Juicio del 1 de Octubre
El ‘otro Madrid’ convoca una manifestación contra la sentencia del octubre catalán

Con una pintada de Falange con el mensaje “Muerte al Separatismo” y un auto de un juez de lo contencioso-administrativo, el ultraconservadurismo madrileño mostró en septiembre de 2017 su frontal negativa a que el Ayuntamiento abriese las puertas al debate sobre el referéndum del 1 de octubre organizado por la plataforma “Madrid por el derecho a decidir”. Ha llovido poco y, sin embargo, han pasado dos años, el referéndum y la represión policial del 1 de octubre, el cierre de filas en torno al discurso del rey Felipe VI, el encarcelamiento de once líderes del Procés, y la sentencia del pasado lunes 14 de octubre. La derecha ha recuperado el Ayuntamiento de Madrid pero, a pesar de todo, hay ‘otro’ Madrid dispuesto a defender el derecho de autodeterminación y derechos básicos como el de reunión o libertad de expresión.

La convocatoria de una manifestación de protesta surgió inmediatamente después de que se conociera la sentencia a cien años de prisión a los organizadores políticos y sociales del movimiento independentista que culminó el 1 de octubre. Al contrario que en Valencia, Santiago o Bilbao, donde se celebraron manifestaciones la misma noche del lunes, la protesta ha sido convocada dos días después de la sentencia: será hoy, miércoles 16 de octubre, en la Puerta del Sol a las 19h30.

Actualización a las 22:50

La concentración en Madrid ha reunido a unas 2.000 personas, según una primera estimación de este periódico. Durante la misma se ha producido un momento de tensión por la llegada de un grupo de provocadores ultras, que han sido expulsados de la Puerta del Sol por agentes de la Policía. Los gritos de "presos politics, llibertat" y "Madrid está con el pueblo catalán" entre otros han sonado hasta la lectura del manifiesto.

Posteriormente, un grupo de manifestantes se ha dirigido al Congreso de los Diputados en una comitiva. En ese punto, los antidisturbios han cargado contra el centenar de personas que seguían en la protesta.

Sentencia de alcance

Jaime Pastor, uno de los militantes de la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir, califica de “injusta” la sentencia, resultado de un juicio “que solo ha buscado castigar a los más de dos millones de catalanes y catalanas que se limitaron a reclamar y ejercer su derecho al voto para poder decidir su propio futuro como pueblo”. Pastor no duda en calificar como “farsa” un juicio cuyas bases han sido cuestionadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos en un informe que fue publicado como consecuencia de la asistencia al juicio de 60 observadores internacionales.

Desde esta plataforma se plantea que la protesta contra la sentencia no es un automatismo solidario, sino que el escrito del Supremo afecta a la ciudadanía madrileña y de todos los pueblos de España. Pastor señala que el hecho de que la sedición sea “considerada como alzamiento público y tumultuario sienta un precedente peligroso que amenaza con la criminalización de cualquier forma de protesta colectiva en el futuro”. Recuerda que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca ha sido la primera en interpretar con preocupación “el retroceso de nuestros derechos que significa la sentencia a los presos y presas políticas catalanas”.

Así, los movimientos sociales y las organizaciones políticas corren el riesgo, señala este portavoz de Madrileños por el Derecho a Decidir, de que cualquier protesta colectiva que obstaculice la actuación policial o judicial “podría ser calificada como sedición, con la enorme cantidad de años de condena que puede suponer”. Para Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, esta condena no solo va dirigida contra “esos más de dos millones de personas que votaron el 1 de octubre” sino también contra “cualquier forma de desobediencia civil colectiva, incluso pacífica, que pudiera practicarse frente a leyes injustas o a sentencias judiciales”.

Mientras en Catalunya se suceden las acciones de desobediencia civil y desde el Ministerio de Interior se anuncie que ya se está investigando quién está detrás de Tsunami Democrátic, la plataforma que está centralizando la mayor parte de las acciones, la plataforma madrileña defiende que el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación y la libertad de expresión está sufriendo un largo deterioro a raíz de la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal. Por eso, para Pastor “esto no es una cuestión de independencia sí o no, no es una cuestión de nacionalismos”. “No —subraya el activista—, se trata de defender nuestras libertades y derechos fundamentales, entre ellos el derecho a decidir sobre la forma de Estado o sobre cualquier reforma constitucional que se pudiera plantear en un futuro”.

Protestas anteriores

No es la primera vez que miles de personas se citan en Madrid para defender la libertad de expresión en el marco del derecho de autodeterminación de Catalunya. Tras el auto que prohibió el evento “En Madrid por el Derecho a Decidir” en instalaciones municipales, el 17 de septiembre de 2017 se celebró el mismo acto en un espacio privado, el Teatro del Barrio, en Lavapiés. El 1 de octubre, 8.000 personas salieron a la calle contra la represión política y policial del referéndum. A raíz de esa protesta, seis jóvenes se enfrentan a penas de hasta cinco años y medio de prisión, y al pago de 10.000 euros, entre multas y responsabilidad civil, por un enfrentamientos con provocadores ultras durante la concentración en apoyo al referéndum de Catalunya en Madrid.

El 16 de marzo de este año tuvo lugar la última gran marcha en Madrid en apoyo a los detenidos por el Procés. Aquel día, entre 18.000 —según la Delegación del Gobierno— y 120.000 personas —según los convocantes— se manifestaron bajo los lemas “Autodeterminación no es delito” y “Democracia es decidir”. La marcha contó con el apoyo de un centenar de entidades de Madrid, como Izquierda Castellana, Anticapitalistas o la Coordinadora 25S, y también estuvo marcada por la masiva afluencia de comitivas procedentes de la propia Catalunya, País Vasco, País Valencià, Galicia o Andalucía.