Fronteras
Colapso civilizatorio y gestión de flujos migratorios en el Reino de España

En pleno colapso de la civilización capitalista, la política de gestión de flujos migratorios y la Ley de Extranjería han de entenderse como complementos de las guerras de despojo cuyo fin consiste en relanzar la acumulación incesante de capital.
Carlos Soledad
DIÁSPORAS Centro de Investigación Migrante para la Interculturalidad País Valencià
30 jun 2022 07:00

Para poder comprender cómo y por qué operan los sistemas de gestión de flujos migratorios de la manera en que lo hacen, es útil ubicar la época actual adecuadamente. Creemos que la referencia obligada es el trabajo del destacado teórico de la colectivamente aceptada perspectiva del análisis de sistemas-mundo, Immanuel Wallerstein, quien advirtió en su extensa obra de finales del siglo XX de que las tendencias principales del capitalismo se estaban encontrando con límites estructurales planetarios. En la actualidad se asegura que estas tendencias han colocado al planeta en situación de colapso amenazando incluso la vida misma.

En concreto y por razones de espacio señalaremos únicamente que el profesor Wallerstein se refirió como tendencias que alcanzaban sus asíntotas, a la imparable subida a nivel global de los sueldos, el aumento de los precios de los insumos y la escalada de los impuestos. Además, ubicó la Revolución mundial de 1968 como “el impacto que precipitó el colapso de una geocultura —el liberalismo— que había mantenido unificado el sistema”. A partir de aquel momento, inició para los analistas de sistemas-mundo, una época de transición, de caos sistémico. En otras palabras, el capitalismo está muriendo de éxito, ya no puede seguir acumulando “incesantemente” capital de la misma forma que lo ha venido haciendo desde el siglo XVI.

Otras y otros analistas han ampliado sus planteamientos y señalado que la crisis no es sólo de la economía mundo capitalista, sino de todo el sistema civilizatorio, de la modernidad occidental y de su pensamiento moderno/industrial. Autores como Iván Illich, que desde los años setenta supo leer adecuadamente las tendencias, advirtió que las instituciones modernas estaban generando lo contrario para lo que fueron creadas. Los sistemas de salud enferman, las escuelas entorpecen el aprendizaje, el tráfico perjudica el movimiento. Sin embargo, el pensamiento crítico de aquella época aún no estaba preparado para sus propuestas. Sin éxito, abogó por sociedades y herramientas convivenciales que recuperaran la capacidad de autogobernarse, educarse, sanarse, alimentarse, inspirado en las comunidades campesinas e indígenas de México. 

En un primer momento, la crisis de la modernidad se observó más fácilmente desde los países periféricos del sistema-mundo, que se apuntaron a la carrera del “progreso” y el “desarrollo” pero cuyo resultado contraproducente para la gente de abajo y para la naturaleza contradecía las expectativas. Ahora que la crisis integral, con pandemia del Covid incluida, tocó también a los países centrales, es evidente para las mayorías que nos encontramos atravesando el colapso civilizatorio. Se trata del final de una era, la modernidad/occidental/capitalista, a la que algunos ya le denominan postcapitalismo/postmodernidad y que corresponde, según la socióloga política Claudia Von Werlhof a la más reciente fase del sistema de dominación patriarcal, que nació hace más de cinco mil años sometiendo a las culturas matriarcales.

 David Harvey apunta que los gestores del sistema capitalista en crisis, están perfeccionando la estrategia de “acumulación por despojo” con el objetivo de relanzar el capitalismo. El sistema vuelve a utilizar a gran escala la violencia y las guerras con toda su carga destructiva para la conquista de nuevos territorios

El geógrafo David Harvey, ha aportado a esta reflexión que los gestores del sistema capitalista en crisis, están perfeccionando la estrategia de “acumulación por despojo” con el objetivo de relanzar el capitalismo. Apuestan, señala el estudioso, a retomar métodos de “acumulación originaria”, descritos por Marx en El Capital, para mercantilizar ámbitos hasta ahora cerrados al mercado, como el agua, la salud, pero sobre todo los bienes comunales. En concreto, ha señalado que el sistema vuelve a utilizar a gran escala la violencia y las guerras con toda su carga destructiva para la conquista de nuevos territorios.

Por su lado, el movimiento zapatista, especialista en la resistencia contra la guerra de exterminio y enorme faro para los movimientos antisistémicos del mundo, ha señalado que el objetivo de estas nuevas guerras es destruir los territorios para posteriormente reconstruirlos y reorganizar el despojo, por ejemplo, con megaproyectos extractivistas.

En los territorios del Sur global, ya se experimentaban guerras de destrucción y conquista del territorio mucho antes que la crisis del sistema-mundo tocara a los países centrales. Ya sea como conflictos armados declarados o como guerras de cuarta generación: guerras sucias, económicas, contra las drogas, de baja intensidad, terrorismos de Estado… Todas ellas, en un contexto paradójico de hipermovilidad de mercancías, tienen por objetivo vaciar territorios y llenar otros con mano de obra barata para asegurar salarios bajos y competitividad.

El perfeccionamiento de este modelo será el resultado de la estrategia de relanzamiento del capitalismo por parte del “espíritu de Davos” como se refería el profesor Wallerstein a los poderes fácticos del capitalismo. Además, según las y los zapatistas, el sistema está operando un repliegue táctico y temporal hacia lo local, para preparar una nueva expansión. Al parecer “el sistema se está preparando para otra guerra, una total: en todas partes, todo el tiempo y con todos los medios”.

Según las y los zapatistas, el sistema está operando un repliegue táctico y temporal hacia lo local, para preparar una nueva expansión. Al parecer “el sistema se está preparando para otra guerra, una total: en todas partes, todo el tiempo y con todos los medios”

¿Cómo gestiona el Reino de España los desplazamientos forzosos?

Tras lo señalado anteriormente, podemos afirmar que las migraciones forzosas son resultado de la violencia de las guerras que forman parte del ADN del capitalismo. Y ante estos desplazamientos forzosos, los Estados modernos, tanto de gobiernos de derecha como de izquierda, han respondido en general, con una política de gestión de flujos cuyo objetivo consiste en asegurar que la máquina del capital continúe bien engrasada. Para conseguirlo cosifica a las personas como una mercancía más a explotar. Mediante un no muy conocido sistema de cuotas para inmigrantes, se define una norma que establece la cantidad de personas extranjeras que pueden entrar legalmente a un país en función de las necesidades del mercado laboral, mediante criterios machistas, racistas y clasistas.

Esta política de gestión de flujos otorga mayores restricciones de entrada a personas consideradas indeseables y facilidades a las ventajosas. Para los migrantes indeseables, el rechazo comienza a ejecutarse desde los países de origen, mediante la “externalización de fronteras” que consiste en acuerdos económicos, muchas veces para proyectos de infraestructura, pero también para “cooperación al desarrollo” con participación de las grandes ONG’s asistencialistas, a cambio de que los países de origen realicen funciones policiales de detención de migrantes pobres. La reciente masacre de Melilla, con por lo menos 37 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno español y de Marruecos son resultado de este tipo de “acuerdos de cooperación”.

La gestión de flujos en los países de destino, se concreta en las llamadas Leyes de Extranjería. En el caso de la Unión Europea, además de las leyes que regulan la gestión de los flujos migratorios, cuenta con la agencia Frontex, con presupuesto multimillonario, encargada de rechazar a las personas migrantes antes de entrar a la Europa Fortaleza. Frontex es responsable de miles de muertes y acusada de graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, a nivel de los Estados, las Leyes de Extranjería, se caracterizan por generar enormes bolsas de clandestinidad. Esta situación es global y estructural, comprobada por estudios de caso en multitud de países.

Las leyes de Extranjería de los países centrales del sistema-mundo, entre ellos el Reino de España, tienen un marcado carácter mercantilista en pleno colapso civilizatorio. Es decir, garantiza la explotación de personas migrantes, generalmente de las excolonias, racializadas y pobres, para asegurar el crecimiento de la economía, mediante dos mecanismos fundamentales.

El primero consiste en la ilegalización permanente. Mediante una norma se impide la entrada al país y después se dificulta la permanencia. Como requisito básico para residir legalmente se exige mayoritariamente, en multitud de países, contar con un contrato laboral que al no tener documentación, no se puede solicitar. Por tanto, es la pescadilla que se muerde la cola hasta por lo menos tres años, en el caso del Estado Español, que exige la ley para poder solicitar la regularización por arraigo social, siempre con una oferta de trabajo en mano.

En situación de clandestinidad, los inmigrantes sin papeles son carne de cañón para la superexplotación laboral, ya que se verán obligados generalmente, durante tres años al menos en el Reino de España, a ocupar un trabajo en el mercado informal

Este sistema genera también una jerarquía de personas extranjeras según los criterios del sistema de cuotas. Algunos ocupan la cúspide de la pirámide, como por ejemplo, las y los jubilados nórdicos en las zonas del litoral español y en contraposición, otros ocupan el escalafón más bajo, las y los migrantes indocumentados, pobres y racializados. En situación de clandestinidad, los inmigrantes sin papeles son carne de cañón para la superexplotación laboral, ya que se verán obligados generalmente, durante tres años al menos en el Reino de España, a ocupar un trabajo en el mercado informal, en muchas ocasiones como única forma de escapar de la delincuencia y en condiciones de semi-esclavitud en diversos sectores esenciales, como el trabajo del hogar y los cuidados o el campo, muchos de ellos trabajos que la sociedad autóctona no está interesada en realizar.

El segundo mecanismo mediante el cual la Ley de Extranjería asegura la explotación de los migrantes es aplicando selectivamente controles a los empresarios. Es decir, el Estado al tiempo que ilegaliza inmigrantes permite que los empresarios los empleen ilegalmente para poder explotarlos y satisfacer sus necesidades productivas. En general, muy pocas veces se sanciona a los empleadores que contratan a personas sin papeles, por lo que la explotación se sostiene con la complicidad de los Estados.

Se trata de “un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial”, como señala el investigador independiente Eduardo Romero, para el caso del Estado Español. Quién además sostiene que toda esta explotación es posible porque se basa en el miedo. En clandestinidad siempre pesa la amenaza de ser víctima de una redada racista, el encierro en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) o la deportación en un “vuelo de la vergüenza” bajo el tenebroso protocolo que permite sedaciones y golpizas, clausurando toda opción de progreso migratorio. Política del miedo gestionada por el Estado con dinero público y beneficiando a empresas privadas, como aerolíneas o empresas de catering.

En este contexto, el verdadero efecto llamada, constatado en distintas entrevistas realizadas, no son los procesos de regularización extraordinarios, sino la oferta de trabajos esenciales, no deseados por los autóctonos, que se realizan en condiciones muy ventajosas para el empresariado en general. Desde una familia autóctona de clase media con estudios universitarios que contrata como interna doméstica a una mujer sin papeles, hasta grandes empresarios de la naranja en València o de la fresa en Huelva que explota a los inmigrantes para abaratar costos.

Pero la mercantilización del migrante no acaba cuando obtienen los papeles. El sistema tiene contemplado mecanismos de residencias temporales, obtenidas mediante tarjetas que se deben continuar renovando. Existen tarjetas por circunstancias excepcionales, además de las llamadas tarjeta inicial, de primera y de segunda renovación, generalmente condicionadas a contar con un contrato de trabajo, con toda la carga de sumisión al empleador o empleadora que esto implica. A todo este utilitarismo económico fabricado artificialmente por la política migratoria y la Ley de Extranjería, hay que agregar el racismo institucional y estructural que impera en el Estado Español.

La Ley de Extranjería es la responsable de colocar a las personas migrantes, por debajo de la línea de los derechos humanos. De ejecutar la necropolítica, a la cual, le es indiferente que miles de ellos mueran en tránsito, cruzando la valla, en una redada racista, en un vuelo de deportación o en un CIE

En definitiva, la Ley de Extranjería es la responsable de colocar a las personas migrantes, por debajo de la línea de los derechos humanos. De ejecutar la necropolítica, a la cual, le es indiferente que miles de ellos mueran en tránsito, cruzando la valla, en una redada racista, en un vuelo de deportación o en un CIE. Incluso con documentación, el racismo institucional, social y político continúa poniendo muros interiores a los migrantes racializados y pobres. Una forma de aparentar que se respetan los derechos humanos, pero que forma parte de los dispositivos neocoloniales de explotación y contratación, es mediante las contrataciones en origen, en las que generalmente no se especifican las condiciones de vivienda en destino y en las que se contratan perfiles con mucha dificultad para exigir mejoras laborales que no son respetadas.

Ante el perfeccionamiento de dispositivos para explotar mejor a las y los desplazados, aseguramos que las luchas migrantes, implican un horizonte que abarca mucho más que la legalización. La Regularización de las y los sin papeles es una estrategia urgente, por justicia social, para lograr paliar el enorme sufrimiento de una gran cantidad de seres humanos. Sin embargo, no es más que un paso en la permanente lucha contra las opresiones históricas y por el reconocimiento de la autonomía individual y colectiva de las comunidades migrantes.

Las luchas migrantes en el Estado Español, además, forman parte de un movimiento global por el derecho a migrar y a no migrar. En plena era de incertidumbre, de crisis sistémica y civilizatoria, nos encontramos ante una oportunidad histórica para impulsar cambios radicales, no cabe la resignación y el catastrofismo, es el momento de construir por fin un mundo donde quepan muchos mundos.

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