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Memoria histórica
El deber democrático de conservar los lugares de la memoria. El caso del Convento de Santo Domingo (Mérida)
Historiador y coordinador-director de los Campos de trabajo de memoria histórica de la ARHMEX.
Hace años recogimos el testimonio de José Valverde Cerro[1], que fue juzgado y condenado en Mérida por uno de los Tribunales Militares franquistas y estuvo preso en Santo Domingo. Nos decía sobre las terribles condiciones que allí vivían los condenados a muerte:
Te quitaban lo que te llevaba la familia (...) Allí estuve yo con el compañero Ramón Lencero (que también estuvo preso en el campo de concentración de Castuera) (...) Los presos estaban en Santo Domingo, en el sótano, allí estábamos todos muertos..., no había ni luz, ni nos veíamos, estaba todo oscuro, no se veía nada. No teníamos luz nunca, salíamos cuando íbamos a juicio o donde fuera.
¡Comida!, Allí ni daban comida ni nada, nos alimentábamos de agua, había veces que llevaba la familia algo y te liabas a chupar el hueso, lo tirabas, lo cogía otro, lo chupaba, lo tiraba, otro lo cogía... Temíamos que llegará el amanecer… (Era el momento en el que los camiones cargaban los presos para ser fusilados en el cementerio).
El convento de Santo Domingo como “lugar de memoria”
Mérida es conocida mundialmente por su pasado romano. Son miles de turistas los que visitan sus monumentos todas las semanas. Los restos de sus construcciones (teatro, anfiteatro, acueducto, alcazaba, murallas…) son testigos de la historia. En sus piedras podemos leer y comprender las vivencias de las personas de aquella época y así se ha transmitido a través de los siglos, de generación en generación, como una parte de su identidad.
Sin embargo, muchos de esos visitantes (incluidos vecinos y vecinas de Mérida), pasan por delante de una fachada de un antiguo convento en el centro de la ciudad, restos de un edificio en ruinas, sin conocer la importancia del mismo. Pocos lugares en esta ciudad reúnen en un mismo espacio tantas secuencias superpuestas de la historia como el “Convento de San Andrés”, también conocido popularmente como “Convento de Santo Domingo”, por estar ubicado en la plaza del mismo nombre en Mérida (Badajoz).
En su origen, fue un edificio religioso, mandado construir por los padres dominicos en 1571. En el siglo XIX, con el proceso de “desamortización”[2] puesto en marcha por los gobiernos liberales, fue privatizado para luego ser utilizado como almacén y otros usos[3]. Con la denominación de “Prisión Habilitada de Santo Domingo de Mérida (Badajoz)”, aparece en los documentos oficiales de la dictadura franquista a partir del año 1939 y hasta 1947. Funcionó como “campo de concentración” por la que pasaron miles de presos republicanos de toda España, a la espera de la “clasificación”, y luego como prisión, para cumplimiento de penas, muchos de ellos, condenados a muerte y fusilados en el cementerio de la ciudad.
En su interior, se conservan mosaicos y restos romanos, de la época visigoda, musulmana y todas las culturas que han pasado por esta ciudad hasta la actualidad. Parte del recinto fue catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento desde 1997, por tanto, se presupone que está protegido, vigilado y limitados los usos del mismo.
La destrucción de buena parte del legado histórico y cultural del convento
Los propietarios del convento iniciaron los trámites y las obras en el año 2003 para dar un nuevo uso a la parcela en la que se ubica, con la idea de construir un aparcamiento, viviendas y otras instalaciones. Las obras conllevaban la demolición del interior del convento de San Andrés; para ello, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida[4] se encargaría de vigilar las obras, ya que se deberían conservar la portada, la espadaña y la iglesia de este edificio del siglo XVI.
El proyecto fue criticado por el PSOE y por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), ya que consideraba que se iba a dañar el valor patrimonial del edificio. Por su parte, Adenex, calificó la actuación como “disparate” y consideraba que afectaría al edificio histórico. Además, se aseguraba que el convento estaba asentado sobre significativos restos arqueológicos, sobre todo, visigodos (una basílica).
En 2003 los restos de la antigua lonja del Convento de San Andrés, que hacía esquina entre la calle Oviedo y la plaza de Santo Domingo, fueron derribados por una máquina excavadora, dentro de las obras de demolición de las partes no protegidas de este edificio histórico, donde estaba previsto construir viviendas. Además, se demolieron el interior y las paredes externas de este cenobio construido entre los siglos XVI y XVII. Las excavaciones arqueológicas, obligatorias para este tipo de obras, llevadas a cabo en el solar por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, documentaron la existencia de importantes restos[5] de época romana (S.III-V), entre ellos, un mosaico, así como de los posteriores periodos históricos de la época visigoda, época musulmana y hasta la actualidad.
En 2003 los restos de la antigua lonja del Convento de San Andrés, que hacía esquina entre la calle Oviedo y la plaza de Santo Domingo, fueron derribados por una máquina excavadora, dentro de las obras de demolición de las partes no protegidas de este edificio histórico, donde estaba previsto construir viviendas
Por su parte, en aquel momento, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Extremadura, convocó concentraciones en la puerta del Convento y pedía que se conservara como “lugar de memoria” y que se pudiera acondicionar para visitar como un ejemplo del sistema carcelario franquista.
El Convento de San Andrés en Mérida en la “Lista Roja del Patrimonio”
Tras su destrucción en 2003, hoy día se conserva tan sólo parte de su iglesia, su espadaña barroca y el muro de cierre de la fachada principal del convento. “En ese muro se mantiene una portada renacentista en granito, con dos pares de columnas de orden toscano sobre plintos, luciendo tambores almohadillados y un dintel adovelado. Sobre ellos se desarrolla un entablamento muy clásico, con metopas decoradas con rosetones alternando con triglifos. Sobre él se encastra en la pared el emblema de los Dominicos y, dentro de una hornacina, una escultura en mármol de Santo Domingo de Guzmán con el hábito de la Orden Predicadora”[6]. El estado de conservación de los restos presenta es lamentable y en abandono interior, donde los restos que quedaban se van deteriorando a medida que pasar el tiempo, con riesgo de derrumbe de algunas partes del edificio que dan a la plaza.
El Convento de San Andrés en Mérida ha entrado a formar parte de la “Lista Roja del Patrimonio” que elabora la asociación “Hispania Nostra”[7] “por su pésimo estado de conservación al afirmar que la vegetación cubre el suelo y las paredes del convento de San Andrés”. El ayuntamiento de Mérida ha mostrado su interés por la compra del edificio, pero alega que tiene unos cuarenta propietarios. De momento, sigue sin ni siquiera una placa que explique que fue ese edificio y un reconocimiento a las víctimas de la represión franquista.
Estos edificios… ¿Nos cuentan alguna historia? ¿Merece la pena su conservación?
Está claro que cuando hablamos de lugares de la memoria vinculados a la guerra y a la posterior dictadura franquista, enseguida aparecen reticencias en algunos sectores sociales para con el conocimiento de nuestra historia más reciente. Hay quienes niegan su importancia y su necesidad, pero, en cambio, también hay quienes plantean preguntas como: ¿Estos edificios nos cuentan algo? ¿Merece la pena su conservación? ¿Qué debemos hacer con estos lugares?
Es deber de una sociedad democrática conservar nuestros lugares de memoria vinculados a la dictadura franquista, puesto que son lugares históricos, como lo son el teatro romano, el anfiteatro o el acueducto de Mérida. En un recorrido por los lugares de la memoria en Mérida podemos encontrar numerosos vestigios recientes que nos cuentan “su historia”. No es la historia de grandes dirigentes ni de personalidades encargadas de tomar decisiones, sino la historia de la gente del pueblo, de vecinos y vecinas anónimos que se vieron envueltos en unos acontecimientos que marcarían su vida y las de sus familias. Se trata de dar la voz a quienes no pudieron tenerla, porque fue acallada por la fuerza de las armas, y cuyas vivencias quedaron escritas entre aquellas piedras o lugares en los que vivieron, sufrieron e, incluso, murieron.
Memoria histórica
Mérida: lugares de la memoria como testigos de la historia
Proyectos como el denominado: Mérida: lugares de la memoria como testigos de la historia. Ruta de memoria por la Mérida de la guerra civil. Una propuesta metodológica para su estudio y difusión[8]” señalaba que “No deja de ser curioso que gran parte del alumnado conozca o haya oído hablar de los campos de concentración nazis, recintos donde la tortura y el asesinato adquirían un carácter industrial, pero no del campo de concentración franquista que estuvo ubicado en el antiguo Convento de la Plaza de Santo Domingo, en Mérida, o del campo de concentración de Castuera”.
Los lugares de la memoria permiten mantener y recorrer una red de espacios vinculados a la guerra y la represión franquista que, como en el caso de Mérida, van desde la estación de trenes, donde, a partir del golpe de Estado de 1936, llegaban los cientos de presos republicanos para ser alojados en los improvisados recintos, como el cuartel militar, la plaza de toros o el campo de concentración del “Convento de Santo Domingo”.
La “Prisión habilitada de Santo Domingo” en Mérida
Se calcula en más de 9.000 presos los que pasaron por estas instalaciones carcelarias en Mérida. Muchos extremeños, pero también soldados de toda España que habían combatido con los republicanos y que habían sido detenidos para ser juzgados. El franquismo puso en marcha toda una serie de disposiciones legislativas para regular el funcionamiento de estos centros. Así, el 11 de marzo de 1937[9] se dictaba la Orden General para la Clasificación de prisioneros y presentados. En la misma se establecía que los “cautivos” fueran investigados y clasificados en los campos de concentración para lograr “la verdadera eficacia en los fines perseguidos por el Ejército Nacional y para una estricta e ineludible justicia, que ha de ir aneja al triunfo de nuestras armas”.
Se calcula en más de 9.000 presos los que pasaron por estas instalaciones carcelarias en Mérida. Muchos extremeños, pero también soldados de toda España que habían combatido con los republicanos y que habían sido detenidos para ser juzgados
Como señala José Ramón González Cortés[10], los militares franquistas respondieron con el progresivo “acondicionamiento” de multitud de centros de detención arbitrarios. Dichos establecimientos poseían una serie de peculiaridades que les diferenciaban de las instituciones penitenciarias tradicionales. Tales lugares poseían carácter provisional y dependían directamente de la jurisdicción militar; asimismo, los prisioneros allí confinados no lo estaban por una sanción jurídica concreta, sino por cuestiones de talante preventivo y a la espera de que se dilucidaran sus “responsabilidades”.
Estos centros ilegales de reclusión franquista se fueron improvisando a medida que aumentaba el número de prisioneros. Ahora bien, debido a sus características, puesto que no habían sido pensadas para alojar presos y en cantidades tan altas, las condiciones higiénico-sanitarias eran deplorables y el uso continuado de la violencia como medio de control de los presos. Por su parte, Javier Rodrigo[11] sobre la finalidad de estos centros represivos señalaba que: “Y si la España de Franco echó sus bases políticas en una inmensa inversión en violencia para vivir después de sus rentas, en lo que nos atañe, no hay que andarse con medias tintas a la hora de afirmar que Franco contó con y se apoyó en una tupida red de campos de concentración y de explotación de mano de obra republicana para asentar su poder”.
Memoria histórica
La política de la memoria
Como sucedió con otras ciudades extremeñas (Plasencia, Cáceres, Trujillo, Almendralejo, Badajoz…), tras la ocupación de la ciudad por los golpistas, en el caso de Mérida, el 11 de agosto de 1936, hubo que habilitar centros de prisioneros, en muchos casos, las plazas de toros, como también se hizo en Plasencia, Cáceres, Trujillo o Mérida. También en Almendralejo se habilitó un campo de concentración y prisión bajo la denominación de “Colonia penitenciara de Almendralejo”, para aliviar la alta ocupación de las prisiones de Mérida y Badajoz.
Tras el avance de los rebeldes tenían que improvisar cada vez más lugares de detención para los combatientes republicanos o militantes de las organizaciones obreras que iban siendo detenidos. En este sentido, en Mérida, además de otros centros menores, se utilizó el Cuartel de Artillería “Hernán Cortés”, por contar con grandes pabellones y espacios para albergar tal cantidad de detenidos, el Convento de Santo Domingo como campo de concentración, y la plaza de Toros de Mérida, por no dar cabida tantos presos en los anteriores centros. Especial incremento de prisioneros se produjo tras la ocupación de la Bolsa de La Serena (junio-agosto de 1938) y la detención de varios miles de combatientes republicanos, ya que, aunque se habilitó el famoso campo de concentración de Castuera, muchos presos fueron derivados hacía otras localidades, como Cáceres, Trujillo, Badajoz y Mérida.
Las tareas de clasificación y la importancia de Mérida como centro represivo de la dictadura
Cada detenido era clasificado, en función de su mayor o menor simpatía con el régimen franquista, como “A” (afecto al Movimiento), “B” (voluntarios del Ejército republicano sin más responsabilidades), “C” (oficiales del Ejército republicano, miembros destacados de las organizaciones republicanas, por tanto, calificados como “enemigos de la patria”…) o “D” (personas responsables de supuestos delitos). El destino de los “C” y los “D” era pasar por un consejo de guerra sumarísimo, de urgencia, abreviando todo el procedimiento, para acabar rumbo al paredón o al cumplimiento de condenas en prisión. El de los “B” era permanecer en los campos de concentración y ser encuadrados en unidades de trabajos forzados, para trabajar en las “Colonias Penitenciarias Militarizadas de Montijo”, que construyeron parte de las obras de regadíos de las Vegas Bajas del Guadiana.
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Martín Pallín “Conseguir la reparación, con la derecha española, es complicado”
Para recabar información sobre los detenidos se procedía a consultar con las “fuerzas vivas” de su localidad de origen, todos “adeptos” al nuevo régimen: jefes de Falange, Guardia Civil, sacerdote y alcalde para finalmente proponer su clasificación. Sus informes y expedientes eran enviados a la Auditoría de Guerra para su valoración. Además, consideraba a los prisioneros como personal “militarizado” y por tanto sujetos al Código de Justicia Militar, que era mucho más duro que el Civil en sus penas, muchas de ellas, penas de muerte o de largos años de prisión.
En lo relativo a los consejos de guerra, y según lo que contemplaba el Código de Justicia militar, como señala Candela Chaves[12], “fueron los ordinarios de plaza los que se crearon en Extremadura. Como recogía el artículo 49 del código en lo referente a su celebración (punto donde se siga la causa), en la provincia cacereña tuvieron lugar en tres poblaciones: Cáceres, Plasencia y Trujillo. En el caso de la pacense, la mayoría fue en Badajoz, Mérida y Almendralejo, en donde funcionaron en esta última localidad tribunales militares dependientes de las Auditorías Militares extremeñas”.
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Memoria histórica feminista Las heridas abiertas de las mujeres víctimas del franquismo
En el caso de Mérida, la Auditoría de Guerra estaba funcionando en las instalaciones provisionales del Convento de Santo Domingo. Para quienes se iniciaba proceso para ser juzgados en consejo de guerra, quedaban adscritos a un Juzgado Militar y después la comparecencia ante el Tribunal Militar correspondiente y el consiguiente consejo de guerra, que normalmente se realizaba en Mérida (muchos de ellos, celebrados en la sede del Liceo de Mérida), donde se estableció dicho tribunal.
Para quienes se iniciaba proceso para ser juzgados en consejo de guerra, quedaban adscritos a un Juzgado Militar y después la comparecencia ante el Tribunal Militar correspondiente y el consiguiente consejo de guerra, que normalmente se realizaba en Mérida
Otros investigadores[13] también han aportado datos interesantes con respecto al funcionamiento de este sistema represivo en Extremadura, señalando que a lo largo del mes de enero de 1939 se habilitó la plaza de toros de Mérida como campo divisionario. De este modo, el cuartel de Artillería y el coso taurino emeritense conformaron el tercer complejo concentracionario en Extremadura. Sobre tal estructura recayó una importante labor clasificadora (cerca de 4.000 entre febrero y marzo), de cara a hacer frente, con garantías de espacio, al desenlace del conflicto.
A finales de la guerra, en 1939, Mérida contaba con una cifra altísima, 8.591 presos, Almendralejo con 402 presos, Badajoz con 274 presos. En total sumaban 9.591 presos en la provincia de Badajoz. En un informe ofrecido por la Inspección y Vigilancia de Falange para la primera quincena del mes de julio de 1940, se señalaba que, como presos detenidos en la provincia de Badajoz, aunque había disminuido, las cifras aún seguían siendo muy altas. Así se contaban con un número de presos en “Depósitos Municipales” de ayuntamientos de la provincia con 703 personas, además en Mérida, con 1.898 presos, Badajoz, con 684 presos, Almendralejo con 1.395 presos, en total: 4.880 presos republicanos. En el mismo documento se hacía referencia a los condenados por última pena según la ciudad: “Condenados a última pena, en Badajoz 435 presos, en Mérida 183 presos, en Almendralejo 64 presos, en total: 682 presos”.[14]
Memoria histórica
La Matanza de Badajoz, siempre en la memoria
Recuerdo pertinente, en otro triste aniversario, de una de las mayores muestras de salvajismo del ejército sublevado en la Extremadura de 1936: la Matanza de Badajoz.
Mérida asumió presos que eran enviados desde otros centros de detención, como sucedió con el cierre del Campo de Concentración de Castuera. Así, desde Mérida se informó al Director General del Cuerpo de Prisiones en Madrid del cierre de la Prisión Central de Castuera[15], sobre el traslado de los presos “los reclusos tendrán lugar en esta Prisión mañana a las 19 horas, quedando 29 hasta el día 2, para terminar de cargar los barracones y material del extinguido Campo de concentración y de la Prisión, reintegrándose acto seguido al establecimiento de Santo Domingo-Mérida- con el jefe que ha quedado a cargo de su vigilancia y de cumplimentar este servicio por apremiar el tiempo para situar el material en el Puerto de Sevilla”. El documento que certifica el desmantelamiento del antiguo campo de concentración está firmado desde la Inspección de la Prisión habilitada de Santo Domingo el 31 de marzo de 1940[16].
Fusilamientos dentro de la prisión de Santo Domingo y en el cementerio
Las condiciones de vida deplorables de los presos, el hacinamiento y el conocimiento del futuro que les esperaba, llevó algunos de los presos a intentar huir, y los que no pudieron hacerlo y fueron detenidos, fusilados, como recogía la Inspección y Vigilancia de Falange: “…Han surgido incidentes provocados por una fuga de presos en Mérida, en cuya cárcel y entre otros y entre todos los demás presos comunes se encuentra un Jefe Local por fútiles motivos, a los cuales hubo de disparar la fuerza pública, matando a uno de ellos y fusilando a otro seguidamente”.[17]
Como ya hemos señalado, tras ser juzgados, los condenados a muerte estaban hacinados en la cárcel establecida en el antiguo convento de la plaza de Santo Domingo[18]. Conocemos este caso que nos permite estudiar cómo era el proceso en los momentos finales: entrega de los presos, por escrito, con instrucciones a seguir, entrada en capilla, y la firma por parte de la persona encargada del cumplimiento de las órdenes. El documento siguiente muestra cómo se desarrollaba:
(Membrete oficial)
Comandancia Militar de Mérida
(Escrito a mano) nº 3328
(Casi ilegible otra numeración donde se distingue... 108 7 y 1ª
Reservado
Negociado de secretaría nº 16
Sírvase entregar cuando a ello se presenten las fuerzas conductoras y Juez Ejecutor a los cinco reclusos que al respaldo se relacionan y que entrarán en Capilla, en la del Cementerio de esta Plaza, mañana 11 del actual a las cinco treinta horas.
Deme cuenta de haberlo cumplimentado.
Dios guarde a V. Muchos años
Mérida 11 de septiembre de 1940
El Coronel Militar Comandante Militar
(Hay un sello oficial que pone: Comandancia Militar de Mérida y una firma que puede leerse Valentín (ilegible). Este escrito está dirigido al:
Jefe de la Prisión habilitada de la Plaza de Santo Domingo
En el reverso del documento podemos leer:
Respaldo que se cita
1º.- Demetrio Esquina Gallardo.
2º.- Manuel ¿? Molina.
3º.- Juan Lorenzo Robles
4º.- Juan Chaves Cortés[19]
5º.- Manuel Hinojosa González
Total son cinco hombres.
(A mano)
Me hago cargo de los cinco hombres que hace mención la presente orden, para cumplimiento de la misma, como encargado de la fuerza,
Mérida, 11 de septiembre de 1940
(Está firmado por Miguel Suárez)
Demetrio Esquinas Gallardo, de 40 años de edad, era labrador en Peraleda del Zaucejo, fue fusilado juntos a sus compañeros y así está inscrito, en Mérida, el 11 de septiembre de 1940. Su nieto Juan Ramos contaba que su madre recordaba ir con su abuela y alojarse en una pensión, “y cree recordar que la señora de la casa se llamaba Teófila”, al lado del Convento de Santo Domingo, para poder ver a su padre, Demetrio Esquina, hasta que fue fusilado.
Las filas de familiares esperando a la puerta para poder entregar algún tipo de alimento a los presos o, simplemente, saber si seguían vivos, era lo habitual. Muchas familias tenían que venir desde localidades lejanas. Incluso de fuera de Extremadura, con las dificultades de comunicación y control de aquellos años y las escasas posibilidades económicas. Eugenia Peláez, hija del también detenido Joaquín Peláez Gallardo, nos comentaba como una vecina suya, que vivía cerca de la prisión de Santo Domingo, todas las mañanas abría la ventana para escuchar cantar a su hijo que allí estaba preso, era la clave para saber que estaba vivo. Una mañana abrió la ventana y ya no escuchó su voz… había sido sacado y fusilado en el cementerio de Mérida.
Otro testimonio es el de Eustaquio Ramos Muñoz, recogido en sus memorias y facilitado por su nieto Pedro Romero de Castilla. En él describe su paso por Mérida en dirección Cáceres, proveniente del campo de concentración de Mallorca: “... después nos esposaron más fuerte y cuando llegamos a Mérida no se me veían las esposas, estaba como para reventar... enseguida nos metieron en un convento, sucio y húmedo y los que venían conmigo ya los estaban esperando sus mujeres con mucho pan y latas de sardinas y atún y llenaron una bolsa de pan y de sardinas. Cuando llegaron los guardias al día siguiente para llevarme a Cáceres, se despidieron todos de mí y el guardia, al ver que tenía las manos hinchadas, me dijo que si me convenía, me ataba la pierna al banquillo del tren, le dije que sí".
Los Campos de concentración de la represión de franquista como lugar de memoria y reconocimiento a las víctimas
Las asociaciones de memoria histórica de Mérida y de Extremadura vienen reivindicando la conservación y rotulación del Convento de Santo Domingo como “lugar de memoria”. Como señalaba el por entonces presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica de Mérida, Manuel Sánchez, “El convento de San Andrés fue un centro de detención por el que pasaron cientos de republicanos e izquierdistas. Los presos se hacinaban en el sótano y eran abandonados a su suerte, sin apenas comida ni cuidados, por lo que muchos morían por enfermedades como la tuberculosis, “no tenía nada que envidiar a cualquier campo de concentración nazi”.
Franquismo
Franco y la enseñanza de la Historia
Recientemente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx), ha solicitado la Declaración como “Lugar de Memoria” del citado “Convento de Santo Domingo” y su señalización en base a la LEY 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, Artículo 28. Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y la Ley estatal 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en base a su Artículo 49. Lugares de memoria democrática.
El señor José Valverde pudo escapar de una muerte segura, contarnos su historia y lo terrible de las condiciones de la prisión de Santo Domingo. Los fusilamientos finalizaron, los centros de reclusión se cerraron, pero las muertes y las fosas permanecieron y el recuerdo de los familiares se mantuvo, y estas piedras son los testigos de aquellos hechos. Por eso es necesaria su conservación como “testigos de la Historia” para las nuevas generaciones. Es urgente su señalización y reconocimiento para con las víctimas que por allí pasaron y para sus familiares que siguen exigiendo: Verdad, Justicia y Reparación.
[1] Testimonio recogido por Ana Toro y Ángel Olmedo, publicado en: Olmedo Alonso, Á. Espacios, Lugares y Personas de la Guerra Civil en la provincia de Badajoz. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2005.
[2] Este proceso afectó también a las tierras comunales de muchos municipios, que eran aprovechas por los vecinos para su subsistencia, pero a ser privatizadas, dejaron de poder utilizar las mismas y pasando ser mano de obra disponibles para los grandes propietarios. Hubo varias normativas que fueron limitando los privilegios de los que había gozado la iglesia en la sociedad estamental para adaptar al liberalismo económico, privatizando propiedades tanto de la Iglesia como de bienes comunales. Así, el Real Decreto de 25 de julio de 1835 “suprimiendo los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individuos profesos, de los cuales las dos terceras partes a lo menos sean de coro”. Gaceta de Madrid núm. 211, de 29 de julio de 1835,
[3] Puede verse el interesante artículo de Francis Reina sobre los detentadores del poder y los mecanismo de transmisión de la propiedad en la ciudad de Mérida en el artículo https://www.elsaltodiario.com/extremadura-/convento-concepcionistas-merida-colonizadores-aristocratas-alcaldes-dictadura-vox
[4] https://www.consorciomerida.org . El Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida es una entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Educación, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, la Asamblea de Extremadura y el Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Tiene como objetivos gestionar el yacimiento arqueológico de Mérida y profundizar en el estudio de la historia de Mérida.
[5] «Veinte siglos de historia en San Andrés.». Foro. Boletín informático Consorcio Ciudad Monumental de Mérida.
[6] Peregrinando a Mérida. “Convento de Santo Domingo (o de San Andrés)”. Ayuntamiento de Mérida, 2017. https://turismomerida.org/descargas/libro-peregrinando-merida.pdf
[7] https://listaroja.hispanianostra.org/ficha/convento-de-san-andres/
[8] Artículo: Mérida: lugares de la memoria como testigos de la historia. Álvarez Rodríguez, Chema y Olmedo Alonso, Ángel. 18 de noviembre de 2022. https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/merida-lugares-de-la-memoria-como-testigos-de-la-historia
[9] Archivo General Militar de Ávila. Cuartel General del Generalísimo VI Cuerpo de Ejército, Estado Mayor, Segunda Sección, “Orden General para la clasificación de prisioneros y presentados”, Salamanca, 11 de marzo de 1937.
[10] González Cortés, J.R. Origen y desarrollo de los campos de concentración franquistas en Extremadura Revista de estudios extremeños, nº 62. Pág. 260
[11]Rodrigo, J, Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Número 6 (2006), pág. 6 http://hispanianova.rediris
[12] Chaves Rodríguez, C., Sentenciados. La represión franquista a través de la Justicia Militar y los Consejos de Guerra en la provincia de Badajoz. 1937 1950, Badajoz, PREMHEX, 2015. Pág. 47
[13] González Cortés, J.R. “Origen y desarrollo de los campos de concentración franquista en Extremadura” Revista de estudios extremeños, nº 62. pág.282
[14] Según datos del Archivo General de Ávila. Gobernación. “Delegación Nacional de Provincias”. Citado por Gutiérrez Casalá, J.L. Catalanes en la segunda Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas en Montijo. Pág. 162 y ss. https://webs.uab.cat/cedid/wp-content/uploads/sites/151/2012/06/comunicII-2b.pdf
[15] León Cáceres, G y López Rodríguez A. D. “Cárceles en el partido judicial de Castuera. Antecedentes, contexto y permanencia en el tiempo. Revista de Estudios Extremeños, 2011, Tomo LXVII, Nº II. Págg.394.
[16](Archivo General de la Administración. Sección Justicia. 11932, citado por León Cáceres, G y López Rodríguez A. D. “Cárceles en el partido judicial de Castuera. Antecedentes, contexto y permanencia en el tiempo. Revista de Estudios Extremeños, 2011, Tomo LXVII, Nº II. Pág.906.
[17] Citado por Gutiérrez Casalá, J.L. Catalanes en la segunda Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas en Montijo. AGA. Gobernación. “Delegación Nacional de Provincias”. Pág. 162 https://webs.uab.cat/cedid/wp-content/uploads/sites/151/2012/06/comunicII-2b.pdf
[18] Testimonios recogidos en: Olmedo Alonso, Ángel. Espacios, Lugares y Personas de la Guerra Civil en la provincia de Badajoz. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2005.
[19] Familia de Francisca Chaves, que sigue luchando por recuperar la memoria de sus familiares víctimas de la represión franquista.