We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla planea retomar un proyecto de autovía sancionado por la Unión Europea
El pasado 12 de noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla anunciaba la reactivación de una nueva Ronda Urbana. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, manifestó en el Foro de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (GAESCO), que agrupa a constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y materiales de la construcción, la intención de la Gerencia de Urbanismo de iniciar el procedimiento para construir la polémica autovía SE-35 suspendida en 2015 por incumplimiento del derecho europeo.
El Dictamen Motivado que llevó al Parlamento de la Unión Europea en 2015 a amenazar con una sanción al Gobierno de España ante el Tribunal de Justicia derivó en la suspensión sine die de la SE-35 por vulneración de la legislación comunitaria en materia de evaluación ambiental. La denuncia presentada a través de la Comisión Europea fue defendida en Bruselas por la asociación Movida Pro-Parque y el Foro de Amigos del Parque del Tamarguillo en marzo de 2014. “Fuimos hasta allí y estamos dispuestos a volverlo a hacer”, aseguran.
El megaproyecto urbanístico de Santa Bárbara pretende duplicar la población de Sevilla Este que creció desmesuradamente desde que se aprobó el PGOU en 2006, según esta asociación. “La SE-35 no es necesaria para la GMU, solo busca especular con las grandes bolsas de suelos del entorno de aeropuerto y solo generará problemas de tráfico y en los servicios ya saturados de los barrios colindantes”. Edificar sobre lagunas y antiguos cauces es un riesgo innecesario y un despropósito que provoca desgracias como las ocurridas en Valencia, según la asociación vecinal.
Construir más vivienda e infraestructuras sobre llanuras aluviales
El tramo de la SE-35 está planificado sobre la llanura de inundación de tres arroyos, el Miraflores, el Tamarguillo y el Ranillas. Son frecuentes los desbordamientos sobre infraestructuras, como la SE-20 en los barrios de Pino Montano, Aeropuerto Viejo, Valdezorras y Vistahermosa. La reciente aprobación de tres planes parciales en Santa Bárbara, junto al canal del Bajo Guadalquivir, afectaría también a las viviendas proyectadas sobre suelos que ocupan cauces abandonados, con lagunas y charcas temporales, y zonas destinadas al sistema general de espacios libres. Los estudios de inundación periódica muestran los límites de retorno cada 10, 100 y 500 años y reflejan los mapas de riesgos de estas zonas inundables. No obstante, en Sevilla Este las fuertes lluvias ocasionan daños en viviendas y comercios. Si algo hemos aprendido en Levante es que estos mapas se están quedando obsoletos y deberían ser actualizados.
Los proyectos de promoción inmobiliaria para los que se plantea la circunvalación, en el norte y este de Sevilla, coinciden con otros planeamientos de suelos terciarios o industriales en las cercanías del Aeropuerto de San Pablo: Santa Bárbara, San Nicolás Oeste y en Higuerón Norte y Sur.
Un litigio de más de 20 años
El procedimiento iniciado para la actualización del proyecto de la Ronda Urbana SE-35 continúa un viejo litigio. El Ayuntamiento de Sevilla, exigió a los propietarios, previa clasificación de los suelos, el pago de importantes sumas a fin de acometer la expropiación para la ejecución de los sistemas generales de la SE-35. Un dinero que fue destinado a otros fines, según la patronal. Estos planes urbanísticos debían haberse desarrollado en los cuatrienios posteriores a la aprobación del PGOU en el año 2006. Lo cierto es que permanecieron así, lo cual ha permitido superar la crisis económica que los hizo inviables o, sencillamente, ha aumentado su valor económico de forma considerable desde entonces.
Según la asociación vecinal, a pesar de la conexión existente con la A-4 (E-5), la patronal empresarial de la construcción y los propietarios de los terrenos presionan fuertemente al Ayuntamiento para proporcionar otros enlaces e infraestructuras viarias que no facilitarán la movilidad, al contrario, crearán más tráfico para los vehículos que tengan que acceder al Distrito Este y a las nuevas áreas comerciales, al este y al oeste de la A-4. La Coordinadora Ciudadana recuerda que denunció la situación que se venía produciendo en la cabecera del arroyo Tamarguillo, recuperado ambientalmente con fondos europeos, antes de la redacción del PGOU. “Desde la llegada del primer vecindario a Parque Alcosa, el suelo tuvo vocación de espacio libre. El Plan Especial del Parque del Polígono Aeropuerto aparecía recogido en el PGOU de 1987”. Así se ratificó mediante un convenio entre la Gerencia de Urbanismo y la Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo en febrero de 2005 en un marco de colaboración para el desarrollo del futuro Parque Tamarguillo gracias a la adecuación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Hoy en día el parque es una realidad consolidada y demandada por el vecindario y los centros educativos. Se han restaurado solares degradados y se recuperó ambientalmente el arroyo con fondos europeos. Se han creado infraestructuras, como los Huertos Urbanos Ecológicos y se han realizado labores de investigación arqueológica que sucedieron a lo largo de 10 años con importantes yacimientos hispanorromanos. La plataforma SAVE! que trabaja por su integración en el Anillo Verde, propone la inclusión del parque y las lagunas en el desarrollo urbano con objetivos como laminar el agua de lluvia, proteger la biodiversidad del humedal y combatir el cambio climático. Para esta Plataforma, la SE-35 impactará sobre la Laguna del Sapo y se perderá una oportunidad única.
“Si la construcción de la SE-35 se llevara a cabo a través del Parque produciría un impacto grave sobre el humedal recuperado. Este fue el punto que nos alentó a denunciar el despropósito de la Gerencia de Urbanismo y que terminó atendiendo el Parlamento Europeo a través de la Comisión de Peticiones. Si lo que prima para algunos es ganar dinero, lo que nos preocupa a las personas que vivimos aquí, es nuestra calidad de vida. Hemos entendido en Valencia que una infraestructura que atenta contra el medio ambiente es un riesgo para la salud de las personas”.