Macrogranjas
Explotación animal, explotación laboral

Ya no trabajan en macrogranjas. Vamos a llamarles María y Antonio, los nombres más comunes en España. Ella trabajaba en una empresa en Balsa de Ves, un pequeño pueblo de Albacete. Él, en Castilléjar, Granada.

El nombre de los pueblos es importante. Los defensores de las macrogranjas argumentan que dichas empresas crean trabajo en la España rural, esas regiones vaciadas a golpe de paro, ausencia de infraestructuras y el cierre de escuelas y centros de salud. En 2001, había censadas 1.712 personas en Castilléjar; en 2021, la población descendió más de 400 habitantes, hasta los 1.288, según los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística. En Balsa de Ves, durante el mismo periodo, la población menguó de 225 a los 129 vecinos actuales. Las macrogranjas donde trabajaban Antonio y María abrieron sus puertas en 2005 y 2006, respectivamente.

Las cifras coinciden con las conclusiones del informe Ganadería industrial y despoblación de Ecologistas en Acción, en el que han analizado esta problemática en 21 provincias. “La ganadería industrial porcina es un factor que favorece la despoblación rural. El 74% de los municipios con alta carga porcina pierden más población o ganan menos que los municipios sin cabaña porcina intensiva o con muy poca”, concluye la investigación publicada el pasado octubre. El constante olor a purín no es un buen reclamo para comprar o rehabilitar una casa de pueblo. 

María no ha hablado con El Salto. Llegó a un acuerdo de confidencialidad con la empresa que la despidió, Granja de Ves. Por ello ha sido su sindicato, CNT-AIT de Albacete, quien ha explicado el caso. “La macrogranja es un sitio muy oscuro, la gente del pueblo ya no va a trabajar ahí”, resume Alfonso Salvador, miembro de la secretaría de Acción Sindical. La oscuridad que vivió María alberga brecha salarial, vulneración de derechos fundamentales —la empresa fue condenada por quebrantar la libertad sindical de la trabajadora— y ser testigo de un constante maltrato animal. 

Casi 100.000 personas trabajan para la industria cárnica, según los datos de Anice, pero es un sector que no destaca por su afiliación sindical ni por exponer públicamente las condiciones laborales

Antonio sí ha hablado con El Salto. Desea que se diga alto y claro el nombre de la empresa que gestiona la macrogranja donde trabajó durante años: Cefusa, del grupo El Pozo. Remarca que la gerencia incumplía reiteradamente normativas recogidas en el convenio colectivo, como los días de libranza y los de imprevistos —asuntos propios y defunciones—. Asegura que no se respetaba nada: “Te racaneaban los días por defunción familiar, no te pagaban la media hora del bocadillo y te iban quitando por todos los sitios, mientras tú recibías un trato vejatorio y humillante por parte de los encargados. Y eso es lo último que se debe hacer, insultar a alguien”, sostiene. 

Antonio trabajó durante años doce días seguidos, librando dos a continuación, en vez de tres, “que es lo que marca la ley” —día y medio de libranza por semana o tres seguidos por quincena—. “Cumplíamos las 40 horas semanales sin excedernos, pero no nos respetaban los descansos: trabajábamos siete horas durante cinco días y cuando te tocaba fin de semana, el sábado y el domingo, metías cinco horas”. Antonio desconectaba un fin de semana de cada dos. Durante años. “La ley admite los turnos prolongados, pero indica que el descanso debe ser de tres días cada quince días, no de dos”, insiste.

María fue despedida horas después de comunicarle al encargado la creación de una sección sindical de CNT-AIT Albacete 

Sección sindical, despido inmediato

Las macrogranjas no son amigas de los sindicatos. “Ya estábamos sobre aviso”, relata Alfonso Salvador. Cuando la extrabajadora del Grupo Sánchiz comunicó a un encargado de Granja de Ves la creación de una sección sindical de CNT-AIT, grabó la conversación. También grabó la que tuvo pocas horas después con el responsable de recursos humanos, que le comunicó su despido. La empresa no impugnó las grabaciones que acreditaron la nulidad del despido por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical. Así queda recogido como hechos probados en la sentencia a la que ha tenido acceso El Salto. 

CNT-AIT inició una campaña de movilizaciones contra la empresa Granja de Ves, “la cual subió el sueldo a las trabajadoras a raíz de que empezamos a hacer ruido. Había mujeres que llevaban años trabajando en la granja y cobraban menos que sus hijos recién contratados”, relata Salvador. “Las condiciones de trabajo eran pésimas —añade—, había una explotación enorme, tanto de malas condiciones laborales como de maltrato sistemático de parte de la empresa a los animales”.

Aparte de la brecha salarial y vulnerar la libertad sindical, Salvador explica que la empresa invertía escasamente en materiales adecuados para la mutilación de los genitales de los animales, usando instrumentos sin esterilizar. Además, denuncia que “se veían cosas”, aludiendo a episodios como uno en que la extrabajadora presenció cómo a cerdas les rajaron las tripas para sacarles las crías sin llamar al veterinario ni anestesiarlas, y antes de mandarlas a sacrificar por algún percance, como una pata rota, por el que se las dejaba de considerar aptas. “Es un sitio muy oscuro”, repite.

“Si un animal no andaba, lo mandaban sacrificar, pero si andaba, daba igual cómo tuviera el cuerpo, si era raquítico o tenía bultos, esos animales iban al matadero y nos los hemos comido los 47 millones de españoles”

Salchichas y mortadela

Antonio considera que la empresa donde trabajaba “no maltrataba al animal, pero sí al trabajador”. “Al animal no le maltratan porque les da beneficios anuales y, aunque vivan en jaulas de dimensiones reducidas, con vidas evidentemente no placenteras, son jaulas que cumplen las normativas española y europea”, aduce. Pero reconoce que también ha presenciado situaciones con las que se ha sentido incómodo.

“Si un animal no andaba, lo mandaban sacrificar, pero si andaba, daba igual cómo tuviera el cuerpo, si era raquítico o tenía bultos, esos animales iban al matadero y nos los hemos comido los 47 millones de españoles. Salchichas y mortadela. Quizá lo que comemos no nos mate, pero no tiene calidad. [El ministro de Consumo] Alberto Garzón nombró una realidad, y las grandes ciudades tienen que darse cuenta de que lo que compramos en los supermercados no sale de las baldas, sino de las zonas rurales”, añade. 

España ha pasado de ser la huerta de Europa a ser también su carnicería. Es el segundo productor de carne de cerdo de la UE (21,8%) —y el tercero a nivel mundial—, siendo el primero Alemania (22,1%), según los datos de 2020 aportados por el informe El sector de la carne de cerdo en cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El negocio de la carne representa el 2,32% del PIB y emplea a 100.000 trabajadores, según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España (Anice). Entre los principales conglomerados destacan el Grupo Fuertes —El Pozo Alimentación es su empresa emblema y facturó 1.392 millones en 2020—, Incarlopsa —facturó 883 millones, el 64% de ellos a Mercadona— y el Grupo Sánchiz —fundada en 2002 por los hermanos Ignacio y Vicente Sánchiz—. 

Casi 100.000 personas trabajan para la industria cárnica, según los datos de Anice, pero es un sector que no destaca por su afiliación sindical ni por exponer públicamente las condiciones laborales. Como el campo, también concentra una elevada tasa de trabajadores de origen migrante. Francisco Javier Barba es el responsable del sector agroalimentario de Castilla La Mancha de UGT. En noviembre de 2020, junto con CC OO, firmaron el convenio del sector de granjas avícolas y otros animales, con vigencia hasta 2022. Establece 1.780 horas anuales y marca unos “mínimos de garantías”: jornadas de ocho horas y un máximo de 178 horas de jornada irregular —sábados, domingos y festivos—, lo cual supone un máximo de 22,5 días al año. Antonio trabajaba 100, la mitad de las semanas del año menos las vacaciones. Francisco Javier Barba realiza un llamamiento a los trabajadores de macrogranjas que consideran que tienen vulnerados sus derechos: “Que llamen a Inspección de Trabajo, es una denuncia anónima”. 

Cuanto más trabajo, menos trabajadores

Las macrogranjas donde trabajaron Antonio y María eran de cría de cerdos, o granjas de madres, como se conocen en el sector. Las cerdas paren y las crías se destetan a los 6 kilógramos. Pasan a las lechoneras, donde se les ceba hasta los 20-25 kg, momento en que abandonan la granja para ser trasladadas en las “integraciones” para la última fase de engorde. De ahí van al matadero con 100-110 kg. Las “integraciones” son naves industriales que normalmente pertenecen a un autónomo o pequeña empresa, que no es propietario de los animales, pero pone a disposición de los dueños sus instalaciones y se hace cargo del cebado, por el que cobra. De Granja de Ves salen unos 100.000 lechones al año, según indica su página web; 645.000 de Cefusa, según el informe de Greenpeace.

Antonio explica que cuando Cefusa empezó su actividad trabajaban 20 personas por granja, pero ahora solo cuentan con 15. “Cuanto más subía la producción, más bajaban la plantilla”, alerta. Su información coincide con el informe de Greenpeace presentado el pasado otoño sobre la macrogranja Cefusa: “Estas gigantescas instalaciones, que necesitan atención y cuidados 24 horas, siete días a la semana, 365 días del año, son gestionadas, según datos oficiales, por solo 150 personas. Una simple división demuestra que, a priori, cada uno de los diez núcleos compuestos por varias naves contaría únicamente con unos 15 empleados, lo que explicaría la falta de higiene y suciedad, y la poca atención a los animales derivada de un modelo productivo de macrogranjas”.

Este reportaje no ha podido contar con el testimonio de trabajadores en activo en macrogranjas, a pesar de haber consultado a sindicatos, asociaciones agrarias, organizaciones ecologistas y plataformas contra macrogranjas. El silencio también resulta revelador. “Te juegas el tipo”, resume Antonio.