Libertades
Pedro Sánchez anuncia su plan de regeneración sin tocar el frente ultra del poder judicial

Lo que a primera hora del día era una “derogación de la Ley Mordaza”, en palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se transformó antes de mediodía en el retoque de dos artículos de la legislación represiva desarrollada por Mariano Rajoy en la pasada década. Es la base del acuerdo entre PSOE y Sumar para presentar el esperado plan de regeneración democrática que anunció el presidente Pedro Sánchez después de tomarse cinco días a finales de abril para reflexionar sobre su dimisión.

En concreto, el acuerdo entre Sumar y PSOE prevé reformar el artículo 525 del Código Penal para acabar con el delito contra los sentimientos religiosos, utilizado recientemente contra la publicación satírica Mongolia por una portada. El pacto también prevé terminar con los delitos contra la Corona, una figura que permitió secuestrar decenas de miles de ejemplares de El Jueves o enviar a prisión —donde sigue— al rapero Pablo Hasel. Entre las novedades del acuerdo, también figura una reforma del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 para despenalizar la toma de imágenes de agentes por parte de periodistas.

En la presentación del plan ante el Congreso, el presidente no ha entrado en detalles. Según afirmó, la idea es abrir un debate con sus socios de investidura para conseguir suficientes apoyos para la aprobación de la reforma.

El plan esbozado por el presidente se centra en un mayor control de la publicidad institucional, utilizada por diversos gobiernos, sobre todo regionales y locales en manos de PP y Vox para financiar los llamados “pseudomedios”, armas de propaganda, fake news y guerra sucia mediática aupados por las instituciones para difundir mensajes y discursos de extrema derecha. La principal medida para combatir la desinformación o la famosa “máquina del fango” es limitar la financiación institucional de estos medios cortando el grifo de la publicidad de entes públicos. Este plan va en la línea de la nueva normativa europea sobre publicidad institucional aprobada en la UE en marzo que obliga a un mayor control y transparencia a los medios sobre sus vías de financiación.

El presidente ha enmarcado su plan en el auge de la extrema derecha, que utiliza “técnicas de desinformación” para “erosionar” la democracia y condicionar el voto de la población y también en el derecho constitucional de la población a recibir una “información veraz”. 

La “proliferación de los pseudomedios”, que hace que el 90% de la población esté expuesta a bulos, según cifras dadas por Sánchez, han hecho que grandes sectores de la población tengan “visiones distorsionadas” sobre la ocupación de viviendas, la crisis climática, la migración o la situación económica de España. 

“Esto es revolucionario”

El plan presentado, declaró el presidente, se enmarca en el desarrollo de la normativa europea sobre transparencia y lucha contra las fake news iniciado durante la pandemia, cuya transposición a la normativa española es de obligado cumplimiento. En especial, el reglamento de medios de comunicación aprobado en marzo en el Parlamento Europeo, que fija una serie de medidas que se “trasladan ahora a la legislación española”. 

Estas medidas, que serán desarrollados en la normativa española con la reforma de la ley de publicidad institucional, se centran en desarrollar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad de los medios, su financiación y la publicidad institucional recibida. Una transparencia que también afecta a las instituciones que deberán publicar a qué medios están financiando. “Esto es revolucionario. Los ciudadanos tienen que conocer quién financia a los medios de comunicación”, dijo. Un medio, continuó, “no puede tener más financiadores públicos que lectores”. Para cumplir con este “mandato europeo”, también para evitar la concentración mediática, el plan incluye aumentar las capacidades y funciones de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además, el presidente anunció que el plan incluye una “nueva reforma de la Ley Mordaza” sin dar mayores detalles.

Sin noticias del frente (judicial)

En el paquete anunciado por Sánchez no ha habido lugar para las demandas de Podemos y Sumar de aprovechar la iniciativa del Gobierno para incluir la democratización y la regeneración del 
Poder Judicial e incorporar herramientas para luchar contra el lawfare, una demanda que ha cobrado fuerza después de que se conociera que el Estado espío durante 2015 y 2016 a 55 diputados del entonces partido de Pablo Iglesias. El diputado de esta formación Javier Sánchez Serna llamó este 16 de julio “incoherente” al presidente de Gobierno por hablar de regeneración democrática mientras “se reparte” el Consejo General del Poder Judicial “con quien lo ha tenido secuestrado cinco años”. Este pacto con la “derecha tanto política como judicial” deja “de lado a los grupos que le apoyaron en la investidura”.