Ocupación israelí
Acusan a una agencia pública catalana de complicidad con el apartheid y el genocidio en Palestina

Es la agencia pública de competitividad de las empresas catalanas, adscrita al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, se llama ACCIÓ y un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), NOVACT y SUDS acaba de señalarla por “negligencia” y colaboración en diversas vulneraciones de la legislación internacional y complicidad con crímenes contra la humanidad cometidos por Israel.

El objetivo de ACCIÓ es “impulsar la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial catalán a través del fomento, la internacionalización empresarial y la atracción de inversiones”, según su página web. El problema, señalan desde estas tres ONG, es que esta entidad pública lleva años incentivando la inversión de empresas catalanas en Israel —y lo ha seguido haciendo desde el inicio del genocidio en Gaza— sin informar sobre “la potencial violación del derecho internacional de las actividades económicas en los Territorios Palestinos Ocupados” y de los sectores industriales vinculados con el apartheid.

Desde 2015, este organismo tiene una de sus 40 oficinas exteriores en Tel Aviv y desde 2017 tiene a Israel como una de sus ocho áreas estratégicas. En 2021, según detalla el informe, 2.424 empresas catalanas tuvieron actividades exportadoras por valor de 442 millones de euros. 

El informe La inacción de Catalunya frente a la violación de los derechos humanos del pueblo palestino, fruto de un año de trabajo, ha sido hecho público este 17 de abril. Sus autores piden el cierre de la oficina de ACCIÓ en Tel Aviv y que se establezcan mecanismo para desincentivar relaciones empresariales catalanas “con sectores críticos que violan el derecho internacional y los derechos humanos”. Según advierten, en la situación actual, en la que organismos internacionales investigan a Israel por delitos de genocidio y crímenes de guerra, estas inversiones en Israel y territorios ocupados pueden tener consecuencias legales tanto para las empresas como para las entidades públicas que las animan. 

En la situación actual, estas inversiones en Israel y territorios ocupados pueden tener consecuencias legales tanto para las empresas como para las entidades públicas que las animan

Uno de los ejemplos más recientes es Comsa, el gigante catalán de las infraestructuras, que ganó el 27 de septiembre de 2023 un concurso para construir una línea del tranvía que conecta Jerusalén con los territorios ocupados ilegales. 

La información publicada por ACCIÓ, detallan en el estudio, omite toda referencia a violaciones de derechos humanos y a la ocupación de Palestina, así como referencias sobre los riesgos de violaciones del derecho internacional por actividades económicas ilegales en los territorios ocupados. Según Felipe Daza, coautor del informe, una entidad como ACCIÓ tendría que estar obligada a proporcionar información sobre el contexto político, económico y social donde se producen las inversiones, así como las posibles consecuencias legales. Especialmente en el contexto palestino, donde la economía israelí “está contaminada por el apartheid y el saqueo de los recursos” de la población palestina. La economía israelí no puede entenderse, explica, “sin los asentamientos industriales ilegales en Cisjordania”, donde se centran muchas de las inversiones catalanas en la región.

Lejos de avisar de los riesgos o las implicaciones morales de invertir en Israel y los territorios ocupados, ACCIÓ promueve la internacionalización catalana en “una de las economías más seguras y fuertes del mundo”, según un vídeo publicado en 2018. La presentación de Israel como una de las economías más innovadoras del mundo y como una oportunidad para las empresas catalanas se mantenía después de meses de bombardeos indiscriminados, la ocupación de Gaza, el asesinato de 30.000 palestinos y el cierre de la ayuda humanitaria. Según el informe, no informar sobre este contexto es “una grave negligencia”.