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La Fiscalía desmonta la causa contra el delegado de Gobierno por autorizar el 8M

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid para el archivo de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. La causa parte de una denuncia por un supuesto delito de prevaricación administrativa por la autorización de las manifestaciones del 8 de marzo de 2020.

La Fiscalía ha emitido en el mediodía del 8 de junio un escrito en el que considera “palmario” que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la celebración de una manifestación no es subsumible en el artículo 404 del Código Penal, por el que se pretende procesar a Franco.

También recuerda la Fiscalía que el delito de prevaricación exige que la resolución “resulte no sólo ilícita, sino también arbitraria” y considera que el delegado de Gobierno no ha mostrado un comportamiento arbitrario “en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal”.

“No resultaría razonable exigir al delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario”, abunda el Ministerio Público, “cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”.

Por último, la Fiscalía indica que “la declaración por la OMS del covid19 como pandemia se produce el 11 de marzo de 2020. Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil”.

El Ministerio público, además, valora que la jueza intructora, Carmen Rodríguez-Medel, ha emitido un auto en el que “no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar”.