Especulación urbanística
Más de 2,5 millones de personas han sido desahuciadas en España desde 2008

Un desahucio cada 12 minutos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha hecho balance y no le salen las cuentas. Desde 2008 se han producido en España 1.002.000 desahucios y, más de una década después del estallido de la crisis, el problema no ha desaparecido, sino que ha mutado con la masiva entrada de los fondos buitres y las socimis en el mercado inmobiliario, con el consecuente aumento de los desalojos producidos por impago de alquiler. Actualmente, se han vuelto las tornas y el 68% de los desahucios se producen por esta causa. Si se tiene en cuenta la media de personas por familias que recoge el INE, las afectadas por los desahucios ascienden a 2,5 millones en los últimos 12 años, según la PAH.

La situación de emergencia habitacional era reconocida por Philip Alston, relator de la ONU sobre extrema pobreza, que iniciaba el 27 de enero una gira por España. El relator Alston y “cualquiera que lea informes sabe que hay una crisis de la vivienda en España”, según sus propias palabras. Unos informes que la presidente del Consejo de Administración del Banco Santander, Ana Patricia Botín, no parece haber leído. “Los bancos no hemos desahuciado a nadie desde 2012”, decía en una entrevista a principios de año.

Unos informes a los que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tampoco parece hacer mucho caso. El pasado 24 de enero, Calviño mostraba en una entrevista a la SER su respaldo al Banco de España en su oposición a la regulación de precios del alquiler, alegando que este método no había “funcionado en otras ciudades”.


La solución propuesta por la vicepresidenta —la construcción de más vivienda— no tardó en ser criticada por el Sindicato de Inquilinos y otras organizaciones sociales señalando que España ya lidera los ránkings de viviendas por habitante en Europa y que la “la solución a los alquileres abusivos no es construir más vivienda” sino “hacer un buen uso de las viviendas que ya hay y proteger a la población de los especuladores”.


Esta crisis “sin precedente”, según la PAH, ha encontrado cómplices en las administraciones, que se han dedicado a poner “solo parches y maquillaje”. La falta de legislación que ampare a las personas afectadas y “el exceso de políticas y gobiernos que han priorizado la especulación de un derecho fundamental protegido por la Constitución, que se han preocupado solo de sustentar los intereses de la banca y los fondos buitre, nos han llevado hasta aquí”.