Libertades
Negro y en bocacha

En el libro La política como vocación, Max Weber definió al Estado como un “monopolio de la violencia” legitimado por el propio sistema. Conviene recordar la reflexión del sociólogo alemán para analizar cómo el Estado español legitima su monopolio, que desde 1976 ha herido de gravedad a 39 personas y matado a otras 23.

Hoy, 6 de febrero, hace cinco años de las muertes que provocaron agentes de la Guardia Civil a, por lo menos, 14 migrantes africanos que trataban de entrar nadando en Ceuta. Los policías lanzaron gases lacrimógenos y dispararon pelotas de goma a aquellas personas, provocando que se ahogaran en el mar, cerca de la playa de El Tarajal. El pasado 25 de enero, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta decidió dejar libres a los 16 acusados y archivar la causa por segunda vez.

La pasada semana, en la Audiencia de Navarra se ha llevado a cabo el juicio al policía nacional acusado de dejar ciego de un ojo al villavés Aingeru Zudaire por un pelotazo. El suceso ocurrió al término de un mitin junto al monumento a los Fueros del paseo Sarasate de Pamplona, tras la manifestación por la huelga del 27 de septiembre de 2012.

En el juicio, la fiscal, figura jurídica teóricamente neutral, trató a la víctima como verdugo e hizo un violento interrogatorio, preguntando agresivamente a todos los testigos y al propio Zudaire si eran capaces de “distinguir entre el ruido de una salva (proyectil que impulsa la pelota y que no provoca lesiones de tal gravedad) y una pelota de goma”, a pesar de que la forense aseguró que “sin duda” la lesión se correspondía a un impacto de una pelota de goma. La fiscal también insistió en que las declaraciones de Zudaire durante estos casi siete años eran “contradictorias” porque, al denunciar en comisaría con el golpe que recientemente le había dejado tuerto, declaró que se encontraba “cerca” del monumento a los Fueros. La fiscal considera que la relatividad del concepto de ‘cercanía’ por parte de quien está explicando una situación ocurrida en otro lugar es objetivamente contradictoria con la concreción de la ubicación relatada por Zudaire tras ver el vídeo de prueba.

En él se podía observar cómo, en contra del reglamento, la Policía Nacional cargaba contra los manifestantes con disparos tensos (no de rebote, para frenar la intensidad) y a menos de 30 metros de distancia. El abogado del Estado, defensor del acusado que parecía la víctima, argumentó que los disparos fueron de salva, poniendo en entredicho el parte de la médica forense. 

En este juicio, el agente se sentó en el banquillo de los acusados porque fue el único miembro de la Policía Nacional que dijo estar en el lugar de los hechos en ese instante. Sorprende, o quizá no, que la identificación del bocachero que disparó se dejara en manos de una institución formada por agentes que, paradójica y casualmente, ese día no llevaban identificación.

El mando que coordinó las unidades policiales de la huelga de septiembre de 2012 en Pamplona testificó en el juicio por videoconferencia que aquél día “solo había un bocachero por unidad”. Y en el momento del disparo que dejó ciego de un ojo a Zudaire había dos unidades en el lugar desde donde provenía la pelota de goma.

Está por ver si, una vez más, se confirma qué poder del sistema legitima el monopolio de la violencia por parte del Estado español. Esta vez, la reiteración está en manos del tribunal de la Manada. Negro y en bocacha.