Ocupación israelí
Organizaciones piden un cambio de paradigma internacional contra el apartheid de Israel

Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional comenzaron la jornada del pasado jueves con una apretada agenda para la presentación de los informes contra el apartheid en Madrid. Durante la mañana se reunieron con Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030. El día terminó con un acto público, al que finalmente solo pudo asistir HRW, organizado por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), en el Ateneo La Maliciosa.

HRW y Amnistía se suman a la larga lista de organizaciones palestinas, israelíes e internacionales que concluyen que Israel comete apartheid, reconocido como una violación del derecho internacional público, una violación grave de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Existen dos tratados fundamentales que recogen el crimen de apartheid y sobre los que se sostienen los informes y sus investigaciones, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

“Estos crímenes forman parte de una política sistemática de las autoridades israelíes para mantener el dominio de los israelíes judíos sobre los palestinos”

El informe de HRW, publicado en abril del año pasado, se enfoca en los crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución en los Territorios Palestinos Ocupados. Bruno Stagno, subdirector ejecutivo de incidencia de HRW, afirmó que “estos crímenes forman parte de una política sistemática de las autoridades israelíes para mantener el dominio de los israelíes judíos sobre los palestinos”. La intencionalidad de poner el foco en estos dos tipos de crímenes, según Bruno Stagno, se debe a que la Corte Penal Internacional tiene la capacidad de “investigar e instruir en once tipos de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el apartheid y la persecución”, a pesar de que Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La organización estadounidense decidió denunciar el crimen de apartheid a raíz de las declaraciones de Benjamín Netanyahu, ex primer ministro israelí, sobre la intención de anexionar todo el territorio palestino, evidenciando que “el régimen militar de ocupación ya no era temporal”. La denuncia también fue provocada tras la aprobación de la ley del Estado nación de 2018, que declara a Israel como el Estado nación del pueblo judío y que excluye, así, al 19% de la población palestina que reside en el país.

María del Pozo, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía, insiste en “el caso de empresas españolas que se están beneficiando del régimen de apartheid como CAF” y exige al gobierno español que “le pida a la empresa que abandone el proyecto y también a CAF”.

Respecto al informe de Amnistía, publicado a principios de este año, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, considera que “el impacto ha sido enorme y el debate mayúsculo, empezando por el propio gobierno de Israel que llegó a pedir a Amnistía que no lo publicara”. No obstante, Esteban Beltrán destaca la importancia de las respuestas de apoyo e insiste en poder debatirlo en todos los parlamentos posibles “con datos y no con acusaciones”. Tras denunciar el crimen de apartheid, el director de Amnistía asegura que la comunidad internacional tiene que “cambiar radicalmente su percepción y trabajar en un cambio de paradigma internacional de las relaciones bilaterales y multilaterales con el estado de Israel”. Así mismo, Bruno Stagno también habla de “un cambio de paradigma” y se centra en la importancia de la publicación de nuevos informes a lo largo de este año, que ayudarán a determinar esa nueva narrativa. Entre ellos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha creado por primera vez “una comisión de investigación permanente sobre la violación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel” y presentará su primer informe en junio.

Además, este año también tendrá lugar la actualización de una base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que recoge las empresas israelíes e internacionales que operan en los asentamientos ilegales. Sobre esto, María del Pozo, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía, insiste en “el caso de empresas españolas que se están beneficiando del régimen de apartheid como CAF” y exige al gobierno español que “le pida a la empresa que abandone el proyecto y también a CAF”. Existe el riesgo de que una empresa española “esté dentro de la base de datos de Naciones Unidas de las compañías que se benefician de una situación lamentable".Mientras tanto, tras el análisis de los informes, la RESCOP trasladó la urgencia por parte de la sociedad civil internacional de apoyar la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que servirá para que la UE prohiba el comercio con los asentamientos ilegales. Esta ICE, que también es apoyada por HRW, necesita un millón de firmas de la ciudadanía y deben conseguirlas para febrero de 2023.

Una vez más, la sociedad civil internacional tiene la opción de seguir los pasos de los gobiernos y organismos internacionales que aceptan la normalización de la colonización, la ocupación y el apartheid, o como alternativa puede asumir responsabilidades y presionar a través de herramientas populares como esta ICE. El objetivo no es otro que poner fin a las relaciones y acuerdos que han creado esta escala de privilegios e inmunidad del apartheid israelí. La hegemonía del colonizador dependerá siempre de la vulnerabilidad de la población colonizada, y en este punto se debe escoger el lugar, para que Palestina, haciendo uso de la expresión fanoniana, deje de ser el lugar donde habitan las condenadas de la tierra.