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La salud es siempre salud pública: desmontando los mitos de la elección y el mercado

Durante décadas se nos ha vendido el cuento de la salud privada. Es un mito que nuestra salud sea principalmente el resultado de decisiones individuales y responsabilidades personales. Es un mito que nuestro sistema sanitario sea un servicio que las empresas privadas pueden proveer y por el que debemos pagar para sobrevivir.

Pero la pandemia de la COVID-19 ha dinamitado este mito. No podemos separar nuestra salud personal de la salud de nuestros vecinos o de nuestro planeta, al igual que tampoco podemos separarla de los factores estructurales y las decisiones políticas que determinan nuestro bienestar en términos de salud antes incluso de que vengamos al mundo.

En este contexto interconectado, el derecho a la salud es un derecho universal. Tu vida no vale ni más ni menos que la de tu vecino porque el destino de ambos está entrelazado estrechamente.

Hoy en día el derecho universal a la salud no está limitado por la escasez de recursos o por la falta de tecnología. Al revés, la riqueza de este mundo (invertida adecuadamente) podría acabar con la pandemia antes de que acabe este año.

Sin embargo, hay otro mito que lo impide: el que afirma que existe un punto de equilibrio entre la salud pública y la salud de la economía. Esto implica que todas las políticas públicas estén subordinadas al gran dios del crecimiento económico, incluso a costa de nuestras propias vidas. El concepto de sanidad privada emana de este segundo mito, que convierte nuestros cuerpos en mercancías y los servicios sanitarios esenciales en un mercado.

De hecho, los sistemas de salud públicos de todo el mundo están estructurados al detalle para servir unos fines lucrativos. No es de extrañar que sus resultados sean desiguales e insuficientes, dejando a las comunidades pobres y marginalizadas sin alternativas a la sanidad privada.

«El derecho a la salud es un derecho universal. Tu vida no vale ni más ni menos que la de tu vecino porque el destino de ambos está entrelazado estrechamente».

La dimensión racial, de género y de clase en el impacto del coronavirus es innegable si nos fijamos en la información disponible sobre las repercusiones sanitarias de la pandemia y el impacto de las respuestas políticas. También se ha puesto de manifiesto la cruda realidad de la fragilidad sistémica de los sistemas sanitarios y económicos del Norte a la hora de afrontar la crisis social. Los países que han sido capaces de manejarlas con éxito (como Vietnam, Cuba y Nueva Zelanda) tienen como factor común la consideración de la salud pública como un factor de la prosperidad económica.

Una vez más, volvemos a la premisa fundamental: la salud es un bien público en todas sus dimensiones.

¿Cómo podemos conseguir vivir en un mundo que refleje esta sencilla premisa?

El primer paso es la descolonización. Los países del Sur Global no pueden cumplir con su compromiso con una salud pública cuando se encuentran limitados por las condiciones neocoloniales que conllevan la financiación filantrópica y los préstamos multilaterales. Este enfoque jerárquico despoja a los países de su soberanía sobre cómo financiar los servicios de salud, privatiza sus infraestructuras sanitarias y paraliza su formulación de políticas sociales.

En la mayoría de estos países la cobertura sanitaria universal se asumía como algo garantizado en las décadas de los 60 y 70. Pero luego llegó el ajuste estructural. La imposición del Consenso de Washington durante la década de los 80 y 90 condujo a una reformulación radical del sector sanitario como un área lucrativa de privatización y desregulación. La introducción de tarifas por usuario y la priorización de soluciones de alta tecnología importadas desplazaron a millones de personas pobres hacia los márgenes, mientras que la “sanidad privada” se convertía en la norma. Se priorizó la cobertura sanitaria mediante “paquetes de prestaciones mínimas” por encima de un enfoque de salud comunitaria y la salud primaria integral.

Queda claro en ese sentido que la sanidad pública precisa de una propiedad pública, una forma de propiedad que puede ofrecer transparencia e impulsar la participación ciudadana en la prestación de servicios sanitarios. Deberían crearse centros de atención primaria, empresas de asistencia domiciliaria y empresas biomédicas en el sector público que asegurasen la producción y distribución de medicamentos y tecnologías médicas imprescindibles, así como de servicios sanitarios.

Sin los imperativos estructurales derivados de la primacía de los accionistas y de la maximización de los beneficios, estas empresas podrán priorizar las tecnologías preventivas y curativas, subsanar las deficiencias de tratamientos actuales y ofrecer productos a precio de coste o por debajo del mismo para poder satisfacer las necesidades de la sanidad pública.

Es más, pueden revertir las ganancias en los fondos públicos, reducir las carencias y consolidar la capacidad de reacción institucional ante emergencias. Disponer de una infraestructura sólida del sector público para el desarrollo, producción y distribución de bienes esenciales como medicinas, equipos de protección individual y otras herramientas médicas rompe con el monopolio corporativo de nuestro suministro de bienes médicos, reduce la captura regulatoria y aumenta la capacidad pública para exigir un acceso universal y equitativo a los servicios y bienes sanitarios fundamentales.

La sanidad pública ofrece externalidades positivas para la economía y la sociedad. Aunque nos limitemos a seguir la lógica del crecimiento económico restrictivo, se estima que cada dólar invertido en salud en los países en desarrollo genera entre dos y cuatro dólares en beneficios económicos a lo largo del tiempo. Y esos dólares son todavía más valiosos si cabe cuando las comunidades y países tienen autonomía para priorizar sus propias necesidades e invertir en una consolidación institucional sostenible en el tiempo, que será de utilidad para sus comunidades en los años venideros.

Países como Cuba o Vietnam han demostrado que, incluso con unos presupuestos modestos, el desarrollo de un sistema de salud soberano que priorice la atención primaria y preventiva, junto con una infraestructura sanitaria pública sólida, puede proporcionar unos resultados excelentes a la población en materia de salud. Está demostrado que invertir en sistemas sanitarios públicos contribuye a obtener mejores resultados que invertir en sistemas sanitarios privados. Liberar el sector de la salud de los imperativos del mercado permitiría focalizarlo de nuevo en la atención primaria y preventiva, en la planificación de un acceso equitativo y en la promoción de la salud comunitaria –factores que se salen de los parámetros tradicionalmente más lucrativos de la prestación sanitaria. Por otra parte, se pueden crear programas de desarrollo dirigidos al personal para satisfacer las necesidades comunitarias, creando a la vez puestos de trabajo estables en el sector público que son en sí mismos una inversión inicial en la salud de la comunidad.

La reivindicación de la autonomía del sector público por parte de las naciones soberanas requiere superar el modelo actual de programas de salud comunitaria, actualmente dominado por programas de control de enfermedades verticales liderados por los agentes donantes. A pesar de que suelen ser muy costosas, las intervenciones verticales orientadas a la erradicación de una sola enfermedad han sido impuestas a los países de ingresos bajos y medios, en detrimento de las mejoras horizontales de la infraestructura de sanidad pública que serviría a largo plazo a toda la población y que haría que los sistemas sanitarios locales fueran mas resilientes. También contribuyen a la fuga de cerebros interna, ya que el personal calificado abandona el sector público para trabajar en organizaciones internacionales y no gubernamentales a cambio de un salario mayor.

Es imprescindible revertir las condiciones de ajuste estructural y desvincular los préstamos, las donaciones y la financiación externa de condiciones, para así poder reclamar la soberanía en el espacio de toma de decisiones en el ámbito de la salud pública nacional. Es vital llevar a cabo una reestructuración completa de los mecanismos de gobernanza sanitaria global para asegurar la representación democrática en la toma de decisiones por parte de todos los países participantes, independientemente de que sean contribuyentes o beneficiarios netos. Los mecanismos de gobernanza sanitaria global deben implementar medidas que garanticen que la influencia externa que se ejerce sobre los países esté subordinada a la soberanía nacional, que las actividades de las organizaciones globales de la salud sin un mandato democrático estén supervisadas y que los gobiernos nacionales pidan cuentas de su impacto.

«La reivindicación de la autonomía del sector público por parte de las naciones soberanas requiere superar el modelo actual de programas de salud comunitaria, actualmente dominado por programas de control de enfermedades verticales liderados por los agentes donantes».

Es clave conseguir una representación de las personas más marginalizadas y de las comunidades más afectadas por el colonialismo y el ajuste estructural en la gobernanza de las instituciones financieras y sanitarias mundiales para que sus prioridades y perspectivas se incluyan en la agenda y en las prioridades de desarrollo. Además, un mayor empoderamiento, participación y planificación de la comunidad en el proceso de desprivatización de los servicios sanitarios puede impulsar la democratización de la sanidad y ofrecer unas mayores oportunidades de transparencia, responsabilidad ciudadana y supervisión.

Reclamar el rol del sector sanitario como un bien público debería ir acompañada de la reivindicación de servicios esenciales como el agua y la electricidad. Las inversiones en agua y energía públicas, junto con la desinversión en combustibles fósiles, darían lugar tanto a una resiliencia climática como a un acceso más equitativo a la infraestructura básica de salud pública. Muchos países en todo el mundo siguen enfrentándose a grandes desafíos para la salud pública en forma de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la malaria, así como infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior. Existe una estrecha relación entre estas enfermedades y factores sociales determinantes como el acceso al agua potable y a unas buenas condiciones de vida, la calidad del aire y el saneamiento. Cualquier estrategia encaminada reclamar el rol de salud pública como un bien público debe centrarse en estos factores sociales determinantes e intentar aumentar el poder público en todos los sectores de la economía que son responsables de las condiciones básicas de la vida humana y de la estabilidad de nuestro medio ambiente.

La pandemia de la COVID-19 ha brindado la posibilidad de revisar y replantear muchos de los mitos que sustentaban un sistema sanitario global roto y, con ello, nos ha ofrecido la oportunidad de establecer un sistema de salud pública verdaderamente global: equitativo, inclusivo y basado en las personas.

No basta con criticar el capitalismo de manera feroz. Es hora de reimaginar un mundo en el que la vida humana y la sostenibilidad medioambiental sean la máxima prioridad y en el que el derecho universal a la salud sea la base de toda política pública.

Un sistema basado en este derecho universal (e incentivado por la solidaridad global) no solo es posible: es imperativo para la supervivencia de nuestra especie.

AUTORÍA

* Tinashe Goronga es un organizador comunitario de la Campaña Global contra el Racismo en EqualHealth.
* Dana Brown es codirectora de Teoría, Investigación y Política en The Democracy Collaborative.
* Siddharta Mehta es miembro del Colectivo de Respuesta COVID-19 de la Internacional Progresista.

Este ensayo forma parte de la serie “Manifiesto por la vida humana” de la Internacional Progresista, publicado en el aniversario de la pandemia de COVID-19 y que previamente apareció en Common Dreams. Firma el manifiesto aquí.

• Producido por Guerrilla Translation bajo una Licencia de Producción de Pares
• Texto traducido por Lara San Mamés , editado por Marta Cazorla
• Artículo original publicado en The Next System Project
• Imagen de portada de Ornella Sartore
• Imagen de artículo de @metabyte_