Laboral
Un informe señala la alta externalización y desprofesionalización en los servicios sociales

Hace unas semanas, el Consejo General de Trabajo Social presentaba el IV Informe sobre los Servicios Sociales en España y la profesión del Trabajo Social (ISSE IV) realizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la cooperativa INDAGA. El estudio pretendía dibujar una panorámica del estado actual de la profesión a nivel nacional, y las conclusiones han sido claras: es un sector fundamentalmente feminizado, donde cada vez trabajan más personas jóvenes y se va incrementando el nivel de precarización, con poca estabilidad en los contratos, mucha externalización y prácticas que convierten la atención social, especialmente el campo de la dependencia, en un ámbito lucrativo para grandes fondos de inversión y empresas privadas.

Christian Orgaz, miembro de INDAGA —la cooperativa que ha elaborado el estudio junto a la UCM—, incide en lo representativo de la muestra —1.600 trabajadores y trabajadoras sociales distribuidos por todas las comunidades— que convierte el estudio “en un estudio pionero a nivel mundial” del que se derivan importantes resultados “enfocados a saber cuál es el impacto de que la Administración externalice servicios a empresas lucrativas u organizaciones del tercer sector y se ha incidido mucho no tanto solo en hablar de los servicios sociales, sino también de la profesión del trabajo social”, un aspecto novedoso con respecto a ediciones anterior del ISSE. 

De este análisis de la profesión en sí se resuelve que es un colectivo muy feminizado (89%), “sobre todo en las posiciones más precarias y más jóvenes, mientras que los puestos de más poder son ocupados por hombres”, expresa el sociólogo. De hecho, en el estudio se puede observar cómo la edad media de los y las trabajadores sociales colegiadas se ha incrementado ligeramente con respecto a la primera edición de 2013 —ahora la media está en 42,9 años—, pero la tasa de feminización en la profesión es más elevada en el primer rango de edad, de los 20 a los 30 años, “precisamente en los segmentos que están más expuestos a los procesos de precarización en el campo del trabajo social” mientras los “hombres mayores de 61 años [son] los que concentran en la muestra la mayor proporción de cargos directivos o posiciones acomodadas en el funcionariado menos propensas a la jubilación”, tal y como detalla el texto.

Más allá del escaso poder de negociación de —especialmente— las mujeres jóvenes que se incorporan a este trabajo, tienen que hacer frente a otro problema: la desprofesionalización, un aspecto en el que inciden los autores del estudio. “Se da la paradoja que, en el momento en el que los ámbitos de desempeño del trabajo social son más necesarios que nunca y se cuenta con alto grado de institucionalización nacional e internacional, se enfrentan a un proceso de desregulación, externalización y privatización de los ámbitos del trabajo social por la aguda transformación del campo de lo social, en la conexión dependiente de la evolución de la política social con el trabajo social”.

Mientras se desglosa la tendencia general al aumento de los sectores privados —en 2018 el 84% de las entidades pertenecían a la Administración pública y el 16% restante pertenecía al segundo y tercer sector; tendencia que en 2022 ha quedado agudizada descendiendo la primera cifra al 61% e incrementándose la segunda al 39%—, la distribución territorial de trabajadores sociales públicos —Baleares, Castilla La Mancha y Extemadura donde más; La Rioja, Aragón, Madrid y Euskadi las que menos—. Que haya menos entidades públicas no quiere decir que los fondos dejen de serlo: “Se da la situación de que, siendo el sector público el 61%, la financiación mayoritariamente pública o totalmente pública asciende al 86% lo que evidencia la dependencia del sector privado de estos recursos públicos y, al mismo tiempo, el alto grado de externalización que adquiere en las diferentes comunidades autónomas”.

De la investigación también se deriva que tres de cada diez trabajadoras sociales que ejercen en el ámbito privado lucrativo no tienen reconocida contractualmente su figura profesional, de nuevo siendo más acusada esta situación entre los más jóvenes. La mitad de las trabajadoras sociales tienen contratos inestables y a tiempo parcial, y en esta situación, reiteran los investigadores, “influye que el sector público aglutina a cada vez mayor número de profesionales en situaciones de interinidad y que las profesionales del Tercer Sector (23%) y de la empresa privada (31%) poseen formas contractuales precarizadas”. Seis de cada diez profesionales menores de 35 años está en situación de inseguridad laboral. 

En cuanto a los ámbitos de actuación de los profesionales, los resultados de las encuestas revelan que la mayor parte se concentra en las áreas de servicios sociales (23%), dependencia (17%), familia (11%), discapacidad (9%), salud (6%), salud mental (5,5%) y género e inmigración (ambas con el 5%), habiendo diferencia entre el sector público y privado, ya que este segundo tiene mayor peso en el ámbito de la dependencia y la discapacidad. “Muchas veces son trabajadoras sociales contratadas por empresas o el tercer sector para desarrollar un servicio que ha sido externalizado y que están subcontratadas y funcionan con lógicas muy capitalistas porque tienen que sobrevivir con subvenciones y contratos”, explica Orgaz.

Esta situación, sumada a la inadecuación de funciones, y cruzada por factores territorial o de cargos en la empresa hace que tres de cada diez personas empleadas en el sector remitan síntomas de burnout, a pesar de que en general es una profesión donde la mayoría considera que su trabajo es importante (75%) y se sienten orgullosas (70%). Sin embargo, otro de los aspectos llamativos del estudio y sobre el que sus autores llama la atención son los propios cambios en el perfil de personas usuarias y de cómo la pandemia ha contribuido en saturar los servicios sociales: mientras el perfil mayoritario es el de nacionalidad española, mujer, edad adulta, sin discapacidad y sin estudios, en los últimos tiempos se ha incrementado el número de personas no binarias y también el de personas con estudios superiores que han recurrido a los servicios sociales, además del de personas que sí tienen trabajo pero cuyo empleo resulta altamente precario. “La aparición de estos nuevos perfiles informa de la gravedad y la profundidad de la crisis social que la pandemia ha agudizado”, se concluye en el estudio.

Como soluciones, la investigación expresa la “urgencia de reforzar y consolidar el sistema público de Servicios Sociales” argumentando que “desestructurarlo a través de una progresiva mercantilización, cuando hay otra crisis que está en marcha, tendrá efectos muy negativos para la ciudadanía y la cohesión social” y recoge que el 84% de las trabajadoras sociales “se muestra muy de acuerdo con la aprobación de la Ley Marco Estatal de Servicios Sociales” como estrategia para tratar de atajar las históricas desigualdades que impregnan el sistema de Servicios Sociales y con el fin de blindar lo público.