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La campaña electoral del PSOE sorprende a través del BOE con un “artículo 155” digital

Juristas e informáticos coinciden: la publicación en el BOE del Real Decreto Ley de Seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones es una medida de la campaña electoral de Pedro Sánchez. “Un real decreto necesita para su aprobación una mayoría simple en el Congreso de los Diputados durante los siguientes 30 días tras su publicación, de lo contrario queda automáticamente derogado. Y una modificación de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión y de la intimidad, no puede estar regulada por un real decreto, sino por una ley orgánica, que posteriormente debe aprobarse por una mayoría absoluta en las Cortes Generales”, apunta el abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida, quien prevé recursos inconstitucionales para este decreto que desde la Generalitat han definido como un artículo 155 digital.

Publicado en el BOE el 5 de noviembre de 2019, este decreto no ha pasado por un debate en el Congreso, sino que ha surgido de un Consejo de Ministros del gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

El ingeniero informático y miembro de la Asociación ciberactivista Interferencias, Germán Martínez, apunta a que “lo tristemente gracioso de estas leyes es que te das cuenta de que las hacen de cara a la galería o que, simplemente, cada vez tienen menos necesidad de ocultar sus intenciones de controlar todos los aspectos de la libertad de las personas”.

El decreto solo añadiría un poco de dificultad al proceso de creación de una app como Tsunami Democràtic

Sobre la posible utilidad del decreto para evitar movilizaciones masivas e incluso un nuevo referéndum en Catalunya, Martínez pone de ejemplo la app de Tsunami Democràtic. “Tsunami no es una estructura que se monta en dos días, seguramente ha estado desarrollándose durante meses y basándose en una infraestructura que está diseñada para superar este tipo de cuestiones. El decreto solo añadiría un poco de dificultad a todo ese proceso”. No la frenaría.

La impulsora de la Asociación Xnet, Simona Levi, referente en el Estado en derechos digitales, define el decreto como “liberticida” y coincide con que ha sido “aprobado con nocturnidad y a dos días de las elecciones, con Catalunya como excusa”. Lo más grave para la activista es la introducción del concepto orden público. “El orden público tiene una reminiscencia claramente franquista y nos lleva a recordar casi de inmediato al socialista José Luis Corcuera”. Y finaliza con la siguiente reflexión: “Esta ley pretende llevar la excepcionalidad a la cotidianidad”.

El decreto no nombra a Catalunya en sus 20 páginas de extensión, pero en el sexto párrafo alude a “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español, que han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación”. Mientras desde Catalunya ya hay quien ha definido este decreto como un artículo 155 digital, el abogado Carlos Sánchez Almeida ha preferido usar una metáfora propia del mundo de los mamíferos: “Esta ley es un combate de machos alfas en época de berrea”, época en la que los ciervos están en celo y se enzarzan en peleas de cornamentas.

“La República catalana digital es propaganda y gesticulación; y el real decreto del Gobierno es propaganda y gesticulación”, insiste el abogado. “Es falso que se puedan cerrar web sin autorización”, insiste Sánchez Almeida, contradiciendo el comunicado del Departamento de Políticas Digitales del Govern catalán. “Solo un juez puede interceptar comunicaciones y ordenar el secuestro de publicaciones, como es el cierre de una web, según el artículo 18, referente a la intimidad, y el artículo 20, en el caso de la libertad de expresión”. Y asegura que el decreto no modifica lo establecido para el cierre de webs por la Ley de Telecomunicaciones 34/2002 del 11 de julio. 

Pero insiste y considera que por cómo esta redactado y presentado el real decreto, publicado el 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado, “hay materia para presentar un recurso de inconstitucionalidad”, que puede surgir tanto del defensor del pueblo, como de un mínimo de 50 diputados o senadores y de los propios afectados, en este caso, la Generalitat de Catalunya o el Parlament.

Ofensiva jurídica

El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, anunció el martes 5 de noviembre en una rueda de prensa urgente una “ofensiva jurídica y política contra el real decreto digital del Gobierno español”.

“El decreto se carga el modelo digital del Estado de las Autonomías, y lo justifican bajo el pretexto de seguridad nacional”, indicó Puigneró. “Estamos ante un 155 por la puerta de atrás”. El consejero anunció que ha encargado un informe a los servicios jurídicos centrales de la Generalitat y al Consejo de Garantías Estatutarias y que, una vez resueltas las conclusiones, el Govern se podría plantear presentar un recurso al Tribunal Constitucional.

El Gobierno vasco está estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad, ya que el decreto también es irrespetuoso con las competencias vascas y afecta, por ejemplo, a la tarjeta Izenpe. La tarjeta Izenpe permite a los ciudadanos empadronados en la Comunidad Autónoma Vasca identificarse y firmar electrónicamente en las relaciones telemáticas con las distintas administraciones públicas –locales, forales, autonómicas y estatales– y servicios privados. Hasta ahora, cuenta con la consideración legal de cualificado, por lo que la firma de la tarjeta Izenpe es legalmente reconocida como una manuscrita. El real decreto del PSOE solo califica como legal el DNI electrónico y considera que todos los datos de carácter personal de los ciudadanos deben alojarse solamente en servidores europeos por protocolos de seguridad.

En el decreto aparece nueve veces el concepto de orden público, siempre ligado a la seguridad nacional (concepto que se repite en 17 ocasiones) y seguridad pública (41 menciones). El texto justifica los cambios introducidos en la ley de Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada el 1 de diciembre 2017, dos meses después del referéndum catalán, que identificaba como amenazas “el robo de datos e información, así como el hackeo de dispositivos móviles y sistemas industriales y los ciberataques contra infraestructuras críticas, lo cual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública, que exigen una mejor protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano”.