoce que existen “indicios de criminalidad por presuntos delitos de prevaricación administrativa”.

Agua mixta

El punto de mira de la Operación Flotador –que dio pie a piezas separadas que han llegado a Madrid o Murcia– se centra en la constitución de la empresa Aigües de Sagunt, S. A., una sociedad participada en un 49% por Aguas de València y en un 51% por el Ayuntamiento de Sagunto, cuya creación fue aprobada por el pleno municipal para gestionar el ciclo integral del agua en la localidad.

Después de varios intentos de privatizar el servicio del agua a propuesta del Partido Popular, la decisión se acabó tomando en el 2006 bajo la alcaldía de la socialista Gloria Calero –recientemente nombrada delegada del gobierno en el País Valencià– con los votos a favor de PP, PSPV, Bloc y el extinto SPC, pero con la condición de que se incurriera en un modelo mixto con el cual se pretendía que el Ayuntamiento continuara controlando una parte mayoritaria de la nueva empresa. Un año más tarde se aprobaron los pliegos de condiciones en los cuales se aseguraba que la empresa adjudicataria del 49% de Aigües de Sagunt para los próximos 25 años tendría que abonar un canon de 12,4 millones de euros por la utilización de las infraestructuras municipales y la explotación del servicio.

Este mismo año, a tan solo diez días de las elecciones, se decidió que Aguas de València, la empresa de la familia Calabuig, se convertiría en el nuevo socio privado al obtener la puntuación más alta en el concurso público. Inmediatamente después de aquella adjudicación, que condicionaría el servicio público del pueblo para los próximos 25 años, se celebraron elecciones. La alcaldesa Gloria Calero fue desbancada por el popular Alfredo Castelló, quien siempre ha defendido su inocencia asegurando que la cesión del servicio se decidió cuando todavía no era alcalde. “Es la adjudicación lo que pone en entredicho al juzgado”, señalaba.

La Intervención General aseguraba que “no es posible ni creíble” que “en una hora” se examinaran los documentos de la adjudicación

Es cierto que todo el proceso de adjudicación se realizó en tan solo una semana, con una celeridad inusual reconocida por la jueza. En su último auto, incluso cita un informe de la Intervención General que asegura que “no es posible ni creíble” que “en una hora” se examinaran los documentos emitidos por el interventor y los técnicos del Ayuntamiento que tenían que evaluar las ofertas. “Es una licitación marcada por las prisas [...], desarrollada incumpliendo la norma y la politización de la mesa de contratación, falta de rigor en el examen de las proposiciones técnicas”, afirma la magistrada.

De hecho, el concurso público ya pasó por los juzgados en su momento, cuando fue denunciado por una de las empresas que concurría contra Aguas de València. Aquagest –que cambió su nombre por Hidraqua después de revelarse los múltiples casos de corrupción por los que estaba investigada en la Operación Pokémon de Galiza– denunció el proceso por considerarlo irregular. Una práctica habitual para las empresas que compiten por grandes contratos dentro del sector del agua. Dos sentencias, una de la Sala de lo contencioso administrativo Número 8 de València y otra del Tribunal Superior de Justicia, ratificaron que el procedimiento había sido justo y el caso no fue a más.

¿12 millones?

Superada esta traba, siguieron llegando problemas. Las investigaciones de la UDEF se han centrado también en el periodo posterior a la adjudicación, es decir, los dos años que pasaron hasta que se constituyó la empresa. Pocos meses después de que Castelló tomara el mando, Aguas de Valencia movió ficha y señaló una discrepancia en la interpretación de los pliegos. Planteaban que el canon de 12,4 millones que habían tenido que pagar por la explotación del servicio no era, como se pensaba en un principio, un ingreso a fondo perdido para el Ayuntamiento, sino un préstamo participativo que, como tal, tenía que ser devuelto poco a poco con intereses.

Durante todo este tiempo, la letra pequeña de los pliegos provocó que el Ayuntamiento dilatara la creación de la empresa mixta, puesto que consideraba que le podía resultar muy perjudicial económicamente. Pero la presión de Aguas de València era constante y continuamente llegaban advertencias de las indemnizaciones millonarias que podría pedir por la paralización del proceso. De hecho, la empresa ya había ingresado en 2007 –un mes después de la adjudicación, tal como establecía el procedimiento– el canon en el Ayuntamiento mediante un mecanismo que la jueza pone bajo sospecha. Al respeto, asegura que Aguas de València “crea la ficción de ingreso del canon”.

Como los pliegos indicaban que el sujeto pasivo del pago tenía que ser la empresa mixta, Aguas de València decide crear una cuenta bancaria a nombre de Aigües de Sagunt, una sociedad que todavía no existía, puesto que no había sido constituida. Ahí ingresó los 12 millones del canon más el capital social para posteriormente transferir el canon a la institución saguntina. “El Ayuntamiento, ante esta situación tan relevante y en defensa de los intereses del municipio, no pide información o que se investigue cómo se abre una cuenta corriente a nombre de una sociedad inexistente y sin su participación como socio mayoritario”, se sorprende la jueza en el auto.

En 2009, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) emitió una sentencia no vinculante en la cual consideraba, según indica el auto de la jueza, que en realidad el Ayuntamiento tenía que ingresar 25 millones en 25 años en concepto de canon de explotación. Es decir, más del doble de la cifra oficial. En este contexto de incertidumbre, el consistorio decidió finalmente constituir la empresa el 13 de febrero de 2009, una decisión que para la jueza supone “la renuncia a los 25 millones de tasa previstos”, “la devolución del canon anticipado por el licitador a retribuir, además, con intereses”, y “la creación de un pasivo inicial en la sociedad mixta de 12,5 millones de euros que ocasiona que la sociedad nazca con graves tensiones patrimoniales y pérdidas que repercutirán en su viabilidad”.

Lo más relevante para los vecinos de Sagunto es que el pago del préstamo pasó a estar incorporado en la misma factura del agua. Desde entonces son ellos quienes, cada tres meses, aportan la devolución del canon a Aigües de Sagunt. En este momento, el pago del canon supone cerca del 39% del coste del recibo y es la partida más alta. Además, la jueza indica que “desde el punto de vista de Aguas de València, no existe prácticamente riesgo empresarial. Teniendo en cuenta que se trata de una empresa de aguas de abastecimiento y que la clave de los precios radica en el Ayuntamiento que, al mismo tiempo, es socio mayoritario, la empresa, con mayores o menores beneficios, no quebrará”.

De hecho, el contrato de explotación blinda todavía más el negocio, puesto que se explicita que el 6% de lo que factura la entidad mixta se tiene que repartir entre ambos socios, haya beneficios o pérdidas. Por otro lado, los 12 millones del canon que Aguas de València ingresó se agotaron antes incluso de constituir la sociedad Aigües de Sagunt. La mayor parte fue a pagar el déficit de años anteriores o a engrosar la partida de gastos ordinarios. De este modo, además, se incumplía el acuerdo plenario del 26 de septiembre de 2007, por el cual se tenía que destinar el pago del canon a inversiones consensuadas y aprobadas por los grupos municipales.

10 años de lucha vecinal

El desarrollo de la Operación Flotador ha ido prácticamente de la mano de las denuncias públicas del vecindario de Sagunto, quien ha empujado a las investigaciones gracias a la recolección de pruebas y documentos. Su motivación ha sido hacer frente al constante incremento del precio del recibo del agua que se privatizó entonces. “No puede ser que se privatice para mejorar la gestión y que finalmente nos salga más caro”, defiende Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de La Forja. Tal como explica, el mismo pliego de condiciones de la contrata del agua prevé una subida de tarifas de acuerdo con el IPC, lo cual implicaría un aumento del 18%. A pesar de esto, el año pasado ya superaba el 80%.

Esta subida es posible dado que el 82,3% de la factura corresponde a gastos fijos del servicio. Aquí se encuentran partidas como, por ejemplo, la devolución del dinero del canon, las obras de infraestructuras o, desde 2015, el coste del cambio de contadores. Aigües de Sagunt tuvo que pedir un nuevo préstamo para desembolsar los 1.107.000 euros que costaba la sustitución masiva de contadores. Una deuda que también pasó a engordar el recibo del agua. De acuerdo con Fernández, se tendrían que haber utilizado los 12 millones del canon para sufragar este tipo de operaciones.

La Fiscalía apunta a la imposibilidad de acceder a unos correos electrónicos de vital importancia para la investigación

A pesar de la insistencia del vecindario, el Ministerio Fiscal ya dejó constancia de las dificultades para continuar el caso a partir de un informe de la UDEF en el que reconocía la imposibilidad de acceder a unos correos electrónicos de vital importancia. Según la jueza, se trata de mensajes que intercambiaron los investigados que no han podido ser desencriptados, puesto que hubo un cambio de ordenadores en el Ayuntamiento de Sagunto. La magistrada también indica “la no voluntariedad por parte de los técnicos, quienes fueron requeridos judicialmente a colaborar facilitando la identidad de la empresa encargada de su colocación”.

Desde la Asociación de Vecinos, por ahora no plantean personarse en la causa por el elevado coste que podría suponerles, ya que son un colectivo con un presupuesto reducido que vive del trabajo altruista de sus miembros. Consideran que tendría que ser el Ayuntamiento u otra administración pública quién lo hiciera, pero ni el consistorio ni el principal partido de la oposición, Iniciativa Porteña, tienen intención de hacerlo. De acuerdo con el líder de este último, Manuel González, la privatización del agua fue “una inmoralidad”, pero no piensa que se haya actuado ilegalmente. Es por eso que la estrategia vecinal pasará porque la Fiscalía tenga los indicios suficientes para ejercer de acusación. Por ahora, pretenden conseguir las facturas de entre 2007 y 2009. Aclarar donde fueron a parar los 12 millones de euros que Aguas de València ingresó en el Ayuntamiento y que se volatilizaron antes de que la sociedad Aigües de Sagunt fuera creada podría dar razones a la Fiscalía para pedir la reapertura del caso.

Desde que el mercado del suelo dejará de ser tan rentable, el cobro de cánones millonarios a cambio de embargar la explotación del servicio del agua durante las siguientes décadas ha sido, para muchos ayuntamientos, una vía llena de claroscuros para conseguir liquidez en las arcas municipales. Un ingreso millonario e inmediato para los consistorios a cambio de un negocio redondo y sin riesgos para el puñado de empresas que conforman el oligopolio del agua. Si la Operación Flotador saliera adelante y se llegara a celebrar un juicio, podría poner en entredicho una de las principales bases del mercadeo del agua. Por ahora, el archivo del caso aleja esa posibilidad.