Extremadura
Aprobada la nueva ley del suelo extremeña

La Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, que sustituye a la ley del suelo de 2001, ha sido aprobada en el pleno de este 29 de noviembre con los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos y del diputado no adscrito (actual cabeza visible de Vox en Extremadura), además de la abstención de Podemos. Al proyecto de Ley se presentaron 106 enmiendas, de las cuales se han incorporado al texto final más de la mitad. Algunas de las novedades que introduce se desarrollan a continuación.

1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN SUELO RÚSTICO

Si hasta ahora la normativa permitía en suelo rústico actividades de naturaleza agropecuaria, forestal y cinegética, la nueva Ley también incluye otro tipo de actividades: las agroindustriales y las relacionadas con el turismo, el ocio o las energías renovables. De este modo, en la mayor parte del territorio extremeño, podrán instalarse estas empresas, excepto en zonas protegidas medioambientalmente y zonas inundables. Además, se simplifican los procedimientos para llevar a cabo estas actividades, mientras antes se exigía requisitos como la calificación urbanística autonómica o una licencia municipal específica, ahora solo necesitan una licencia municipal estándar.

Al restar importancia a la planificación y eliminar las medidas de fiscalización urbanística, la corrupción urbanística será más sencilla que nunca en los municipios

Este cambio supone, por un lado, una medida contra el despoblamiento en el medio rural, al facilitar iniciativas empresariales, y da impulso a la implantación de actividades industriales que ahora mismo tienen complicada su apertura. Pero, por otra, tiene sus riegos. Al restar importancia a la planificación y eliminar las medidas de fiscalización urbanística, la corrupción urbanística será más sencilla que nunca en los municipios. Además, como puso de manifiesto la asociación ecologista ADENEX, la implantación de actividades agroindustriales en suelo rústico puede causar graves problemas desde el punto de vista medioambiental. "Dentro de esta ambigua regulación de los usos del suelo rústico no se habla de las explotaciones mineras que están proliferando por nuestra comunidad. La extracción de recursos mineros en explotaciones a cielo abierto no parece precisamente un ejemplo de economía verde y sostenible".

Por último, mediante una enmienda de Podemos, se incorpora a la Ley la posibilidad de “la comercialización in situ de productos del sector primario obtenidos en la propia explotación” con el objetivo de permitir el comercio de proximidad.

2. REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS ILEGALES

Extremadura arrastra un grave problema de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Según la tesis “Urbanizaciones ilegales en Extremadura”, del geógrafo Víctor Jiménez, hay unas 40.000 viviendas en suelo no urbanizable en la región, la mayoría de forma ilegal.

Con la nueva ley del suelo se pretende atajar esta problemática llevando a cabo una regularización masiva de viviendas, calificándolas como asentamiento rústico. Las personas propietarias de estos asentamientos que pasan a regularizarse deberán pagar un canon. No obstante, habrá viviendas o asentamientos que no podrán ser regularizados porque estén en zonas de especial protección ambiental o se hallen inmersos en procedimientos judiciales. Estas viviendas, al no poder ser calificadas como urbanas, no podrán solicitar ciertas medidas de los ayuntamientos como la creación de colegios, entre otros servicios generales.

Algunos colectivos consideran que la Junta de Extremadura renuncia a su deber de aplicar las leyes y claudica ante las ilegalidades urbanísticas que fueron propiciada durante décadas

Según declaraciones de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, “no se va a legalizar lo que es ilegal sino los asentamientos en suelo rústico”, y siempre que “cuenten con planes periurbanos y con el aval del Consejo de Estado”. 

La regularización de estas viviendas es, por un lado, una demanda por parte de los afectados. En cambio, otra parte de la población y algunos colectivos consideran que la Junta de Extremadura renuncia a su deber de aplicar las leyes y claudica ante las ilegalidades urbanísticas que fueron propiciada durante décadas, y alegan que además supone un problema de falta de control, de sensación de impunidad y hasta un riesgo vital al haber multitud de viviendas ilegales construidas en zonas inundables.

3. PROYECTOS DE INTERÉS REGIONAL (PIR)

Los PIR son uno de los instrumentos urbanísticos más controvertidos, y Extremadura es uno de los territorios que tenía una legislación más permisiva con los PIR. Estos constituyen un instrumento fundamental para el desarrollo socioeconómico, ya que, en teoría, un Proyecto de Interés Regional, debe justificar el interés social de su construcción y ha sido un elemento primordial para desarrollar la política de vivienda pública en Extremadura. Sin embargo, también se han llevado a cabo, a través de los PIR, proyectos de dudoso interés regional y utilización discrecional, como la conocida urbanización de Valdecañas o las de la Cantera de Olleta y el Muelo.

Como novedades, en esta nueva ley del suelo, se suprime la posibilidad que los PIR se insten por particulares (solo podrán ser de promoción pública), y también se establece que “los Proyectos de Interés Regional no podrán abordar nuevos desarrollos urbanísticos” que “requerirán en todo caso de la aprobación del plan urbanístico que corresponda”. Es decir, no serán de fácil aprobación, tendrán que pasar más filtros. Además, una enmienda de Podemos también prohíbe la aprobación de Proyectos de Interés Regional en “suelo no urbanizable protegido, que tenga algún tipo de protección especial o posea valores ambientales que sean incompatibles con el desarrollo del PIR”.

4. URBANISMO DE GÉNERO

La Ley introduce ligeramente este tipo de urbanismo. Según se establece en la exposición de motivos, “será la primera Ley del suelo que recoja medidas concretas sobre perspectiva de género”. Incluye para este propósito la elaboración obligatoria por los ayuntamientos de un "mapa de riesgos para el urbanismo", para fomentar "el libre movimiento de las personas mediante el diseño de espacios y conexiones seguras". Otras enmiendas de Podemos que se han incorporado tratan de procurar la representación paritaria en la composición de los órganos urbanísticos, así como la obligación de elaborar, por la Junta, una guía de urbanismo con perspectiva de género o formar en esta materia al personal de la Administración.

Será la primera Ley del suelo que recoja medidas concretas sobre perspectiva de género

Sin embargo, desde Podemos se considera que estas medidas son insuficientes y gran parte de sus enmiendas en urbanismos de género han sido rechazadas, tales como el fomento de las viviendas de promoción pública y de cooperativas de mujeres, incluir la perspectiva de género en los equipamientos urbanos o desagregar los datos urbanísticos por sexos.

5. URBANISMO SOSTENIBLE

La lLey establece una serie de medidas de sostenibilidad:
1. Primar el urbanismo de rehabilitación frente a la nueva urbanización.
2. Mitigar la contaminación lumínica y atmosférica.
3. Favorecer la recuperación de cauces y zonas de protección y la depuración de aguas.
4. En los espacios y dotaciones públicas se dará prioridad al criterio de proximidad.
5. Fomentará la implantación y el uso de energía renovables y eficiencia energética.
6. Implementar la adecuada gestión de residuos y la reutilización de materiales.

Las organizaciones ecologistas pusieron de manifiesto que estas medidas de sostenibilidad eran grandes principios que después apenas se concretaban y desarrollaban

Sin embargo, en las comparecencias de esta Ley, las organizaciones ecologistas pusieron de manifiesto que estas medidas de sostenibilidad eran grandes principios que después apenas se concretaban y desarrollaban, y que se establecen en la mayoría de los casos como meras posibilidades sin contenido obligatorio. En este sentido, han sido incorporadas parte de las enmiendas de Podemos en la ley, para establecer, entre otras cuestiones, que los costes ambientales sean tenidos en cuenta en las evaluaciones económicas.

6. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL URBANISMO

En materia de movilidad sostenible se establecen los siguientes puntos:
1. Se dará prioridad a los transportes públicos.
2. Se favorecerán los desplazamientos peatonales y ciclistas.
3. Se fomentarán los aparcamientos disuasorios para vehículos a motor situados en la periferia.
4. Se reservará espacio para aparcamientos de bicicletas.
5. Se estudiará la posibilidad de introducir la bicicleta en los medios de transporte público.

Respecto a la accesibilidad de personas con diversidad funcional, la nueva Ley fija las medidas precisas para lograra la accesibilidad universal: los planes especiales, así como los estudios de detalle deberán tener en cuenta la accesibilidad o incluir en los gastos de urbanización las obras precisas para facilitar la accesibilidad.

7. CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

Por último, otro de los puntos controvertidos de la nueva normativa es que delega la inspección urbanística y sus respectivas sanciones a los ayuntamientos (mancomunidades o similares). Esta cuestión, aparte de plantear dudas sobre si los municipios van a contar con los medios adecuados para realizar esta labor, ha despertado las alarmas de algunos expertos en urbanismo.

Los especialistas Antonio Campesino Fernández y Víctor Jiménez Barrado alegaban al anteproyecto que mantener la capacidad de imponer multas en los ayuntamientos y sus responsables, puede que derive en una omisión de funciones por parte de la Administración Local

Los especialistas Antonio Campesino Fernández y Víctor Jiménez Barrado alegaban al anteproyecto que "mantener la capacidad de imponer multas en los ayuntamientos y sus responsables, puede (y, de hecho, así ocurre) que derive en una omisión de funciones por parte de la Administración Local. La centralización en un órgano director regional o supramunicipal aportaría mayores soluciones y facilitaría, a nivel ejecutivo, la lucha contra el urbanismo ilegal".

A pesar de ello, se han introducido algunas medidas impulsadas por Podemos: la Junta de Extremadura aportará a los municipios recursos humanos, técnicos y económicos para asegurar el cumplimiento de la Ley, es decir, la obligación de remitir las ilegalidades al Ministerio Fiscal. También se procederá a la publicación de las infracciones urbanísticas graves o muy graves como medida disuasoria y de ejemplaridad y, para evitar que los ayuntamientos evadan su responsabilidad, éstos incurrirán en responsabilidad administrativa si dejan caducar los procedimientos sancionadores o dejen de prescribir las infracciones y sanciones urbanísticas.