Melilla
La izquierda parlamentaria plantea una Comisión de investigación sobre la masacre de Melilla

El grupo Parlamentario confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario Plural (BNG, Compromís y Más País Verdes Equo, Bildu, y grupo Mixto (CUP-PR) han solicitado en la Mesa del Congreso la conformación de una Comisión de Investigación sobre el cumplimiento de los derechos humanos en la frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla.

El documento, que alude al marco del artículo 52 del Reglamento del Congreso de las y los Diputados, expone cómo el pasado 24 de junio 37 personas perdieron la vida, mientras centenares resultaron heridas en la frontera “como consecuencia de la actuación policial realizada para evitar que estas y otras personas pudieran saltar la valla fronteriza entre España y Marruecos”.

Con la Comisión buscan esclarecer “las responsabilidades de los graves hechos ocurridos en la frontera entre Nador y Melilla el pasado día 24 de junio de 2022 pero también encontrar mecanismos para la práctica y eficaz reparación de las víctimas”

Recopila distintas iniciativas que se han registrado para investigar lo sucedido, entre ellas la petición del Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes, que el pasado 28 de junio emplazó tanto a España como a Marruecos a investigar las causas de estas muertes y el accionar de los efectivos que participaron en la operación. Los partidos recuerdan cómo el portavoz de la secretaría general de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, señaló a ambos países por un “uso excesivo de la fuerza” y calificó como “inaceptable” la actuación. También se menciona el reclamo de la Comisión de la Unión Africana, desde donde ya el 26 de junio se apuntó a la necesidad de investigar sin dilación los hechos, recordando, su presidente, Mooussa Faki Mahamat, la obligación de los estados de “tratar a todos los migrantes con dignidad”.

En la motivación del texto se recalca asimismo cómo la Fiscalía de Nador ha obviado cualquier investigación sobre la intervención de la gendarmería marroquí mientras procesa a 32 de las personas que intentaron cruzar la frontera por supuestos delitos de tráfico de seres humanos, incendio o violencia e injurias contra los cuerpos de seguridad del país vecino.

También se apuntan las denuncias presentadas desde la sociedad civil por organizaciones y colectivos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y la frontera entre ellas Amnistía Internacional, Irídia, o la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que demandan con urgencia una investigación independiente. 

Los partidos señalan también las pruebas mostradas por medios de comunicación y compartidas por organizaciones en terreno que apuntarían a la práctica de devoluciones en caliente, con la participación de efectivos marroquíes que habrían cruzado al lado español con el fin de llevarse arrestadas a personas que habían conseguido saltar la valla, acusaciones que el Ministro de Interior, calificaría de falsas. Se da el caso, afirman en su escrito, de que la mayoría de las personas que participaron en el salto provienen de Sudán, y podrían haber gozado de protección internacional dada la situación en la que se encuentra su país.

En base a todos estos hechos, los partidos solicitan que la comisión realice todas las pesquisas necesarias para esclarecer “las responsabilidades de los graves hechos ocurridos en la frontera entre Nador y Melilla el pasado día 24 de junio de 2022 pero también encontrar mecanismos para la práctica y eficaz reparación de las víctimas, que todo sistema de justicia debe proveer de manera intrínseca”. A este respecto recuerdan la obligación de preservar los cuerpos de las víctimas mortales, informar a sus familias y posibilitar el traslado de los restos.

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Según detallan en el documento, la comisión tendrá que abordar la identificación de las víctimas, el seguimiento sobre el tratamiento forense de cada caso, la valoración de la asistencia médica, psicológica y jurídica aportada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o el análisis de la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la cooperación con su contraparte marroquí. Además, deberá determinar el rol de la policía nacional ante la entrada de los efectivos marroquíes en territorio español, la implicación del Ministerio de interior y otros ministerios en la financiación de las actuaciones de la gendarmería marroquí y si esta se hizo en condiciones que no vulneren la debida diligencia respecto a los derechos humanos. Por último, se le encomienda determinar “todos los elementos necesarios para planificar políticas de reparación, prevención y atención a las víctimas”. 

Los partidos fijan seis meses de trabajo para la Comisión desde su constitución, que no deberá pasar el plazo de 30 días una vez se apruebe en el Pleno. Transcurrido este periodo, a no ser que sea prorrogado por la Mesa del Congreso, deberá de presentar ante el Pleno sus conclusiones.

En la comisión, detallan, estarán representados todos los grupos parlamentarios, e implicará comparecencias de quienes consideren que pueden tener responsabilidad en las acciones investigadas. Se investigará sobre la documentación que se solicite al Gobierno, o a cualquier administración u organismo público implicado, así como toda organización que se considere relevante respecto a los hechos.