Opinión
Esta vez vamos todas y todos

Por el reconocimiento del derecho fundamental a una educación inclusiva, desde la voz de una madre y como necesario recordatorio de que ya no hay excusas posibles para su desarrollo integral. Nadie puede quedar atrás.

Madre y Concejala de educación, diversidad funcional e inclusión del Ayto de Mérida
8 dic 2020 10:53

Fue allá por el 2008 cuando España ratificó su adhesión a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, aunque parezca increíble, hizo falta una convención específica en la que reconocer que las personas con diversidad funcional tienen derechos y que, en realidad, no difieren en nada a los derechos del resto de las personas. Ha llovido desde entonces y mucho esfuerzo ha supuesto, y supone, defender cada paso con uñas y dientes para seguir avanzando y no permitir ningún retroceso. La última muestra es la erradicación de las esterilizaciones forzosas, una práctica que en España seguían sufriendo cientos de personas al año, principalmente mujeres.

El derecho a una educación inclusiva no es únicamente para las niñas y los niños con diversidad funcional, sino un derecho de todo el alumnado que merece que su sistema educativo sea capaz de  adaptarse a sus necesidades

Pero hay un derecho que se resiste a ser reconocido como lo que es, un derecho fundamental. Hablamos del derecho a la educación inclusiva. Y es desde ahí desde donde debemos abordar este tema, desde la óptica de las conquistas sociales, de los derechos que deben dejar de ser vulnerados, desde la óptica del alumnado que año tras año es expulsado de nuestro sistema educativo o, directamente, es vetado para acceder a un centro de esos que llamamos ordinarios, como si el derecho a convivir fuera un premio que solo un parte de la infancia pudiera disfrutar. Tal vez es bueno recordar que más del 80% del alumnado con diversidad funcional ya está escolarizado en los centros ordinarios pero en muchísimos casos, la respuesta educativa no se ajusta a sus necesidades. Tampoco debemos olvidar que el derecho a una educación inclusiva no es únicamente para las niñas y los niños con diversidad funcional, sino un derecho de todo el alumnado que merece que su sistema educativo sea capaz de adaptarse a sus necesidades.

Pero de un tiempo a esta parte, parece que hablar del cumplimiento de la Convención, en concreto del artículo 24, es como nombrar al hombre del saco y ha sido utilizado para infundir temor entre las familias que, algunas expulsadas y agotadas de la escuela ordinaria y otras que nunca se plantearon que su familiar pudiera asistir a uno de estos centros, han encontrado en la educación especial un refugio. Vemos también cómo el término inclusión es permanentemente fagocitado y regurgitado intentando que se parezca, en cada intento, a algo que ya hacemos y pretendiendo que no nos obligue a reconstruirnos, como parte del sistema educativo y como parte de la sociedad.

Vivimos en medio de un revuelo mediático donde algunos argumentos retrógrados y muchas mentiras, son repetidos hasta la saciedad, mientras otras posturas, las que apuestan por avanzar hacia el cumplimiento de la Convención, han sido prácticamente invisibilizadas. Pero no podemos obviar que, bajo esa postura que apuesta por el inmovilismo y por el mantenimiento de un sistema anclado en modelo medico rehabilitador, subyacen grandes intereses económicos. En los últimos meses, aunque más intensamente en las últimas semanas, nos hemos visto envueltos en una vorágine donde desmentir una y otra vez, mientras, incluso en el mismo programa, se volvía a repetir la mentira, llenando portadas, páginas de diarios y minutos de radio, eliminando el debate sosegado, la exposición de evidencias y la posibilidad de llegar a acuerdos con un sector que ve como amenaza el avance en el reconocimiento y la efectividad de este derecho.

Pero apareció una campaña que puso el foco justo en lugar del que no debería de moverse: “Quererla es crearla”, que a través de su video y de su página web, aporta evidencias científicas y legislación para sustentar, con sólidos argumentos, que la educación inclusiva es un derecho y que es posible transformar el sistema para conseguir que una única escuela pueda dar respuesta a todas las niñas y los niños, sin excepción.

Atónitas asistimos a esta defensa de los privilegios y mantenimiento del estatus y levantamos la voz para exigir que el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva se haga efectivo

Atónitas asistimos a esta defensa de los privilegios y mantenimiento del estatus y levantamos la voz para exigir que el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva se haga efectivo. Que las familias no tengan que recurrir a los juzgados para defender el derecho a la educación inclusiva en luchas de David contra Goliat que pueden llegar a durar más de diez años. Que todas las escuelas se conviertan en verdaderos espacios de oportunidad y convivencia para todo el alumnado.

Hace décadas que hablamos de la necesidad de transformar nuestro sistema educativo y la pandemia nos ha obligado a enfrentarnos a dificultades que estaban latentes, como la brecha digital. Toda la comunidad educativa está realizando un enorme esfuerzo por adaptarse, pero la máxima de “no dejar a nadie atrás” no va a obviar, nunca más, al alumnado que históricamente ha quedado atrás. Esta vez vamos todas y todos.

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