Crisis económica
El Gobierno salva el decreto de ahorro energético entre críticas a la transferencia de 1.300 millones al sector eléctrico

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salvado sin apuros la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 14/2022, del 1 de agosto, bautizado como de “ahorro energético”. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha sido la encargada de exponer los motivos para la convalidación, que ha contado con el apoyo clave de los socios más estables del Gobierno de coalición: PNV, EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya.

Se trata de un texto que incluye medidas que poco tienen que ver con el ahorro energético, al que se dedica el Título V, que aborda el que ha sido tema estrella del verano: la limitación en la climatización de espacios. Queda refrendada de este modo la limitación de la temperatura del aire acondicionado a los 27 grados y de la calefacción a un tope de 19 grados en los lugares de trabajo y recintos sin una normativa específica que requiera otras condiciones.

Una vez más, los grupos de la derecha han quedado fuera de juego en el Congreso pese a las duras críticas a un decreto que, una vez más, han tintado con colores apocalípticos. Pese a las especulaciones, el PP de Alberto Núñez Feijóo, ha votado en contra del Real Decreto, que considera un “parche”.

Raquel Sánchez jugaba con una baza importante: la aplicación del Decreto ha supuesto la reducción del 9% del consumo energético en una semana, según las estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE). El decreto ha sido aprobado pasadas las 17:30h de la tarde con 187 votos a favor y 161 en contra.

Juantxo López de Uralde ha sido el encargado de defender las medidas por parte de Unidas Podemos como consecuente con el acuerdo de los 27 en el Consejo Europeo el pasado junio. Uralde ha criticado a los partidos de la derecha que han conformado “una foto de Colón de la energía” que, en la crisis climática busca “prolongar la vida de las nucleares, impulsar el fracking y volver a quemar carbón en centrales térmicas”.

Queda aprobada también la parte de subvención al transporte, la más popular de las medidas, tanto en cuanto a la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de Renfe —desde septiembre hasta final de año— como las ayudas para el abaratamiento de abonos en el transporte público colectivo, que deben ser consensuadas con comunidades autónomas y empresas municipales.

Una medida criticada por los grupos periféricos, especialmente Coalición Canaria y los partidos independentistas catalanes, que han denunciado que la subvención al transporte ferroviario “discrimina” a las regiones con mayor volumen de viaje en autobuses o las que carecen totalmente de trenes, Baleares y las Islas Canarias. Pero el Gobierno tenía otra cifra para defender la validez del Decreto: más de 60.000 personas han obtenido los abonos de Renfe en las primeras 24 horas desde su puesta en marcha.

El regalo a las eléctricas

Pero, como han recordado dos de los grupos que no han votado a favor del decreto, la CUP y el BNG, el texto incluye una disposición adicional que establece una aportación al sector eléctrico de 1.360 millones de euros, “que mucho nos tenemos van a acabar en manos del oligopolio eléctrico”, ha denunciado el diputado del Bloque, Néstor Rego, cuyo grupo se ha abstenido.

A la crítica se ha sumado uno de los grupos que ha votado que sí al decreto. Joan Capdevila i Esteve (ERC) ha criticado este apoyo “a la élite del sector energético, a los que nunca pierden, al oligopolio” porque los precios elevados de la electricidad “no justifican una compensación a las eléctricas si no es cambio de mantener unos precios razonables”.

Otro de los aspectos criticados de este decreto contenedor u ómnibus es su disposición final séptima, que establece el rescate de las autopistas de peaje de la Comunidad de Madrid, que el texto justifica para evitar “el aumento de los costes asociados tanto al pago de las expropiaciones pendientes como en el citado cálculo de la citada Responsabilidad Patrimonial de la Administración”. El grupo parlamentario Junts, que ha votado en contra, ha justificado su negativa en que el Gobierno cede al chantaje de quienes llevaron a las radiales a esa situación de quiebra.

Entre los que votaban a favor, la tónica ha sido la crítica al Gobierno por no haber consultado a los grupos hasta pocas horas antes del trámite parlamentario y la demanda de mayor ambición para combatir la crisis climática. EH Bildu, cuyo 'sí' ha vuelto a ser clave para la aprobación del texto, ha conseguido arrancar el compromiso de una revisión al alza de los objetivos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Junto a los abertzales, la presión del PNV ha sido fundamental para que el Ejecutivo se abra a estudiar estrategias a medio y largo plazo con las comunidades autónomas.

ERC ha denunciado que el Decreto mezcla “churras con merinas” en un decreto con medidas “correctas, incorrectas e insuficientes”. Su portavoz hoy, Joan Capdevila i Esteve, ha pedido mayor ambición en las medidas y solicitado asimismo una moratoria en la aplicación de estas medidas en el caso de trabajadores autónomos y Pymes, un fondo de apoyo para financiar el coste de estas medidas en el caso de las pequeñas empresas. Íñigo Errejón (Más Madrid) ha recalcado la necesidad de políticas más ambiciosas que “distribuyan los esfuerzos de manera justa”, en referencia a las palabras de Margarita Robles, que ha pronosticado un invierno duro. “Lo único que no puede permitirse este Gobierno es un invierno del descontento”, ha declarado Errejón.

López de Uralde ha anunciado que la coalición Unidas Podemos también presentará medidas adicionales al Real Decreto, para este grupo es necesario un plan más detallado que aborde la reducción de emisiones por sectores, con especial atención al industrial y los transportes.