Derechos Humanos
Pobreza, desahucios, recortes, ley mordaza: los derechos humanos en Andalucía flaquean

38% de población en riesgo de pobreza, 25 desahucios diarios, 411 aulas menos de Infantil y Primaria, 20% más de sanciones por ley mordaza. Los datos oficiales que aporta la APDHA son contundentes. Los Derechos Humanos no atraviesan su mejor momento en Andalucía.

La radiografía hecha por la organización detecta “un deterioro de los avances logrados por consenso social como los que tienen que ver con los derechos de la mujer o el desmantelamiento progresivo de la sanidad o la educación públicas”. Un retroceso acaecido, en opinión de APDHA, a raíz de la llegada de Juanma Moreno a San Telmo por el pacto de las tres derechas. La asociación lamenta “cómo las personas en mayor situación de vulnerabilidad y las migrantes ven sus derechos aún más conculcados y se incrementa la brecha social, ya de por sí amplia en Andalucía”.

Una brecha social que, según el informe AROPE, se sitúa diez puntos porcentuales por encima de la media española, dejando a tres millones de andaluzas y andaluces en riesgo de pobreza y que explica que en la comunidad autónoma se sitúen 11 de las 15 ciudades con mayor desempleo del Estado y 12 de los 15 barrios más pobres. Una desigualdad que no es novedosa, reconoce la organización, pero que se ve acrecentada por “creciente deterioro de los servicios sociales y la persistencia de situaciones inasumibles en el acceso a la vivienda, con precios prohibitivos de alquiler y vivienda pública a precio de mercado”.

APDHA ya denunciaba el pasado mes de octubre que, con datos del Poder Judicial en la mano, Andalucía sufría 25 desahucios diarios de media, la mayoría de ellos como consecuencia de impagos de alquiler. Una realidad que cristaliza en que “miles de familias se ven obligadas a ocupar viviendas en Andalucía, según entidades que trabajan con estas personas, y que es inaceptable la presencia de asentamientos chabolistas, especialmente en zonas agrícolas, y de numerosas personas sin hogar durmiendo en la calle”.

Justamente el fenómeno chabolista afecta de manera notable a la población migrante, que ha tenido que hacer frente a ataques en sus asentamientos. Un síntoma más de “un incremento del racismo institucional evidenciado por la criminalización de la población migrante en los discursos políticos”. Unos discursos que también han motivado la “intolerable decisión” de la Junta, para APDHA, de ceder los datos sanitarios y sociales de las personas extranjeras en situación irregular a la Policía y Guardia Civil para facilitar su localización y expulsión. También aluden al foco puesto contra los menores no acompañados, que se saldaba recientemente con un atentado fallido en el centro de acogida de Hortaleza (Madrid) y con el señalamiento por parte de Vox del situado en el barrio sevillano de la Macarena.

En materia de servicios públicos, la asociación tilda la situación “desmantelamiento y depauperación”. Además de la supresión de 411 aulas de Infantil y Primaria, critican el desmantelamiento de escuelas rurales y el aumento planificado de la ratio, de las 25 personas por clase marcadas por ley se llega a ampliar hasta 28 en más de 700 aulas en Andalucía. Señala también que las privatizaciones y externalizaciones en los servicios de catering, limpieza y monitores escolares siguen a la orden del día.

Respecto a la sanidad, la APDHA afirma que las medidas del consejero Jesús Aguirre “han intensificado su depauperación” iniciada tras los recortes de 9.000 millones de euros y 7.000 profesionales sanitarios. Algo fruto de “la promoción de la sanidad privada en detrimento de la pública” con medidas del gobierno andaluz como la eliminación del complemento de exclusividad, con el que se incentivaba que los médicos trabajaran exclusivamente en el sector público, y la intención, a través de un borrador de decreto ley, de permitir que los cargos intermedios compatibilicen su actividad pública con la privada, con los consiguientes conflictos de intereses que pueden producirse. No ha querido olvidar la organización la salud en prisiones, lamentando las 77 muertes en cárceles andaluzas en 2018 según datos oficiales y denunciando la falta de recursos.

Sobre igualdad, APDHA se muestra tajante: “el gobierno andaluz niega la existencia de discriminación, sobreexplotación y violencia de género, como claramente se manifiesta en la aprobación del presupuesto”. Precisamente el 25 de noviembre, Comisiones Obreras denunciaba que los presupuestos recortaban un 31% las partidas en igualdad o un 50% las destinadas a protección de víctimas de violencia de género. APDHA le pone cifra a esos recortes: 1.404.207 euros.

Unos recortes que, para la asociación, van acompañados del negacionismo de las violencias machistas al “desplazar competencias y recursos hacia la promoción de un único modelo de familia, las ayudas al llamado teléfono de violencia intrafamiliar y eliminado conceptos como violencia de género o brecha salarial”. Con el objetivo de “una vuelta atrás en el papel que debe desempeñar la mujer en la sociedad, desde una visión asistencialista, lo que supone un claro retroceso y un recorte de derechos adquiridos”.

Por último, en este contexto de mayor confluctividad social que dibuja la APDHA, las leyes mordazas continúan cumpliendo su papel de desactivar la movilización. Hasta un 20% más de sanciones basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, que supusieron un incremento del 22% en la recaudación. En total, 54 millones de euros embolsó el Ministerio de Interior. La asociación denuncia también la creciente prohibición “sin pudor y sin la menor justificación de concentraciones que no entrañan el menor riesgo de producir alteraciones del orden público”, pese a cumplir con todos los requisitos y procedimientos. “Una respuesta represiva necesaria para mitigar la natural reacción de los sectores a los que se les limitan o directamente se les retiran sus derechos” concluyen.

Ante este escenario, la APDHA tiene previstas diecisiete acciones a lo largo de la semana en Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla para “poner de relieve este retroceso y reclamar los derechos que han sido sustraídos”.