Migración
Preocupación ante la reactivación de los CIE y la apuesta del Gobierno por retomar las deportaciones

“Al llegar a este país, que pensabas que era de derechos y democracia, que te van a abrir los brazos, encuentras primero a la tele y la Cruz Roja, luego en seguida viene la Policía Nacional. Te mete en un calabozo, te dan unas galletas y un bocadillo por toda la pesadilla que has pasado. No te tratan bien y te meten en un CIE, solo por cruzar la frontera”. Es 22 de septiembre y el senegalés Lamine Sarr, del sindicato de manteros de Barcelona, está participando en una rueda de prensa a cien metros del Congreso de los diputados. Se debate la Proposición No de Ley (PNL) que colectivos migrantes han presentado: una propuesta que aboga por la regularización extraordinaria de personas sin papeles y que finalmente será rechazada. Aquel día, los CIE aún siguen inactivos. En la PNL se apuesta por que su cierre sea definitivo. Pero esos no son los planes del Ministerio de Interior.

“Llegas y pasas un juicio donde no entiendes nada de lo que están diciendo y te meten en un CIE. Lo llaman CIE, no lo llaman cárcel, pero es peor que la cárcel porque te quitan todos los derechos humanos”, recuerda el martes 22 de septiembre Sarr ante las personas activistas y migrantes que le escuchan, mientras rememora las duchas de agua fría en pleno invierno, el cronómetro expulsándole del baño aún sin tiempo para quitarse el jabón. “Toda la curiosidad que tienen los medios de comunicación, para difundir que una persona migrante ha hecho tal o tal cosa, nunca la he visto en un reportaje sobre lo que pasa en el CIE. Hemos visto reportajes sobre cómo viven familiares de españoles en cárceles de otros países, pero nunca han hecho un reportaje mostrando cómo están tratando a las personas en el CIE. El único delito que han hecho es salir de su país para buscar una vida mejor”.

Mientras Sarr decía estas palabras, una orden del Ministerio de Interior, anunciaba la reactivación de los Centros de Internamiento: “El miércoles nos enteramos que abren los CIE el jueves [por el 24 de septiembre], nos movilizamos bastante porque sabíamos que el viernes pasaban a disposición judicial los chicos malieneses que habían llegado a Tenerife, y nos organizamos para que un grupo de letrados del turno de oficio de extranjería les asistiera. Estuvimos detrás en todo momento para que los compañeros les dieran toda la información necesaria”, narra Vanessa Hernández, abogada e integrante de la subcomisión de extranjería del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Lo que tenían que trasladarles era la sentencia de 25 de junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la cual podían presentar ante el juez de instrucción la solicitud de asilo. Y también, asegurarse de que conocían que ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para refugiados, consideraba que las personas provenientes de Mali eran susceptibles de ser solicitantes de asilo. “Queríamos proporcionarles todo lo necesario para que al entrar al juzgado pudieran defenderles lo mejor posible”. A diferencia de Sarr, tras ser escuchados por la jueza de instrucción, estos jóvenes no fueron internados en un CIE.

Los ciudadanos malienses no irán al CIE, pero muchas otras personas empezarán a ser internadas pronto porque la voluntad del Ministerio de Interior de volver a expulsar es clara

“Lo interesante es que convierte al manifestante ya en solicitante delante del juez. La sentencia viene a decir que los solicitantes no entran a un CIE sino que tienen que entrar a un centro de acogida humanitaria mientras se resuelve su petición”, apunta Vanessa Hernández. Para esta letrada se trata de una muy buena noticia y un gran precedente pues, aparte de la privación de libertad que supone ingresar en un CIE, o las condiciones que se viven en estos centros, es preocupante, explica, que no se facilite en ellos el proceso de solicitud de asilo: “El CIE está custodiado por el Ministerio de Interior, muchas veces no hay servicios de orientación jurídica que den información y que puedan hacer seguimiento de este tipo de casos o que puedan detectarlos, para mí es fundamental que la solicitud se haga en un juzgado porque tienes un juez que pueda garantizarlo, porque tienes abogados de turno de oficio que lo puedan garantizar”.

Esta abogada insiste en que es importante la asistencia letrada, y que en este caso ha sido esencial para que la jueza de instrucción entendiera la situación y aplicara la sentencia. Por otro lado le preocupa la lectura de los hechos que están haciendo algunos medios de comunicación: “Algún titular que he visto dice que se salvaron de entrar al CIE porque solicitaron protección internacional como si esto fuese una especie de argucia de los inmigrantes que llegan”.

REACTIVACIÓN DE LOS CIE PARA EXPULSAR

Los ciudadanos malienses no irán al CIE, pero muchas otras personas empezarán a ser internadas pronto porque la voluntad del Ministerio de Interior de volver a expulsar es clara. Las organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes está atentas a lo que suceda. Desde la Plataforma CIES No, Adrián Vives explica que no saben por dónde empezarán: “en Valencia, sí que estamos llamando por la mañana y por la tarde al teléfono que tenemos del centro de internamiento para preguntar porque entendemos que es una información que no se va a hacer pública”. Mientras, se preguntan qué CIE se reactivará antes: si Barcelona y Valencia dado que muchas pateras llegan a la zonal de Almería, Murcia y Alicante, o Madrid, un lugar estratégico para coordinar deportaciones. Por ahora toca esperar. Mientras se espera, de fondo, la segunda ola pandémica va tomando fuerza.

Vives recuerda que la emergencia sanitaria no fue la razón por la que se fueron vaciando los CIE en primavera, aunque algunos jueces de control alertaron y siguen alertando, de que no se pueden mantener las medidas de prevención en estos espacios “que por sus propias características penitenciarias y de espacio cerrado con poca ventilación donde al final, por muy duro que sea decirlo, almacenan a personas durante un tiempo relativamente largo, son muy propicios a que si hay algún mínimo contagio eso se expanda rápidamente”, alerta.

Si se vaciaron los CIE, apunta el activista, es porque no se podía materializar la expulsión. Algo que está por cambiar: “El panorama es desolador si tenemos en cuenta que todo esto se enmarca en el pacto de la Unión Europea, que refuerza el eje de las expulsiones y que ya permite directamente colaborar en deportaciones a cambio de no tener que acoger a personas”, lamenta, y recuerda que aunque la orden de la policía de momento apunta a que serán internadas para su deportación aquellas personas que llegan en patera, no es de descartar que en un futuro próximo se vuelva a internar a quienes ya residen en el territorio. “Hay muchas personas que se van a quedar en situación irregular, aparte de por el tema de los trámites de extranjería, que están siendo un desastre, también porque ha perdido el trabajo. Personas que llevan mucho tiempo residiendo y ya con una vida hecha aquí, que van a tener una orden de expulsión y van a ser deportadas, si esto ya venía pasando antes, pasará en un gran número con el drama que eso supone”, lamenta Adrián Vives.

En este marco, este portavoz de Plataforma CIES No, saluda noticias positivas como la sentencia de Canarias, valorando que una instancia diferente a la policía pueda escuchar la solicitud de protección internacional. Considera esencial que las personas sepan que cuentan con esa posibilidad, que se les informe de que, “entre todos sus derechos ahora además está el de poder solicitar protección internacional al juez que va a decidir sobre su internamiento”.

La buena nueva sin embargo no afecta a las muchas personas que provienen de países cuya situación no se considera justificatoria de una petición de asilo. Son Estados como Marruecos, Argelia o Túnez, con los que se ha negociado la repatriación. Es el caso de mucha de las personas que se hacinan en el CETI de Melilla, mientras que el Ministerio de Interior maniobra para devolverlos a sus países y no permitir bajo ningún concepto que sean trasladados a la península. El CETI es una muestra extrema de lo que puede pasar cuando mantener internadas a las personas para expulsarlas es más importante que sus derechos humanos y en concreto a su derecho a la salud.

“El otro día había declaraciones del Ministro de sanidad relacionando los contagios con los inmigrantes... ¡Venga hombre!, esa es una barbaridad de criminalización con el nulo caso que se le ha hecho al CETI de Melilla. El Defensor del Pueblo lleva meses pidiendo el traslado de personas a la península, interior no autoriza traslados, es una barbaridad”, valora Vives.

MELILLA COMO POLÍTICA EUROPEA

Para Josep Buades Fuster, del Servicio Jesuita Migrante (SJM), el CETI es un claro ejemplo de mala práctica. Sin embargo, este activista, coordinador de la línea Frontera-Sur de su organización y autor de muchos de sus informes anuales sobre los CIE, elogia que se tomara la decisión de vaciar los centros de internamiento hace unos meses, ante la imposibilidad de acometer expulsiones, y pone en valor esta decisión, pues le consta que en la mayoría de países no sucedió algo similar. Pero las expulsiones han vuelto y con ellas vuelven los Centros de internamiento.

“Nos preocupa mucho la reactivación de los CIE; en primer lugar, porque el gobierno de España publica la medida el día de la presentación del Nuevo Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, acudiendo a las devoluciones y a las expulsiones como símbolo de que 'controla las fronteras' y de que es capaz de negociar la readmisión con países vecinos”, sentencia Buades Fuster. “Nos preocupa también por la amenaza a la salud de internos y del personal policial y de servicios”.

Para las personas que llegan a Melilla no hay grandes avances, la gran mayoría provienen de Marruecos, Argelia, Túnez o Egipto y, como se mencionaba antes, esto dificulta que puedan ser eventuales solicitantes de asilo. Abocados a la deportación, el gobierno los tiene quietos y hacinados, resistiéndose a trasladarlo a la península pues están esperando a que sus socios les abran fronteras para expulsarlos. Para Buades Fuster, la política que está llevando a cabo el gobierno en Melilla no es de migración sino que se trata de una política Europa, está ejerciendo de frontera exterior para Francia pues muchos de los que llegan toman España como un país de tránsito y se dirigen realmente a ese país. 

”Para el Ministerio de interior es muy fácil mantener a personas en 12 km cuadrados y en una institución en la que tienen cama y mesa y dicen, el día que Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos readmitan a personas expulsadas lo tengo más fácil para localizarlos aquí y llevarlos para allá”, resume. Esta misma semana medio centenar de marroquíes desplazados a la Plaza de Toros de Melilla han recibido orden de expulsión. También hay algunos solicitantes de asilo que no están siendo trasladados a la península con la excusa de que las plazas humanitarias están ya repletas con las personas solicitantes de asilo que llegaron en 2019, comenta Buades Fuster.

En todo caso, para el integrante de SJM, “esponjar el CETI es una cuestión de voluntad política”. Pero el gobierno, argumenta, prefiere echar a la gente a la Plaza de Toros, donde sin número de identificación están teniendo problemas para resolver trámites asociados a su condición, y les llega poca comida y poca ropa. “Y luego está el hacinamiento, la desesperación porque ven que no hay salidas. Y encima tememos que, después de una oleada de covid de la que se salvó más o menos Melilla, pues tenemos una segunda que han empezado más fuerte, y específicamente dentro del CETI”, recuerda.

Para este activista del SJM el riesgo en los CIE no es tan grande como en el CETI, pues cuentan con la figura de los jueces de control para ejercer cierta vigilancia. De hecho, ya durante la primera etapa de la pandemia algunos jueces de control mostraron su preocupación ante los posibles contagios.

Buades Fuster defiende que gran parte de la competencia para dar un trato más humano a solicitantes de asilo y migrantes está en los jueces, y la sentencia Canaria dará fe de ello: “Nosotros machacamos mucho en los informes CIE con la idea de que nos jugamos mucho en la adecuada formación de los nuevos jueces”. Y defiende que es también una labor de la sociedad civil presionar para que esto suceda y que sentencias como la de Canarias se difundan y repliquen.