Enaltecimiento del terrorismo
“No hemos hecho ningún llamado a la violencia, sino una crítica al sistema capitalista y financiero”

Dos años y medio después de la operación Ice, la Audiencia Nacional ha celebrado hoy el juicio contra los seis jóvenes, miembros del movimiento Straight Edge, detenidos en noviembre de 2015 por pertenencia a organización terrorista.

El juicio, que tiene lugar entre hoy y mañana, es finalmente por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por el que la Fiscalía pide para ellos dos años de prisión.

Un año y medio en prisión preventiva

Uno de los seis acusados es Juan Manuel B. ‘Nahuel’, un joven que actualmente tiene 27 años y que estuvo durante un año y medio cumpliendo prisión preventiva, buena parte del tiempo en régimen FIES. “Es ridículo”, señala Nahuel a El Salto en referencia al proceso que ha sufrido. “La decisión final sobre el caso dependerá de los jueces, pero visto los antecedentes de la sala, no tengo muchas esperanzas, a ver qué pasa”, continúa.

La acusación contra los seis activistas de partida fue, según afirmó la Policía Nacional entonces “ser responsables del ataque con artefactos incendiarios contra cuatro sucursales bancarias”. Esos ataques bastaron para que les imputaran delitos de pertenencia a organización terrorista. Era la última operación contra el entonces de moda “terrorismo anarquista”, después de Pandora y Piñata.

Sin embargo, no había ni vídeos, ni huellas ni ninguna prueba que relacionara a ninguno de los jóvenes con esos ataques a entidades bancarias. Tampoco de Nahuel, que fue tachado de “líder” de la supuesta organización terrorista.

La acusación final que ha llegado a la Audiencia Nacional contempla que los jóvenes ensalzaron en redes sociales a presos anarquistas, animaron a atacar a la Policía y a los bancos y a “subvertir el orden constitucional”.

Los jóvenes, según señala el escrito de acusación, publicaron en Twitter y Facebook fotos en las que se veían sucursales bancarias quemadas y acciones violentas contra la Policía que en movilizaciones que habrían tenido lugar en los barrios de Lavapiés y Carabanchel, en Madrid, en 2014.

“En su comparecencia, los acusados han explicado que habían ejercido su derecho a la libertad de expresión y que entendían que en ningún momento habían hecho un llamamiento a la violencia, sino una crítica al sistema capitalista y financiero”, explica a El Salto su abogado, Daniel Amelang.