Desahucios
Desahuciados en Iruñea tras nueve meses “coaccionados” sin luz en un piso de alquiler

Esta noche Nines Diego y Antonio García dormirán en la calle. Hasta ayer compartían en Iruñea una habitación que alquilaban por 250 euros al mes. Hace un año y medio el propietario del piso les dijo que quería venderlo, pero no les dio un plazo para marcharse, aseguran Diego y García. Explican que les cortó la luz, que ellos se indignaron y que dejaron de pagar el alquiler por recomendación de su abogada. Esta mañana, a las 9.30h, tres agentes de la Policía Municipal, dos secretarios judiciales y dos abogados han ejecutado la orden de desahucio. Ya la esperaban, pero lo que a Diego y García les enfada es que “esta era la tercera vez en siete años que el dueño cortaba la luz para echar a la gente que vivíamos en el piso”.

El propietario les ha “coaccionado con la luz”, consideran. “Es la forma que tiene para echarnos y eso nos enfada porque no va de cara, siempre va por detrás, con nosotros y con otros amigos. La factura de la luz está a su nombre y cuando quiere echar a gente, deja de pagarla, aunque nosotros se la paguemos a él”, añade García. Durante estos últimos nueves meses han estado viviendo sin luz, con todo lo que ello implica: “No nos podíamos duchar con agua caliente ni cocinar, y nos hemos gastado más en pilas que en la factura de la luz”, explican. Su situación económica es precaria y sus redes sociales, también. Él ya sabe qué es dormir en albergues, y quizá por ello hoy optarán por una calle.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Iruñea, una de sus miembros, Leticia Unanoa, recuerda que “nuestro mensaje es claro: la vivienda es un derecho humano y no un privilegio”. “Sabemos que hay al menos unas 200 familias en Pamplona a la espera de una solución habitacional de emergencia y, mientras tanto, el Gobierno y el Ayuntamiento, los cuales disponen de viviendas vacías, no las están habilitando. Nuestra exigencia es que las instituciones tomen parte de su responsabilidad, con soluciones que pongan límites a la burbuja inmobiliaria que se está generando”, reclama Unanoa.

En el caso de las dos personas desahuciadas hoy, sus ingresos varían entre la nada y los 580 euros al mes, y el pago del alquiler de la habitación ascendía a 250 euros. “Buscamos otras habitaciones, pero hoy en día ya piden más de 300 euros y aún eran peores que la nuestra”, sostiene García. No saben si algún día encontrarán otra habitación o si el Ayuntamiento les ayudará, de momento solo saben que han decidido seguir siendo compañeros de calle.