Cooperación internacional
La cooperación y el final de una época

Segundo round. El proceso de reforma de la ley de cooperación sigue su curso, nuevo borrador para enmendar las carencias del primero. Una redacción imperfecta de aquel texto y las tendencias innatas de este país, acentúan algunas desconfianzas. Y el siguiente paso en la iteración sigue sin despejar dudas y recelos, quizás porque los diferentes actores de una cooperación tan compleja como la española partimos de puntos sustancialmente diferentes.

El primero, quizás el más estratégico, es si la administración general del Estado está aceptando a regañadientes la realidad o intentando construir otra diferente. ¿Se trata de de permitir, a las claras y no de tapadillo, la cooperación desde el resto de administraciones públicas (tan Estado como cualquier ministerio), o de pensarla y ejercerla con ellas? El matiz es muy importante, porque la primer opción sitúa a todo ese universo de municipios, gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos, consells y demás al mismo nivel de responsabilidad. Ese escenario permitiría repartir roles y obligaciones, desde la activación de capacidades técnicas a la inyección de recursos financieros a un sistema compartido e interconectado. Convendría que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional aclarara y concretara su propuesta: no es lo mismo tenerla de primus inter pares, facilitando que todo fluya, que de directora de una orquesta donde algunos músicos tienen su propia partitura. Apostar por ese sistema quizás no case con la visión hegemónica de la acción exterior, pero encaja mejor con las tendencias de los últimos años. Ciudades y territorios cada vez tienen una proyección internacional más potente e interlocuciones al máximo nivel, porque las políticas públicas locales ya no pueden dejar de ser globales, y no solo en el caso de la cooperación. Eso está pasando, aunque sea de manera asimétrica entre territorios, y si la nueva ley no lo recoge, nacerá desfasada.

Otro punto importante es la obligada reforma de los instrumentos para desplegar la cooperación y, en especial, de la Ley de Subvenciones. Martirio donde los haya, compartido por administraciones y ONG, si no se adapta a la realidad podemos estar produciendo literatura barata con esta ley. Otra cosa es que no haya voluntad de reformarla por parte del deep state de Hacienda, obsesionado con encontrar un pícaro detrás de cada contribuyente. Es crucial que dejemos de montar expediciones para buscar facturas en medio de la selva y pasemos a hacerlas para evaluar nuestras acciones y los impactos que se consiguen con ellas. O a movilizar a la población y aumentar su concienciación ante los retos a los que nos enfrentamos. A lo mejor, si no conocen de cerca lo que supone la gestión administrativa de esta política pública, pueden pensar que exagero. El grado de desincentivación que producen todas las trabas burocráticas y administrativas es ahora mismo la principal amenaza para seguir adelante con esta política pública.

Entre las organizaciones de la sociedad civil, y seguro que entre muchas administraciones, nos preocupa mucho que no se apuesta de manera decidida por esa movilización y educación de la ciudadanía. Sin duda, el segundo borrador avanza en la materia, pero al estar transferidas las competencias desde la administración central y no contemplarse todavía ese sistema articulado del que hablaba, todo puede quedar en palabras vacías. Así como existe consenso con que el 10% de los recursos del sistema se destinen a la ayuda humanitaria, algo loable, todavía no existe una cifra o un criterio con respecto a la educación para la ciudadanía global. Algunos municipios dedican la mitad de su presupuesto de cooperación en esa línea, mientras que la Agencia Española de Cooperación todavía no dispone de instrumentos consolidados para ponerla en práctica. Y otro día hablamos de lo que entendemos debería amparar esa educación transformadora.

La pregunta de fondo, sin embargo, es el para qué. En el Consejo de Cooperación estatal lo hemos discutido mucho, alrededor de la denominada cooperación financiera. ¿Qué cambios queremos provocar y por qué? Me temo que tenemos el foco equivocado: en materia de promoción del sector privado productivo, sospecho que ese deep state todavía piensa en nuestras grandes empresas, y no en el tejido de los países con los que queremos colaborar. Por supuesto, esas condiciones de partida condicionan nuestras respuestas y los instrumentos que creamos para generarlas.

Lo más grave es que quizás el mundo haya cambiado sustancialmente entre el primer y el segundo borrador, y no nos hayamos dado cuenta. Que el tablero de ajedrez sobre el que jugábamos esté dando vueltas en el aire, y nosotros estemos aquí, pensando en movimientos sin sentido. En pocas semanas, el orden mundial ha perdido las reglas que se dio en las últimas décadas, hayan o no funcionado realmente. Hemos vuelto a la noche de los imperios, que pisotean derechos y hacen cambalaches con ellos, o declaran guerras para ganar mejores posiciones a la hora de negociar los intereses de sus élites. Eso no es ni mucho menos nuevo, nunca dejó de ser así, pero el colapso material al que nos acercamos amenaza como nunca esas mínimas reglas de convivencia y de libertad, personal y colectiva.

Parece insultante hablar de coherencia de políticas cuando armamos a civiles en Ucrania y desconocemos los derechos del pueblo saharaui, a cambio de nuestra seguridad energética. Si no estamos preparando una ley de cooperación para este cambio de época, para este fundido a negro, estamos perdiendo una oportunidad histórica.