Opinión
El derecho a voto que se traga el limbo censal

Este 4-M muchos migrantes no podrán votar en la Comunidad de Madrid. No, no nos referimos a las personas sin papeles. Tampoco al voto rogado de los expatriados. Hablamos de  migrantes procedentes de Andalucía, Extremadura y todos rincones de España. De vecinos del barrio de al lado, o de la calle de enfrente, obligados a rotar constantemente de piso de piso, de habitación en habitación, por el inasumible precio de la vivienda en la ciudad. Una precariedad que a muchas nos ha dejado compuestas y sin voto.

Soy andaluza y acumulo doce mudanzas por motivos de estudio y laborales. Llegué a Madrid hace cuatro años, donde trabajo y tributo como una más. El padrón corrobora que vivo en la capital, o eso creía. Porque este 4-M no podré votar, al igual que muchas otras personas, por “vivir a la madrileña”: ambulantes con el armario siempre a cuestas, nómadas en una ciudad donde corres el riesgo de acabar entre tanto movimiento en un limbo censal.

¿En qué fecha volví a darme de alta?. No conseguía acordarme, y rebusqué entre mil papeles. Fue el 5 de enero, solo cuatro días después del cierre del censo que se utilizará para las elecciones. Cuatro días que me impedían acudir a las urnas

No todo el mundo conoce los derechos de los que depende tener tu empadronamiento al día en el lugar en el que resides, pero son numerosos e importantes. Evita problemas en la escolarización y la renovación del DNI, también para acudir al médico o pedir un bono social si el sueldo no te alcanza ni para pagar la factura de la luz. Y de ese trámite administrativo depende el derecho fundamental al sufragio.

En mi último cambio de domicilio caí en ese limbo censal durante tres meses sin ser consciente de ello. El censo se actualiza mensualmente, y bebe de los datos del padrón municipal, último responsable de dar de alta o baja a cualquier residente, por petición directa o “de oficio”. Porque los ayuntamientos pueden dar de baja del padrón si saben que alguien ya no reside en el domicilio que tenían registrado, y dar de alta si tienen constancia de un cambio de morada. Afortunadamente, hay también soluciones para las personas sin hogar. Sin embargo, los datos del padrón arrojan una gigantesca diferencia entre las altas y bajas de oficio. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid expulsó del censo a más de 6.000 personas en 2019, y en 2018 fueron más de 18.000. Los datos de 2020 están aún por publicar, aunque es previsible que la tendencia no sea muy diferente.

SMS o email

El año pasado, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución que recordaba a los ayuntamientos “la posibilidad de enviar avisos a un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico” cuando procedan a una baja de oficio, para facilitar así que los interesados puedan alegar ante cualquier error, o que simplemente sean conscientes de que ya no son vecinos legales del municipio. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid omite la recomendación en la práctica, también en la información de su web, amparándose en la no obligatoriedad de notificar a los afectados, lo que provoca una sangría en el censo que impide a una parte del electorado votar en estas elecciones anticipadas, convocadas por sorpresa en plena pandemia.

En Madrid es habitual el cambio de domicilio forzoso por el encarecimiento del precio de los alquileres, que hacen rodar constantemente a trabajadores precarios de techo en techo (llamar hogar a cuatro paredes temporales a veces no es una opción). Cada vez que alguien se muda de un piso a otro se expone a que el nuevo inquilino se empadrone antes de que su predecesor pueda hacerlo en su nueva vivienda, expulsándole automáticamente del padrón y arrojándole al limbo legal. No se trata de un impulso cainita del nuevo inquilino por dejar sin derechos al anterior, sino que muchos jóvenes se apresuran a empadronarse porque de ese trámite depende que puedan optar a ayudas al alquiler en la declaración de la renta, por ejemplo.

Al igual que es obligación de cada inquilino empadronarse una, y otra, y otra vez tras cada mudanza, a la administración se le podría requerir, qué menos, que tenga la obligación de notificar a los afectados, vía email o teléfono, que se les ha borrado del padrón

Al igual que es obligación de cada inquilino empadronarse una, y otra, y otra vez tras cada mudanza, a la administración se le podría requerir, qué menos, que tenga la obligación de notificar a los afectados, vía email o teléfono, que se les ha borrado del padrón. La digitalización y el cruce de datos en el sector público facilita estas fórmulas de contacto, mucho más económicas y ecológicas que el estéril y absurdo método actual de envío de carta al antiguo domicilio. ¿Qué sentido tiene enviar una carta a alguien al lugar en el que sabes que ya no reside? Solo se me ocurre que sea un repelente intento de justificar que “algo hacemos”, aunque ese algo sea simplemente desperdiciar recursos.

En ese limbo me encontraba, inconsciente de ello, cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones anticipadas a la Asamblea de Madrid el pasado 10 de marzo, aunque la llamada a las urnas estuvo varios días en el aire por los recursos de varios partidos de la oposición. Confirmada la cita electoral para el 4 de mayo, día laborable pero no lectivo, empezaron los preparativos de la campaña. El caos estaba servido.

Entonces recordé mi visita a las oficinas municipales para mi último empadronamiento, donde me revelaron que el nuevo inquilino de mi anterior vivienda me había sacado del padrón antes de que yo pudiera notificar la mudanza a mi nuevo barrio. Y me surgió la temible duda: ¿en qué fecha volví a darme de alta?. No conseguía acordarme, y rebusqué entre mil papeles. Fue el 5 de enero, solo cuatro días después del cierre del censo que se utilizará para las elecciones. Cuatro días que me impedían acudir a las urnas. 

Alguien que se ha tenido que mudar una docena veces no se achanta fácilmente ante los obstáculos burocráticos. Con mis contratos de alquiler y trabajo en mano me dispuse a freír a llamadas: a mi Junta de Distrito, a los números de atención ciudadana 010 y 012, a Delegación de Gobierno y a todas las instituciones implicadas. La única respuesta que recibí de todas ellas fue que el plazo de alegaciones había finalizado, porque solo se dispusieron cinco días laborales presentar las alegaciones presencialmente y pidiendo cita previa, por lo que ya no había nada más que hacer.

El “hable ahora o calle para siempre” tiene cierta emoción en bodas de películas hollywoodienses, pero cuando se usa para denegar derechos fundamentales pierde toda la gracia.

Como no le encontraba mucho sentido a que no se me notifique la baja del padrón, a que no se prolongue el escueto plazo de alegaciones en medio de una pandemia, a que no se puedan realizar telemáticamente y a que no exista ningún otro recurso para algo tán básico como el derecho al voto, presupuse que el sistema no podía ser tan disparatado y que algo me estaría perdiendo como ciudadana de a pie. Una torpe más que, pobre tonta, no se entera de todas sus obligaciones para con la opaca administración.

Y entonces se hizo la luz: Toni Cantó, flamante candidato a diputado regional por el Partido Popular, se encontraba en una situación incluso peor que la mía. El fichaje de Ayuso ni siquiera residía en Madrid antes del pasado 1 de enero, cuando cerraba el censo para las elecciones del 4-M, pero aún así parecía contar con un resquicio legal. Lo aseguró en televisión el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, donde explicó la existencia de un procedimiento especial por el que cualquier ciudadano no inscrito o inscrito incorrectamente en el censo podía solicitar ante el juzgado de primera instancia que se le permitiera votar si acreditaba que no lo haría en ninguna otra comunidad.

Miel para mis oídos. Sus palabras me llegaron como agua de 4 de mayo. Hay 130 juzgados de primera instancia en Madrid, pero quién dijo miedo. Empecé a llamar a los dos o tres que veía mencionados en noticias sobre temas electorales. En esos juzgados me indicaron, tanto amablemente como con evidente hartazgo, que debía llamar a la asesoría jurídica o al decanato. Asesoría jurídica sonaba a lo que necesitaba, pero allí me dijeron que no tenían ni idea del procedimiento al que aludió el consejero del gobierno de Ayuso, y que solo estaban para ayudar a pedir cita para un juzgado. Que si quería una, la primera fecha disponible era para el 6 de mayo. Una lástima, pero todavía me quedaba el decanato. 

Costó varios intentos durante varios días, pero al fin me atendió una de las muchas funcionarias majas que llevo telefoneadas en este proceso. A esas alturas, el procedimiento especial de Enrique López era tan especial que solo lo conocía él. La funcionaria consultó con secretaría. Desde el teléfono pude oír la percusión del fruncido de ceño del secretario en uno de los mayores “pero qué cojones” faciales de la historia de la judicatura española.

“A ver, no te decimos que no exista, pero la verdad es que aquí no conocemos ese procedimiento, no nos suena de nada, ¿y si llamas a la asesoría jurídica?”. La buena intención estaba clara, pero el proceso de intentar recuperar mi voto pareció, desde el principio, una patata caliente. Comprobé que no soy la única que no sabe bien qué puede hacer con las extrañas normas ya dadas.

Lo lógico entonces era preguntar al propio consejero Enrique López, y por suerte el email fue fácil de encontrar. Le mandé un correíto, pero creo que le fue directo a spam, a lo Paquita Salas.

Subir la apuesta

Subí la apuesta enviando una queja al Defensor del Pueblo, donde expuse que derechos fundamentales como el voto bien valen una escueta notificación, aunque fuera por SMS o email, por parte de la administración cuando te da de baja del padrón. Como respuesta recibí cuatro páginas del Defensor, pero se resumen en que no estaba de acuerdo con mi ruego. Que me hubiera empadronado a su debido tiempo. Que tenía que haber visto en una bola de cristal que Ayuso convocaría elecciones anticipadas.

Estos comicios sobrevenidos en la Comunidad de Madrid serán complicados para (casi) toda la ciudadanía: para quienes trabajan con contrato y temen las malas caras al pedir su derecho para ir a votar; para quienes trabajan sin contrato y ni siquiera podrán denunciar este problema; quienes tienen hijos y no sabrán qué hacer para compatibilizar el día laborable pero no lectivo; para quienes aún no tienen la nacionalidad, a pesar de contribuir más que algunos de los candidatos a la presidencia regional; para las personas de riesgo que tendrán un más que justificado miedo a las probables colas y a los interiores de los colegios electorales... Y a todos los anteriores casos hay que sumar el problema estructural del desfasado proceso de empadronamiento, fuente del censo electoral.

En una región con tanta inmigración como Madrid (solo en el primer semestre de 2020 y en plena pandemia con restricciones de movilidad su censo se incrementó en 49.127 personas, según el INE) este problema puede afectar a tanta gente como para decantar un escaño de la Asamblea de Madrid cuando algunas encuestas han vaticinado un empate entre los bloques de derecha e izquierda.

Sin embargo, en una buena porción de la tarta electoral nos quedaremos sin votar por algo que se podría enmendar con una sencilla notificación por vía telefónica o telemática de la baja de oficio en el padrón. Un detalle que demostraría sensibilidad y consciencia de la situación de inestabilidad habitacional a la que nos vemos abocada tanta gente en Madrid.

El 4-M pasará, pero en solo dos años habrá nuevas elecciones autonómicas. Una nueva oportunidad para no dejar fuera a otro buen monto de votantes. Este es el plazo que tendremos para que este asunto llegue a oídos del Gobierno autonómico o incluso a la recién creada subcomisión de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el Congreso de los Diputados. 

Con ese propósito surge la campaña de recogida de firmas #QueremosVotar4M. Porque hoy nos dejan sin votar, pero no pueden obligarnos a quedarnos inmóviles y en silencio ante esta situación, y perseveraremos ante la defensa de un derecho fundamental. En pleno siglo XXI, es inconcebible que se restrinja el sufragio porque algunas administraciones siguen funcionando burocráticamente con métodos decimonónicos.