Laboral
La UE apunta, el gobierno dispara

Dos años después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponía una reforma del modelo de estiba en los puertos, el Gobierno despertó de su letargo. Con una multa acumulada superior a los 20 millones de euros, el ministro de Fomento apeló a la “responsabilidad” sindical para evitar perjuicios en el erario público y cumplir con Bruselas. Pero la ofensiva legislativa ha ido más allá de lo exigido. Según Vidal Aragonés, asesor del Consejo Internacional de Estibadores, “la sentencia ha sido la excusa para hacer una contrarreforma legislativa”.

Una de las bases del modelo español de la estiba y desestiba ha sido la centralidad de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), que tienen en su plantilla a los estibadores y los ceden a las empresas que los necesitan. Para acceder a los servicios de estos trabajadores, las empresas deben entrar en el accionariado de las SAGEP. Y este es el principal punto de la sentencia del TJUE. “Para cumplir la sentencia, bastaba con redactar un decreto donde se indicase que las empresas estibadoras no pueden ser obligadas a formar parte de las SAGEP. Y que las empresas pudiesen desvincularse si lo creían conveniente”, afirma Aragonés. Jaime Rodrigo de Larrucea, abogado y profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), también cree que la sentencia se basa en ese aspecto, pero recuerda que “esta exigencia del TJUE tiene unas implicaciones que, en el fondo, acaban cambiando el modelo”.

“Nada impide que se mantengan registros de trabajadores de la estiba bajo otra forma”, señala Paloma López

Quizá por ello, Paloma López, europarlamentaria por la lista Izquierda Plural, defiende la creación de estructuras alternativas a las SAGEP que preserven al máximo el modelo previo: “Nada impide que se mantengan registros de trabajadores de la estiba bajo otra forma”. Como afirma Tania González, europarlamentaria de Podemos, “la libertad de establecimiento empresarial no implica una desregulación total, como pretende el Gobierno, siguiendo su política de buscar la competitividad —y beneficios para sus amigos— en la degradación de las condiciones laborales”. “Imagínate si hay poca limitación al establecimiento empresarial que la principal empresa en el puerto de Barcelona es de capital chino. En Tarragona es una sociedad de Dubái, y en el puerto de Valencia, una compañía danesa”, añade Aragonés.

INSTRUMENTALIZACIÓN

“Los decretos del Gobierno se extralimitan. La sentencia no es el problema, sino la oleada neoliberal”, afirma Aragonés. El coco europeo, siempre ávido de liberalizaciones, se convierte así en una excusa para legislar y propiciar recortes de salarios llamados, de manera eufemística, devaluación competitiva. Aragonés habla de un proceso judicial convertido casi en una escenificación de divergencia: “El Estado hizo una defensa de mínimos para que una sentencia condenatoria justificase el cambio de sistema”.

Para la europarlamentaria de Izquierda Plural, “el Gobierno debería haber defendido el modelo ante el TJUE, pero optó por dinamitar el actual sistema e ignoró el preacuerdo entre Anesco —la patronal de los estibadores— y los sindicatos para imponer una reforma mucho más agresiva para los trabajadores”. Rodrigo de Larrucea también cree posible que el Estado descuidase su defensa: “Ha funcionado un lobby, donde figura la empresa Noatum, vinculada con José María Michavila, exministro de Justicia con José María Aznar, y otros personajes del PP. Puede ser que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se haya producido una defensa de unos ciertos intereses”.

Según Aragonés, la naturaleza de la patronal Anesco dificulta hacer análisis sencillos —“incluye a empresas con intereses contrapuestos”, afirma, y de hecho la organización se está rompiendo por las diferentes maneras con las que se pretende superar el actual conflicto—, pero la solución estaba clara: “El Gobierno debería haber buscado una mayor complicidad, el modelo de la estiba solo podía cambiarse desde la estiba. Se trataba además de un modelo perfectamente defendible desde la eficiencia, y aquí añado un recado a los trabajadores”. Para Rodrigo de Larrucea, podía haber mejoras pendientes, pero discrepa en uno de los puntos del relato mediático oficial: “¿Los costes de manipulación de la carga en España eran desmadrados, desmedidos, en comparación con el resto de Europa? No”.

Defensas que no se hicieron

Más allá del gusto de la UE por la liberalización y la regulación de mínimos, los expertos coinciden en que había margen de maniobra si la voluntad política del Gobierno hubiese sido preservar el modelo. Rodrigo de Larrucea destaca que “todos los Estados pueden definir lo que es un sector público. El decreto de 1986, que da lugar al modelo actual de la estiba, la definía como un servicio esencial de titularidad estatal. Eso se ha eliminado”. Para González, nada evitaba que se protegiese esa categorización: “La forma en que las empresas acceden a la prestación de servicios no debe implicar el desistimiento de las autoridades. Se deben garantizar unos servicios seguros y de calidad, así como un nivel adecuado de protección social”.

Académico y europarlamentaria coinciden en recordar el modelo belga como un ejemplo que se podría haber seguido. Según explica la representante de Podemos, “Bélgica recibió un dictamen previo a la apertura de un procedimiento de infracción y puso en marcha un proceso negociador con la patronal y los trabajadores. Se detuvo el proceso sancionador con un acuerdo. En España, sin embargo, la dejadez del Gobierno nos ha costado una multa millonaria y se ha llevado la situación al límite para imponer una modificación legislativa unilateral”. En opinión de Rodrigo de Larrucea, “el modelo belga evidencia que se podía evitar una liberalización total del sector, haciendo hincapié en la cualificación profesional de los estibadores”.

Aragonés advierte que los decretos impulsados por el Gobierno han querido dejar a los trabajadores como la parte débil en la negociación “y las empresas ven su oportunidad”. Rodrigo de Larrucea, de nuevo, habla de intereses diversos: “Muchas grandes compañías quieren que se arregle el tema, pero creo que en Noatum sí hay un planteamiento de pelotazo, de alterar el reparto económico de la estiba tras haber prorrogado sus concesiones en los puertos”. El mecanismo de maximalización de beneficios empresariales pasaría por las rebajas salariales. “Creo que habrá recortes y los estibadores también conseguirán una buena parte de lo que pretenden. Están siendo muy inteligentes, no quieren paralizar al país pero sí presionar a las empresas, y creo que se llevarán el gato al agua en gran medida”, pronostica el profesor de la UPC. Rodrigo de Larrucea añade: “Quizá se plantee un escenario kafkiano a la española, en el cual el Gobierno pueda decir que ha cumplido, pero la realidad fáctica sea muy parecida a la previa”. En este último aspecto, un actor podría ganar importancia en el conflicto: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que fiscalizaría los pactos con los estibadores a los que están llegando algunas empresas. Estos acuerdos cumplirían formalmente con la sentencia europea, pero protegerían parcialmente a los trabajadores de la desregulación agresiva planteada por el Gobierno en sus decretos.

Para Aragonés, el responsable máximo del conflicto es el Gobierno actual, pero añade una consideración: “No podemos perder de vista que la Unión Europea no se creó como un espacio de derecho y libertad, sino como un espacio en que el oeste del continente unificaba mercados. Y este proceso del TJUE ilustra el carácter antidemocrático de la Unión: a día de hoy no sabemos quién ha denunciado el modelo español de la estiba, hay absoluta opacidad en el procedimiento. Los afectados, tanto los trabajadores como las empresas, no hemos podido participar en él”.

¿Pudo hacerse más para prevenir el conflicto de la estiba? Según Aragonés, puede haber fisuras jurídicas pero hay poco margen con los instrumentos que da la Unión Europea: “Lo fundamental no será lo que se consiga a través de juristas, sino a través de movilizaciones. Una sentencia europea y una normativa contraria no deben limitarnos. Estas políticas deben empezar a romperse con luchas concretas que pongan encima de la mesa la necesidad de atacar de raíz las limitaciones que se nos imponen”. Desde la calle, según el abogado, se puede conseguir algo también en los tribunales. “Si se visualizan conflictos sociales de gran dimensión, pueden acabar influyendo en el TJUE o en la normativa interna de la Unión. ¿O es que alguien piensa que las sentencias europeas sobre la ley hipotecaria española no tienen relación con lo que hacen la PAH y otros movimientos sociales?”, se pregunta.

Aragonés reivindica la movilización ciudadana como motor principal de cambios posibles. En el ámbito parlamentario, la correlación de fuerzas limita las posibilidades de acción. Aun así, González defiende que los partidos como Podemos empiezan a ir más allá de las reacciones defensivas: “No solo tratamos de frenar ese deterioro y proponer soluciones, sino que intentamos anticiparnos a los problemas que genera la subordinación política al poder económico”. Su homóloga de Izquierda Unida ya apunta problemas futuros en otro sector: se ha abierto la puerta a la privatización del sector del tren de pasajeros en los Estados. “Esto ha sucedido con apenas escrutinio, pese a la notable oposición pública a que se repita el caos de los ferrocarriles británicos privatizados. Probablemente no encontraremos resistencia hasta que la legislación empiece a aplicarse”, afirma.