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El maquillaje del TTIP: del ISDS al ICS

La nueva propuesta de la Comisión Europea para establecer, a través del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio entre EE UU y la UE (TTIP), mecanismos de arbitraje para conflictos entre Estados y empresas ya tiene sus primeras críticas. Varias organizaciones reaccionaban hoy ante la noticia, hecha pública ayer, de acabar con los tribunales privados e implantar en su lugar una corte pública, que sería la encargada de decidir en las casuísticas de conflicto entre compañías y naciones. El nuevo mecanismo se denominaría Investment Court System (ICS) y sustituiría al polémico ISDS, que obtuvo una fuerte crítica por parte de la opinión pública, además de por parte de partidos y organizaciones.

Mientras la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, califica la reforma como una “modernización del antiguo sistema de resolución de conflictos”, desde Amigos de la Tierra se oponen a cualquier tipo de arbitraje “que otorgue derechos a las empresas por encima de gobiernos”. La directora de la ONG, Liliane Spendeler, explica que “la propuesta de la Comisión para reformar el sistema de arbitraje está hecha con la misma vara de medir que el anterior mecanismo”, asegurando que, “a pesar de su nuevo nombre y algunas reformas de funcionamiento, blinda los derechos de los inversores extranjeros sin exigirles ninguna obligación para proteger a la ciudadanía”.

Disfrazar el sistema

“Si bien la Comisión, al menos en sus declaraciones, intenta abordar algunas de las críticas al ISDS, con la designación pública de los jueces o la supuesta garantía de los Estados de poder legislar, no hace más que disfrazar un sistema que no es necesario, ni aborda el problema de raíz: la concesión exclusiva de privilegios a los inversores extranjeros por encima de la sociedad, de los gobiernos y de los inversores domésticos, en clara contradicción con el carácter democrático de la Unión Europea y la libre competencia”, remarcan desde Amigos de la Tierra.

Por su parte, Ecologistas en Acción, uno de los colectivos más activos en la lucha contra el TTIP, tilda la propuesta de la comisaria de “maquillaje del sistema de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado, que sigue dando a las multinacionales el privilegio exclusivo de desafiar la soberanía parlamentaria y las medidas de la administración pública”. La organización afirma que el rechazo social que el ISDS ha generado, incluyendo el de los parlamentos holandés y francés, “ha obligado a la Comisión a presentar una serie de cambios superficiales al ISDS en el marco de las negociaciones con Estados Unidos para tratar de desmovilizar la creciente oposición al TTIP”.

La organización también recuerda que la propuesta “omite que los Estados miembros de la UE han firmado 1.228 Tratados de Protección de Inversiones que incluyen el sistema ISDS, que la propia Comisión Europea defiende a ultranza”. También hace hincapié en que en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), pendiente de ratificación, la Comisión ha incluido el ISDS, “que amplía de facto las posibilidades de uso de los tribunales privados de arbitraje, lo que demuestra cómo su principal objetivo es defender los intereses privados del poder económico por encima de los Derechos Humanos de la ciudadanía”.

Del ISDS al ICS

La nueva propuesta de Malmström implicaría la creación de un sistema judicial integrado por 21 jueces, de los que 15 formarían el Tribunal de Primera Instancia (cinco ciudadanos de EE UU, cinco de la UE y cinco de terceros países) y seis el de apelaciones (dos estadounidenses, dos de la UE y dos de terceros). Las dos salas, que en teoría deberían garantizar la seguridad de todo el proceso jurídico, tienen consideración de Corte Internacional, una novedad respecto a la anterior propuesta ISDS. Su mandato duraría seis meses, prorrogable una única vez.

Otro de los principales cambios se refiere al sorteo de los casos. Éstos se distribuirían de forma aleatoria en los tribunales, formados por tres jueces, uno de la UE, un estadounidense y un último de un tercer país. En la anterior propuesta los casos se repartían ad hoc y los árbitros eran escogidos por terceras partes. Respecto a lo referente al conflicto de intereses, Malström indicaba: “Su independencia debe estar fuera de duda”.

Asimismo, la propuesta establece que el derecho a regular las políticas públicas estaría completamente preservada a los Estados, lo que implicaría que el TTIP no podría inmiscuirse en la soberanía nacional de los Estados modificando legislaciones. “Las disposiciones derivadas de la protección de inversiones no deberán interpretarse como un compromiso de los gobiernos a no cambiar su marco jurídico”, reza el texto.

Para Amigos de la Tierra, la inclusión del arbitraje entre inversores y Estados no es necesaria, ya que inversiones multibillonarias han tenido lugar sin este mecanismo. “Los inversores ya disponen de mecanismos de protección, como acudir a los tribunales normales, por lo que no existe ninguna razón para otorgarles este poder descomunal con una corte específica de inversiones”, afirman. Además, recuerdan que “mientras las empresas extranjeras pueden demandar a los gobiernos, en particular si estos legislan en pro del interés social y del medio ambiente, los gobiernos no pueden demandar a las empresas en estos tribunales”.