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El acuerdo con Grecia muestra la guerra entre democracia y mercados en la UE

“No se necesita plan B”. Con estas palabras Angela Merkel daba por cerrado el fin de semana de negociaciones entre el Gobierno griego y los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona para un tercer rescate de Grecia. Durante horas, el Plan B no era otro que forzar a Grecia a anunciar su salida del euro —el llamado Grexit— y mostrar así el camino de una sola dirección al resto de países europeos en lo que se ha calificado como ‘golpe de Estado’ en Twitter bajo la etiqueta “This is a Coup” (esto es un golpe).

Ocho días después del referéndum en el que un 60% de los votantes griegos dijeron no a las condiciones de la troika para el rescate griego, el Gobierno de Syriza ha aceptado un tercer rescate para su país que incluye algunas de las medidas rechazadas el 5 de julio y que Alexis Tsipras, primer ministro griego, se comprometió a no implementar cuando entró en el Gobierno el pasado 25 de enero.

Un tributo de sangre

A partir de ahora Grecia comenzará una carrera contrarreloj para poner en marcha el paquete de medidas comprometidas ayer. El Plan A de Alemania y los sectores financieros que lideran la UE.

La austeridad encargada a Tsipras, que debe ser refrendada por el Parlamento griego, pasa por implementar en tiempo récord —antes del 15 de julio— una nueva reforma laboral, recortar las pensiones, simplificar el impuesto sobre el valor añadido (VAT) y poner a la venta —privatizar— desde bancos, puertos o aeropuertos, hasta su sector eléctrico. La reforma de la oficina de estadísticas, el “debilitamiento” de las uniones sindicales, la revisión de medidas anticíclicas (como la que reestableció los empleos de las limpiadoras del ministerio de Finanzas) o la apertura de los comercios en domingos son otras de las medidas impuestas a la economía griega.

A cambio, un programa de tres años con una financiación de 50.000 millones de euros, de los cuales la mitad irá para recapitalizar los bancos, otro buen mordisco para los intereses de la deuda y aproximadamente una cuarta parte para inversiones. La firma del acuerdo incluye también el probable final, esta semana, del control de capitales impuesto a los bancos desde la última semana de junio, zanahoria que será puesta en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) mediante un programa ELA de asistencia de liquidez de emergencia.

El Gobierno de Syriza no ha conseguido que los líderes del Eurogrupo admitan una quita de la deuda de 225.000 millones de euros, aunque sí se estudiará un alivio de las condiciones de reembolso de los plazos, según ha informado EFE. Tampoco ha logrado otro objetivo: dejar fuera del grupo de ‘rescatadores’ al FMI, institución encargada del apuntalamiento de reformas estructurales de calado en todo el mundo especialmente destinadas a la reducción de sistemas públicos de pensiones.

En el plano político, Tsipras ha pasado en una sola semana de recibir el aval de todo el pueblo griego a afrontar la crisis más importante a nivel interno de su mandato. La bajada al Parlamento de un programa que va más allá de las condiciones que el pueblo rechazó el pasado domingo puede generar un clima de rebelión en el seno de la propia Syriza, en el que varios diputados, comenzando por la presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopoulou, han mostrado desde el domingo objeciones a la línea de negociación abierta por Tsipras. La posibilidad de que Tsipras remodele el ejecutivo para crear un Gobierno de “unidad nacional” e incluso de que convoque elecciones anticipadas han planeado desde el sábado cuando comenzó a divulgarse el contenido del acuerdo alcanzado. El ministro de Trabajo ha admitido la posibilidad de que antes de fin de año se celebren unos comicios.

No se han escatimado críticas al acuerdo aceptado por Tsipras. “Después de la cumbre del sábado y el domingo, los halcones europeos están decididos a pedir al Gobierno de Grecia un tributo de sangre, haciendo del acuerdo el paquete de austeridad más cruel que se puede imaginar”, ha escrito el activista social griego Theodoros Karyotis.

Mucho más que Grecia

En clave europea, el mandato de Alemania, que ha forzado el acuerdo hasta las posiciones más punitivas frente a Francia, que ha hecho el papel de ‘poli bueno’ en las negociaciones, ha sido criticado hasta el punto de abrir una herida sin precedentes en la construcción europea. Francia e Italia —auxiliados desde el interior por la Administración Obama— han tratado de suavizar la humillación a Grecia propuesta desde Alemania, Holanda, Finlandia y otros países con el objetivo de recuperar parte del terreno cedido a Alemania en los planos geoestratégico y fiscal.

Tras el acuerdo, cabe la posibilidad de que Tsipras remodele el ejecutivo para crear un Gobierno de unidad nacional e incluso de que convoque elecciones anticipadas

Como señalaba Jerome Roos, en RoarMag: “En este proceso, la propia Grecia ha sido reducida una vez más al papel de peón en las maniobras estratégicas de los grandes poderes, mientras que el futuro del país y las vidas de sus ciudadanos sigue en la cuerda floja”. En este sentido, Yanis Varoufakis explicaba en un texto publicado en España por Sin Permiso, que Schüable, ministro de Finanzas alemán, había decidido en el curso de las negociaciones que el coste económico del “grexit era una ‘inversión’ que valía la pena como vía para disciplinar a Francia y a otros”.

La imposición de la postura de Merkel, no obstante, puede tornar en una victoria pírrica dado que el conflicto ha mostrado las costuras de una construcción europea no sólo imperfecta sino cuestionada en su propia base: la asunción de que es una unión democrática. Marc Ostwald, de la inversora ADM, declaraba en el inglés The Guardian que “puede asegurarse que el deseo de parte de los acreedores de la Eurozona de destruir la economía griega ha creado un acuerdo peor que el Tratado de Versalles de 1919”.

Por esa misma razón, casi ningún analista se ha atrevido a dar por concluida la crisis griega. Desde que los Parlamentos griego, alemán y de otros Estados centroeuropeos aprueben el acuerdo alcanzado hasta agosto, fecha en la que se evaluarán las medidas puestas en marcha a partir del 13 de julio, se producirá un paréntesis en la guerra entre las finanzas y la democracia que está teniendo lugar en el continente.