Hemeroteca Diagonal
La oficina antifraude investiga el pelotazo de la sanidad en Catalunya

Reproducido más de 300.000 veces en sus versiones en catalán y castellano, el vídeo El robo más grande de la historia de Catalunya, subido a Youtube por el periodista Albano Dante Fachín, editor de la revista local de Girona CafeambLlet, es una guía básica para adentrarse en las anomalías del sistema de salud catalán. Preguntado por DIAGONAL, Dante Fachín insiste en que su revista apenas ha descubierto nada nuevo, y se remite a las investigaciones de otros medios, como el Triangle o la edición catalana de El País, para demostrar que se conocen los nombres de quienes se han enriquecido con la estructura de conciertos de la sanidad. Aún así, con el vídeo “se ha armado un buen revuelo”, explica este periodista, quien refiere que los dos hospitales en los que se centra, los de Blanes y Calella (Girona), han advertido a sus plantillas de que deben destruir los ejemplares de la revista que se repartan en esos hospitales.

Las represalias contra esta revista están relacionadas con las acusaciones que ha realizado sobre Ramón Bagó, alcalde de Calella entre 1979 y 1991 y actualmente vicepresidente del organismo público Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC). Desde enero, Bagó está siendo investigado por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos al Grupo Serhs, holding empresarial que en 2011 facturó 473 millones y obtuvo cinco millones de euros de beneficios. Según una información publicada por El País el 19 de marzo, Bagó ha captado 50 millones de euros del erario público para sus empresas. Los 50 millones proceden de contratos adjudicados directamente, sin concurso público. De éstos, explica Dante Fachín, la sindicatura de cuentas tiene indicios de que 15 millones se han obtenido de forma irregular. Más difícil de probar son las posibles irregularidades provocadas por el hecho de que, como alto cargo del Consorcio, Bagó haya participado en el diseño de concursos públicos a los que se han presentado empresas del grupo Sehrs.

Josep Prat, investigado

Este político de CiU no es el único que está bajo la lupa de la Oficina Antifraude. En enero, esta fiscalía abrió una investigación de oficio contra Josep Prat, en la actualidad presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS).

Con un notable currículum en el sector privado sanitario, Josep Prat, fue puesto en 2011 al frente de la entidad pública de gestión de la salud en Catalunya. En ese momento era vicepresidente de USP Hospitales, un grupo de sanidad privada –que en marzo ha sido adquirido por el fondo de capital riesgo británico Doughty Hanson– en el que Prat ha ostentado varios cargos hasta el 11 de enero de 2012. Ese mismo día, el presidente del ICS dimitió como director del grupo de empresas municipales Innova, un holding que hasta enero le pagaba un sueldo de 280.000 euros anuales, tras una denuncia de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Reus por supuesta prevaricación e incompatibilidad de cargos.

USP e Innova son los principales núcleos de una actividad que le ha llevado al consejo directivo de al menos otras diez sociedades vinculadas al sector privado en el campo de la salud. El agujero que dejó Innova Hasta el momento, el entendimiento entre intereses privados y la gestión de los recursos públicos de sanidad solo se ha saldado con una dimisión de renombre, la de Carles Manté, ya expresidente del consorcio público Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

De fondo queda la denuncia de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a la Oficina Antifraude Europea (Olaf) por presunto desvío de fondos europeos a Shirota Functional Foods, del grupo Innova, presidida hasta febrero de este año por Manté. En la actualidad, según El País Catalunya, el Ayuntamiento de Reus se plantea tomarmedidas legales contra CarlesManté, Josep Prat y otros diez exaltos cargos de Shirota Foods, empresa que ha contribuido a crear el “agujero” de 88 millones de euros que el grupo Innova ha generado en esta ciudad tarraconense.

Los de Bagó, Prat y Manté son sólo tres casos en un sistema en el que constantemente se confunden las competencias de empresas públicas, consorcios privados y holdings empresariales, pero la sospecha de incompatibilidad llega también hasta el propio Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, quien fue hasta 2010 presidente de la Unió Catalana d’Hospitals, principal patronal del sector en el país, de donde también procede Roser Fernández, secretaria del Departamento de Salud de la Conselleria. En la denuncia de la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS) presentada ante la Fiscalía Superior de Catalunya se refiere que Ruiz aún figura como director de Know How Advicers S.L., una consultoría entre cuyas actividades está “el desarrollo de estudios generales o aplicados, dirigidos a la planificación de las actividades de terceros en las actividades sanitarias y de bienestar social”.