Perú
El Gobierno peruano cuestiona la teoría del tsunami que Repsol emplea para no asumir la responsabilidad del vertido

Crisis total entre el Gobierno de Perú y la multinacional de origen español Repsol. Pedro Castillo, presidente de la República, se vio obligado en la jornada del 20 de noviembre a denunciar el vertido petrolero que se extiende por el mar de Grau y el litoral peruano: “Estamos ante uno de los ecocidios más grandes que se han suscitado en nuestras costas y mar. El Gobierno asume el rol de sancionar a los responsables del daño que afecta trágicamente a la flora, fauna y a las comunidades puestas en peligro y privadas de su sustento cotidiano”, denunció Castillo en su cuenta de Twitter.

Seis días después del derrame de la refinería de La Pampilla, en las costas de La Ventanilla, gestionada por la petrolera, los impactos del chapapote siguen siendo incalculables. El oleaje anormal provocado por la erupción del volcán de Tonga provocó que más de 6.000 barriles de crudo se derramaran, en lo que es la peor catástrofe ambiental en la historia reciente del Perú. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha publicado el 20 de enero una nota de prensa “a la opinión pública” en la que establece que la extensión del área afectada para el componente suelo (franja de playa-litoral) es de 1.739.950.9 m2 y para el componente agua (mar) es de 1.186.965.8 m2. La zona afectada es la que va de La Pampilla (Ventanilla) hasta la playa Peralvillo (Chancay) y el desastre se extiende por cinco regiones del país.

Mientras el presidente y la opinión pública peruana exigen responsabilidades a Repsol, la compañía dirigida por Antonio Brufau opta por considerar la catástrofe como un fenómeno marítimo imprevisible para la compañía. “Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico. Yo no puedo decirte quién es el responsable”, ha manifestado el personal de comunicación de Repsol a los periodistas peruanos. La matriz de la compañía ha lanzado un texto en sus redes sociales en las que se disculpa por sus errores en la comunicación.

Castillo ha anunciado que se han dispuesto las acciones penales, civiles y administrativas “a fin de cautelar la soberanía y bienestar del país”. El jueves, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, reveló que la marina peruana no da crédito a la teoría de que el derrame se produjera por el oleaje. El Gobierno está pendiente de presentar un informe de la marina en el que queda en entredicho que la ruptura de La Ventanilla no tenga relación con la empresa, como defiende Repsol. Vásquez acusa a Repsol de haber sido negligentes en los planes de prevención y actuación antes del vertido.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) de Peru presentaron en el Congreso sus conclusiones en el mismo sentido. La fuga de combustible se habría originado por una fisura en el sistema de carga producida, posiblemente, como consecuencia de la maniobra de abastecimiento de la embarcación de bandera italiana ‘Mare Dorcium’. No obstante, todavía debe comprobarse con el análisis de la falla que provocó el derrame.

Desde Perú Libre, el partido de Castillo, se va un paso más allá de las demandas y congresistas como Guido Bellido han pedido la cancelación de los acuerdos con la multinacional Repsol. 

Los efectos del derrame son múltiples. A los costes ambientales, la fauna y la flora muerta por el chapapote se le suma la situación de un millar de personas dedicadas a la pesca. El comité de crisis del Gobierno peruano resolvió el jueves impedir que zarpe el buque italiano de carga involucrado en el derrame de petróleo “si el buque quiere retirarse del país deberá pagar una carta fianza por 150 millones de soles (34,5 millones de euros)”. La Fiscalía Especializada de Materia Ambiental ha abierto asimismo una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental, contra los representantes legales y funcionarios de la Refinería La Pampilla y los que resulten responsables del derrame de crudo. Se hará también un empadronamiento de la población afectada directamente: pescadores, comerciantes y habitantes cercanos.

Entre los pescadores se denuncia la paradoja de que trabajarán para Repsol en las labores de limpieza y se reclama que el Gobierno sea más resolutivo imponiendo sanciones y exigiendo indemnizaciones inmediatas para paliar las consecuencias del derrame.