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Memoria histórica
PP y Vox pretenden usar los fondos de memoria democrática e histórica para acabar con esta ley en Extremadura
El Gobierno de María Guardiola pretende invertir los 210.579,63 euros que va a recibir del Estado destinados a proyectos y actividades de memoria democrática para el año 2024 en acabar con la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura.
Así lo ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea regional la portavoz del Gobierno regional y consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, la popular Victoria Bazaga, tras ser preguntada al respecto por la diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, quien le instaba a responder acerca del destino de ese dinero.
Memoria histórica
En defensa de la memoria Manifiesto contra el acuerdo PP-Vox de derogar la ley de Memoria Histórica en Extremadura
La portavoz del Gobierno de María Guardiola ha respondido a Fernández afirmando que “no tenemos intención de renunciar a los fondos que recibe la Junta. Toda financiación procedente de fuentes externas para la memoria democrática se va a mantener, incluso si hacen falta más medios se solicitarán”. Sin embargo, Bazaga ha anunciado que serán destinados “para trabajar por la memoria y la concordia de todas las víctimas”. Por tanto, la intención de la Junta es la de cumplir con el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, donde en su punto 48 viene recogida la “derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018 e impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real”.
“Se empeñan en desenterrar odios hace años olvidados como la Ley de memoria histórica y democrática, señora Fernández, la vamos a derogar y nos quedan tres años por delante, acostúmbrense”
En este sentido, su socio de Gobierno, Vox, ha sido más explícito en la sede parlamentaria extremeña, quien ha anunciado directamente la derogación de la Ley a través de su diputado Sánchez-Ocaña: “Se empeñan en desenterrar odios hace años olvidados como la Ley de memoria histórica y democrática, señora Fernández, la vamos a derogar y nos quedan tres años por delante, acostúmbrense”.
La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha recordado que esos fondos que va a recibir la Junta “deben de ir destinados a proyectos y actividades de memoria democrática como la localización, la exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura, y a actividades de divulgación de estos trabajos y resultados conseguidos, y de dignificación de los lugares de enterramiento y de la memoria asociados”. Por tanto, el Partido Popular y Vox pretenden usar estos fondos para fines diferentes a los destinados.
Una ley no desarrollada por el anterior gobierno del PSOE
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura fue elaborada bajo el anterior mandato del socialista Fernández Vara. Sin embargo, a pesar de ser aprobada por la Asamblea de Extremadura el 20 de diciembre de 2018 y publicada en el DOE del 24 de enero de 2019, el Gobierno de Fernández Vara no la aplicó y apenas tuvo desarrollo. Así lo denunció la Coordinadora Memorialista de Extremadura (COMEX) en junio de 2022, quien a través de una nota de prensa, denunció que el Gobierno del PSOE no estaba desarrollando y aplicando esta ley dos años y medio después de haberla aprobado, señalando “inacción y parálisis” del Ejecutivo de Vara al respecto.
En concreto, no habían creado un procedimiento indemnizatorio a las víctimas de la represión franquista; tampoco el Comité Técnico para la retirada de vestigios franquistas ni su retirada posterior. No se había creado el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura ni el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura; del mismo modo no se hizo desarrollo del reglamento para crear un censo de víctimas, la intervención en fosas comunes y su conservación, entre muchas otras medidas importantes que se había comprometido Vara a aplicar a través de esta ley, que tenía unas fechas señaladas de diferentes plazos para su aplicación y que han sido sistemáticamente incumplidas .
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