Medio ambiente
El año en que el planeta se calentó 1,4ºC, y en el que defenderlo supuso “pertenecer a organización criminal”

No está el horno para bollos, que se queman. El recuento anual de límites planetarios relativos a la crisis climática sobrepasados por la humanidad ya no preocupa; da miedo. En un mundo en que el 1% más rico no solo acumula el 63% de la riqueza, sino que emite tantas emisiones de gases de efecto invernadero como los 5.000 millones de personas con menos recursos, aquellos que tiene que ponerse las pilas siguen, salvo notables excepciones, sin hacerlo.

La COP28 ha sido la cita anual donde las contradicciones humanas se han puesto, una vez más, sobre la mesa. El pírrico avance alcanzado en materia de crisis climática no está a la altura del macroequipo de bomberos de emergencia que los humanos deberíamos haber puesto hace tiempo en marcha ante una casa en llamas. Sí, el texto final incorpora, por primera vez, el llamamiento a la “reducción gradual”, que no eliminación, de los combustibles fósiles, pero ni siquiera contempla medidas efectivas para que ocurra. Eso pasando por alto que más que gradual esa eliminación debería darse con un poquito de brío dado el percal general.

Con un presidente de la COP —y magnate petrolero, hay que recordarlo— que llegó a decir que “no hay ciencia” que avale una eliminación de los combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5°C, el hecho de que el texto final apueste por los “combustibles de transición” —léase “gas fósil”— y ponga de relieve tecnologías hoy prácticamente inexistentes como la captura de carbono habla del inmenso camino que debemos recorrer para frenar la crisis mientras el tiempo pasa y el fuego se extiende. Es sobrecogedor que unas semanas antes de la Cumbre celebrada en Emiratos Árabes Unidos se conociese en qué punto estamos respecto al avance realizado por cada país en materia climática: los compromisos nacionales actuales abocan al mundo a un aumento de emisiones del 8,8% en 2030. Directo a un calentamiento global medio de no menos de 2,4ºC. El infierno en medio planeta, aunque los lobbys de turno se esfuercen en no ver lo obvio, cuando no en intoxicar a la opinión pública. 

Bienvenidos a la nueva Tierra

El cambio climático ya está aquí. 2023 ya es oficialmente el año más cálido desde que hay registros. Lo adelantaba el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea unos días antes de que termine el año. ¿1,5ºC era el límite que pretendía frenar el Acuerdo de París? La temperatura global este año ha sido más de 1,4ºC más cálida que los niveles preindustriales, con un verano de récord. Hechos, para quien quiera verlos.

En España hace tiempo que viene pegando fuerte. La actualización de 2023 es que el territorio sufrió en junio, julio y agosto una temperatura media 1,3ºC por encima del periodo 1991-2020. Las noches tórridas —esas en que el termómetro no baja de 25ºC, una categoría superior a las tropicales, en las que no baja de 20ºC— se han multiplicado por cinco, tal como alertaba el Observatorio de Sostenibilidad, en un verano más de olas de calor. Y la primavera fue la más cálida y la segunda más seca de la historia, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología. Y todo esto con una sequía tan histórica pero persistente que va a seguir dando mucho que hablar.

Con este percal, no es raro que mucha gente, especialmente entre la población más joven, se harte y quiera frenar la debacle. Las acciones de protesta de grupos como Futuro Vegetal, Extinction Rebellion, Deuda x el Clima, Stay Grounded o Rebelión por el Clima se han intensificado en 2023, cobrando la desobediencia civil no violenta protagonismo en ellas.

La del movimiento internacional Deuda x Clima el 16 de enero en Suiza inauguraba el año con un bloqueo al aeropuerto privado de Altenrheim, usado habitualmente por los asistentes del Foro Económico de Davos. La acción se enmarcaba en la campaña internacional Make them pay (Que paguen) con la que se pretende poner el foco sobre la desigualdad en la generación de la crisis climática señalando no solo a los bancos, compañías y estados más responsables de esta, sino también a los humanos más ricos y despilfarradores.

En la misma línea iba otra batería de acciones organizada a nivel global el 14 de febrero por Extinction Rebellion, Scientist Rebellion y Stay Grounded. Estas tres organizaciones se unían a otras de todo el mundo para llevar la problemática de las emisiones de los jets privados a 23 terminales aeroportuarias de una decena de países. Ese mismo día las protestas relacionadas con la crisis climática se multiplicaron: Greenpeace sobrevolaba en globo la macrogranja del Grupo Fuertes/Cefusa (El Pozo) en Hellín (Albacete) para alertar sobre la contaminación que generan estas instalaciones y el impacto climático del excesivo consumo de carne. Y en el mismo sentido Futuro Vegetal derramaba pintura en el restaurante del programa de TVE Masterchef para exigir el fin de las subvenciones a la ganadería intensiva por los mismo motivos por los que Greenpeace sobrevolaba una de las 29 instalaciones que el Grupo Fuertes tiene en España.

Juventud activista

Los jóvenes de Futuro Vegetal han estado especialmente activos este año. El 30 de enero dos de sus integrantes se pegaban al atril del Congreso de los Diputados para seguir poniendo sobre la mesa la problemática de la ganadería industrial. Desde ahí advertían: si para el fin de febrero el Gobierno no eliminaba las subvenciones a la ganadería intensiva, sus acciones escalarían “en constante disrupción”. Así fue. El 10 de abril dos activistas cortaron el tráfico de la M-30 madrileña, algo que ya habían hecho en diciembre de 2022, para escalar a una de las pasarelas que contienen señales luminosas en la circunvalación madrileña. El 13 de abril rociaban con tintes rojo  y negro —los colores del colectivo— la fachada del Ministerio de Justicia en protesta por el proceso abierto contra los integrantes de Rebelión Científica que tiñeron con pintura roja inocua las escaleras del Congreso en abril de 2022, un proceso judicial que comenzó en marzo de 2023 y que está pendiente de resolución. El día 17 del mismo mes rociaban de nuevo con pintura una sucursal de Caixabank para criticar la financiación que este banco proporciona a la industria cárnica, y el 18 cerraban el acceso a Mercamadrid, el principal mercado mayorista de abastos de la ciudad.

Durante el año, el colectivo continuó cumpliendo con su palabra con acciones de protesta que fueron desde pintar superyates de lujo para señalar la responsabilidad climática de los más ricos hasta rociar de pintura la embajada británica para denunciar la represión que vienen sufriendo los colectivos del movimiento por el clima en diferentes países de Europa, también contra ciudadanos españoles. Su insistencia, no obstante, ha llevado a que la policía se haya fijado en el colectivo, y el Estado ha puesto en marcha una maquinaria contra este cuanto menos sorprendente.

En la mañana del 21 de diciembre agentes de las fuerzas de seguridad detenían a 15 personas por su actividad en Futuro Vegetal en distintas ciudades. En total, 27 personas eran detenidas en diciembre, acusadas de “pertenencia a organización criminal”, algo por otro lado “ridículo” para el colectivo. “El Código Penal establece que una organización criminal es aquella que nace con el fin de cometer delitos: obviamente nuestro fin no es cometer delitos, nuestro fin es sobrevivir al descalabro climático”, señalaba a El Salto uno de sus militantes hace apenas una semana. Además, las detenciones se producían tres meses después de que la Fiscalía rectificase su propio informe de 2022 en el que vinculaba las acciones de Futuro Vegetal y Extinction Rebellion con la actividad terrorista, algo que no parece que haya influido en las decisiones de los mandos policiales.

No obstante, la peor parte en la represión global de quienes defienden el planeta no se la ha llevado Futuro Vegetal. En septiembre de 2023 la ONG Global Witness publicaba un informe en el que cifraba en 177 los defensores del medioambiente asesinados en 2022 por su activismo medioambiental o climático, con nueve de cada diez muertos en América Latina. Colombia encabezaba el triste ránking mientras que la región amazónica se situaba como epicentro regional.

Muchos de estos activistas habían armado o participado en procesos legales contra empresas y estados. Algunos de ellos, sin embargo, llegaron a buen puerto en otras partes del mundo. En agosto, un tribunal de Montana (EE UU) fallaba contra la industria fósil. La juez dio la razón a un grupo de 16 jóvenes activistas climáticos que alegaban que las políticas a favor de los combustibles fósiles del Gobierno del Estado de Montana contribuyen al cambio climático y, por ende, vulneran su derecho a un medioambiente “limpio y saludable”. La sentencia suponía declarar inconstitucionales los artículos de la Ley de Política Ambiental de Montana que impiden al Estado considerar los impactos climáticos de las prospecciones y proyectos relativos a combustibles fósiles a la hora de dar los permisos para que estas puedan desarrollarse. 

Otros procesos relativos al clima y el medio ambiente se han venido dando en los tribunales a lo largo del mundo este año que acaba. En Suiza, KlimaSeniorinnen (Mujeres Mayores por la Protección del Clima) denunciaba al Estado por sus políticas climáticas por considerar que estas han vulnerado el derecho a la vida y a su salud. Y a nivel UE, varias organizaciones llevaron al Tribunal de Justicia de la UE la decisión de la Comisión Europea de calificar al gas fósil y la energía nuclear como energías verdes, lo que abre la puerta a más inversiones en ambos sectores.

En España también ha habido procesos judiciales relativos a la lucha climática. El juicio abierto por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam contra el Gobierno por incumplir sus obligaciones en materia climática quedó visto para sentencia en 2023. El Tribunal Supremo falló en junio a favor del Estado, aduciendo que, sin bien el Plan Nacional Integral de la Energía y el Clima contempla una reducción del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 (con una propuesta de aumentar ese porcentaje al 32% sobre la mesa pendiente de validación) y el compromiso de la UE es que esa cifra sea el 55%, dicho compromiso es relativo a los 27 en conjunto, con lo que España no está obligada a aumentar su esfuerzo. Todo un jarro de agua para el movimiento por el clima español, que sin embargo no ha dejado de movilizarse.

No es para menos dado el comportamiento de las grandes contaminadoras patrias. En agosto, un informe de Greenpeace desvelaba que, a pesar de la continua publicidad verde en el más puro estilo greenwashing, Repsol destina el 82% de sus inversiones a más combustibles fósiles mientras aumenta sus emisiones un 16%. No es algo sorprendente. El informe Descarbonización 2023, publicado en mayo por el Observatorio de Sostenibilidad, ya señalaba que la petrolera repetía por segundo año consecutivo como la empresa que más emisiones de gases de efecto invernadero había emitido en España, con datos relativos a 2022. Es un puesto que había quitado en 2021 a Endesa, que en esta ocasión quedaba en segunda posición del ránking sucio.

Varapalo al rural

Entre los conflictos medioambientales que más se han dado en 2023 destaca el que cientos de pequeñas poblaciones han emprendido o continuado este año contra los macroproyectos de energías renovables en su territorio. Aunque las victorias han sido muchas, un jarro de agua fría les ha golpeado especialmente: el Gobierno desoía a la España vaciada y seguía adelante con su proyecto de normativa sobre implantación de centrales solares y eólicas. Ahora, las de más de 50 MW no necesitarán declaración de impacto ambiental y los trámites para instalarlas son más laxos, con restricciones para su instauración limitadas tan solo a los terrenos de la Red Natura 2000. 

La que sí puede cantar victoria, al menos de momento, es la ciudadanía aragonesa preocupada por el medio ambiente. El proyecto de unir las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través del Canal Roya, un valle de origen glaciar y alto valor medioambiental, ha sufrido una serie de reveses en los que una activa movilización popular ha sido clave. De momento, el valle está salvado, una de las buenas noticias que nos deja este 2023. Esperemos que el año entrante tenga muchas más como esta.